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Caso cupón PBI: la Justicia británica ordeno congelar activos soberanos argentinos hasta la próxima audiencia

El caso involucra a los fondos Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un tribunal londinense dispuso que el Lloyds Bank debe inmovilizar activos soberanos asociados a la Argentina hasta la próxima audiencia programada, en el contexto del litigio por los bonos Cupón PBI, los títulos atados al crecimiento económico del país.

“Corte londinense ordena al Lloyds Bank congelar todo activo soberano perteneciente a la República Argentina hasta que se celebre una audiencia prevista para el próximo 21 de Abril. Está orden está relacionada con el fallo de los Cupón PBI en Euros por cerca de USD 1.800 millones”, informó Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors.

El caso involucra a Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald, cuatro fondos que demandaron al país por cambiar la metodología de cálculo del producto bruto durante la gestión presidencial de Cristina Kirchner. La modificación, implementada en 2013, redujo los pagos vinculados a los bonos emitidos en 2005 y 2010. La Justicia londinense consideró que esta decisión perjudicó a los inversores.

Un tribunal londinense dispuso que el Lloyds Bank debe inmovilizar activos soberanos asociados a la Argentina. REUTERS/Jack Taylor

Se trata de una causa que Argentina debe resolver ya que no existen instancias legales adicionales para el país, según detalló Maril. Hasta ahora, el proceso judicial permitió a los beneficiarios ejecutar una garantía por 313 millones de euros, depositada por Argentina para apelar el fallo, recurso que fue finalmente desestimado.

En febrero pasado, se había presentado en una corte del Distrito de Columbia, EEUU, un pedido de desestimación del proceso de reconocimiento del fallo desfavorable, a fin de intentar evitar el pago.

En ese entonces, desde la Procuración del Tesoro, que lleva adelante la defensa del país, manifestaron: “Argentina continúa resistiendo activamente la ejecución de la sentencia, defendiendo con solidez su posición jurídica y haciendo valer los límites que establece la legislación estadounidense sobre inmunidad soberana”.

Días después, la Justicia británica ordenó al Gobierno argentino presentar documentación financiera y contractual vinculada a activos fuera del país. La resolución del tribunal de Londres exigió detallar acuerdos celebrados con compañías petroleras internacionales, firmas del sector energético y la existencia de cuentas bancarias en el exterior. Esta medida formó parte del proceso de discovery, el cual busca identificar activos que puedan ser embargados para asegurar el cumplimiento de una sentencia.

El año pasado el FMI publicó un informe en el que aludió a conversaciones entre Argentina y sus acreedores, aunque los beneficiarios del fallo desmintieron la existencia de negociaciones. En una carta difundida por PR Newswire, los demandantes señalaron: “No hay negociaciones en curso entre ellos y la República”.

La deuda pendiente proviene del cupón vinculado al PBI, un instrumento diseñado como incentivo durante el canje de deuda de 2005 bajo la conducción de Roberto Lavagna. Este mecanismo contemplaba pagos adicionales a los bonistas si el crecimiento anual superaba el 3% hasta 2035. El gobierno argentino interrumpió los pagos en 2011, tras no alcanzarse ese nivel de crecimiento.

La deuda pendiente proviene del cupón vinculado al PBI, un instrumento diseñado como incentivo durante el canje de deuda de 2005 bajo la conducción de Roberto Lavagna

Los acreedores sostienen que el país “se niega a cooperar con las medidas dispuestas para ejecutar la deuda judicial” y que tampoco paga los intereses diarios acumulados. También señalan que consideran necesario que Argentina regularice sus atrasos externos, en particular los relacionados con emisiones de deuda previas, antes de buscar un retorno a los mercados internacionales de capital.

La resolución del Tribunal Superior de Londres se basó en la intervención del Indec en 2007, cuando Guillermo Moreno, entonces secretario de Comercio Interior, habría alterado los datos de inflación. En 2013, el organismo modificó la metodología para calcular el PBI y reportó un crecimiento de 3,2%, lo que impidió el pago a los tenedores de cupones PBI. Esta modificación derivó en la demanda presentada por los fondos internacionales.

Con el nuevo método, el Indec informó un crecimiento inferior al umbral de 3,22% requerido para activar el pago de esos warrants. Según la base anterior de 1993, el PBI habría registrado un aumento de 4,9%.