El Gobierno prepara el envío al Congreso de un proyecto de desregulación de más de 144 páginas. Según el anteproyecto al que accedió Infobae, el texto se estructura en 11 títulos y abarca modificaciones profundas en áreas como el régimen de corretaje, el sector agroindustrial, el mercado de capitales, la logística portuaria y la comercialización farmacéutica.
El proyecto declara la emergencia pública en materia administrativa por seis meses y otorga al Poder Ejecutivo facultades para eliminar barreras de entrada, cuotas de producción, licencias comerciales y cualquier restricción que distorsione la libre competencia en actividades no reguladas como servicios públicos. Esta medida busca que el Ejecutivo pueda intervenir rápidamente para suprimir obstáculos administrativos y estimular la apertura de los mercados.
Una de las iniciativas centrales es la digitalización integral en diversos sectores. El texto promueve la transición digital, permitiendo la venta de medicamentos a través de canales digitales, la representación de valores negociables mediante tecnología blockchain o registros distribuidos y la creación de un Sistema Federal de Registro de Garantías digital e interoperable. Esta herramienta unificará la publicidad de prendas y warrants en todo el país, facilitando los trámites y la transparencia en operaciones financieras y comerciales.
Ante la consulta de Infobae a fuentes oficiales del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado afirmaron que no pueden corroborar que se trate de la versión final. “El proyecto de ley está en revisión y hay ajustes, cambios y modificaciones haciéndose constantemente. Cuando se envíe el proyecto al congreso vamos a dar todos los detalles necesarios”, sostuvieron sin negar el borrador al que logró acceder este medio.
El anteproyecto prohíbe de manera explícita cualquier intervención estatal sobre precios, volúmenes o márgenes de rentabilidad en sectores como el gas licuado de petróleo (GLP). Además, elimina restricciones al ejercicio del corretaje, suprimiendo la fijación de aranceles mínimos, comisiones con pisos o topes máximos. Estas modificaciones buscan fortalecer la libre competencia y reducir la injerencia estatal en la regulación de actividades económicas.
En cabotaje
En el ámbito logístico, la iniciativa habilita a buques de bandera extranjera a realizar actividades de cabotaje nacional, es decir, el transporte de carga y pasajeros entre puertos argentinos. Siempre y cuando se cumplan con las escalas progresivas de tripulación argentina (desde 0% los primeros 90 días hasta 75% en el primer año).
A su vez, se propone un alícuota de 0% a la importación de buques de hasta 20 años que se incorporen a la bandera nacional y se exime del impuesto al combustible naval de cabotaje. Y establecer una distinción entre la dotación mínima de seguridad y de explotación operativa para que el armador tenga libertad a la hora de fijar el número de tripulantes comerciales según el plan de negocios. Con esta disposición, el Gobierno apunta a incrementar la competitividad logística y facilitar la operatoria portuaria.
Mercado de capitales
El régimen de instrumentos financieros y de garantía también experimenta cambios relevantes. El proyecto moderniza el régimen de Warrants y Prenda con Registro, habilitando que activos virtuales sean utilizados como garantía y facilitando la negociación de facturas de crédito electrónicas y otros títulos en plataformas digitales directas, sin intermediación obligatoria. Este apartado busca fortalecer el mercado de capitales y ofrecer nuevas herramientas de financiamiento para empresas y particulares.
El documento, al que tuvo acceso Infobae, incluye además capítulos específicos sobre el régimen de gas licuado, el régimen de libro y doblaje, el régimen de traductores públicos y aspectos vinculados a la navegación y el comercio de cabotaje. Cada uno de estos apartados presenta reformas orientadas a eliminar regulaciones consideradas innecesarias o restrictivas para la actividad privada.
La propuesta oficial se diseñó para facilitar el desarrollo de los mercados, modernizar la administración y promover la innovación tecnológica en los registros públicos. Según Infobae, la iniciativa contempla una transición digital de gran parte de los trámites y la apertura de sectores históricamente regulados, lo que representa un cambio de paradigma en la gestión estatal.
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