El asesinato de Dereck Isaac McNeil James, vinculado como testigo protegido a investigaciones relacionadas con la desaparición de Angie Peña, abrió una nueva línea que podría ser tan delicada como el propio crimen: cómo llegó a conocerse su identidad y su participación dentro del expediente.
El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, confirmó este viernes que las autoridades investigan la posible filtración y reconoció que resulta especialmente preocupante que se conociera públicamente que McNeil estaba relacionado con el caso.
“Hemos extrañado saber cómo se filtró la información de que realmente esta persona era un testigo protegido exactamente de este caso”, manifestó.
El programa depende del Ministerio Público
Velásquez aclaró un punto importante: el Programa de Protección a Testigos no es administrado por la Policía Nacional, sino por el Ministerio Público.
La legislación hondureña confirma esa estructura. La Ley de Protección a Testigos en el Proceso Penal, aprobada mediante el Decreto 63-2007, establece que el programa funciona bajo la dirección y coordinación del Ministerio Público y puede proteger tanto al testigo como a familiares u otras personas que se encuentren en riesgo por su declaración.
Esto significa que no todos los agentes policiales conocen necesariamente quién está incorporado al sistema. Según Velásquez, en algunos casos la Policía puede desconocer completamente la identidad del beneficiario.
Otro elemento que suele generar confusión es la forma de protección. Ingresar al programa no implica automáticamente contar con policías custodiando a una persona las 24 horas.
Las medidas dependen del nivel de riesgo y pueden incluir desde protección policial hasta reubicación, cambios de identidad u otras acciones destinadas a reducir la posibilidad de que el testigo sea identificado o localizado.
En determinados casos, la medida principal puede ser simplemente mantener bajo reserva el nombre y la relación del testigo con determinada investigación.
Por eso, si esa identidad termina siendo revelada, una de las barreras centrales del sistema queda comprometida.
La ley obliga a guardar secreto
La Ley de Protección a Testigos establece expresamente que cualquier servidor público o particular que conozca medidas de protección debe mantener bajo “estricta reserva” la identidad de los beneficiarios y cualquier información que pueda conducir a su ubicación.
La misma norma advierte que incumplir esta obligación puede generar responsabilidades penales, civiles y administrativas.
Por ahora, sin embargo, Seguridad asegura que no existe evidencia que vincule a un policía con la supuesta filtración.
La investigación deberá establecer quién tuvo acceso a esa información, en qué momento comenzó a circular y si existió una divulgación irregular desde alguna institución.
El audio también está bajo revisión
El ministro se refirió además a un audio difundido después del asesinato en el que presuntamente McNeil habla sobre Angie Peña y personas vinculadas con el expediente.
Velásquez señaló que las autoridades todavía no pueden confirmar oficialmente su autenticidad y advirtió que las herramientas tecnológicas actuales permiten editar o manipular archivos de audio.
Eso no significa que el contenido haya sido descartado. La grabación deberá ser sometida a verificación antes de utilizarse como elemento investigativo.
El caso pone bajo presión a todo el sistema
La preocupación aumenta porque Walter Peña, padre de Angie, ha denunciado que otros testigos también estarían recibiendo amenazas.
Si se confirma que McNeil estaba formalmente protegido y que su identidad fue filtrada, el problema trascendería un fallo individual: pondría en duda la capacidad institucional para mantener en secreto a personas que colaboran en investigaciones de alto riesgo.
El desafío ahora tiene dos frentes. Por un lado, esclarecer quién asesinó a Dereck McNeil y determinar si el crimen guarda relación con la información que manejaba.
Por otro, establecer cómo se conoció su condición de testigo protegido y si esa revelación contribuyó a colocarlo en mayor riesgo.
En un caso que lleva más de cuatro años sin responder dónde está Angie Peña, la seguridad de quienes todavía pueden aportar información se ha convertido en otra pieza decisiva de la investigación.
