Posterior a la renuncia de la ministra de Educación, Lucy Molinar, y de sus viceministros, motivada aparentemente por la cuestionada licitación de 54.000 computadoras portátiles para los docentes, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá sostiene que por encima de este tipo de situaciones la educación debe estar dirigida hacia los estudiantes.
“Por encima de cambios de autoridades, coyunturas o diferencias, el objetivo debe ser uno; que nuestros niños y jóvenes permanezcan en las aulas, aprendan y encuentren en la educación una vía real para construir su futuro”, indica el gremio empresarial.
Agrega que la educación está por encima de personas y cargos, pues debe ser una política de Estado y una prioridad nacional.
Esto, agrega, requiere calidad, inversión responsable y, sobre todo, resultados.
Pero, para lograrlo, sostiene que se necesita de una renovación integral de la ley de educación, basada en un diálogo constructivo de todos los sectores, de cara a que los estudiantes reciban una educación óptima que los prepare para el mundo laboral dinámico al que se enfrentarán.
El gremio va un poco más allá al señalar que también se requiere de la adecuación y el mantenimiento de las instalaciones educativas, “para que nuestros estudiantes y docentes cuenten con espacios seguros, dignos y apropiados para enseñar y aprender”.
La gestión de la renunciante ministra Molinar fue cuestionada por priorizar la compra de computadoras, mientras que en el país persisten las llamadas escuelas rancho, ubicadas sobre todo en las áreas de las comarcas indígenas.
La calidad de la educación también depende del entorno en el que se desarrolla, afirma la entidad gremial.
Sobre la investigación abierta por el Ministerio Pública por la compra de las computadoras portátiles, los empresarios aducen que se debe realizar todas las diligencias con rigor, independencia y transparencia, respetando el debido proceso.
La semana pasada el Ministerio Público y la Contraloría General de la República confirmaron la apertura de una investigación y una auditoría, respectivamente, por la compra de las computadoras.
En su momento, el Ministerio Público no precisó si existe una acusación directa contra personas específicas o si se trata de una acción impersonal.
La ministra renunciante atribuyó su salida del cargo al “ruido” generado en torno a la compra de las computadoras.
Molinar señaló que había solicitado al Ministerio Público que revisara el proceso.
Para la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá “los recursos destinados a la educación deben administrarse con absoluta responsabilidad. Cada balboa (dólar) cuenta y cada decisión debe sustentarse”.
El contrato S-04-2026, firmado por Molinar en representación del Estado y por Hamzi Moussa El Reda Jaafar como representante legal de IS Group, S.A., adjudicó la compra de 54.000 computadoras marca Liby modelo N18-14C para docentes del sistema oficial, a través de la Resolución 29 del 19 de enero de 2026.
El costo de los equipos, sin incluir impuestos, alcanzó $26.619.300 ($492,95 por unidad), mientras que el valor total del contrato, sumando $1.863.351 del ITBMS, ascendió a $28.482.651 (aproximadamente $527,46 por computadora), de acuerdo con informes de prensa.
El contrato contempla cuatro años de garantía y soportetécnico, y el pago total debe realizarse únicamente después de la entrega completa de los equipos y la emisión del recibido a satisfacción por parte del Ministerio de Educación.
De acuerdo a la entidad gremial, el gobierno tiene la obligación, a través del Ministerio de Educación, de garantizar una educación continua y de calidad, mientras que el papel de la empresa privada debe ser el de generar espacio de formación y oportunidades, pues “la educación, empleo y desarrollo van de la mano”.
