Cumplir con los estándares internacionales que hoy rigen la economía global es una “responsabilidad clara” que tiene Panamá, pues “si queremos jugar en las grandes ligas, debemos actuar con seriedad, transparencia y visión de Estado”, afirma la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.
En ese sentido, la entidad dice coincidir “plenamente” con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), además de reconocer el esfuerzo que se adelanta para fortalecer la reputación fiscal del país y avanzar hacia la exclusión de listas internacionales que afectan la competitividad.
Pero, el organismo empresarial reitera que el proceso que lleva adelante la administración de José Raúl Mulino para establecer un nuevo régimen de sustancia económica para rentas pasivas de fuente extranjera en Panamá, debe hacerse con “equilibrio, técnica y visión integral”.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá afirma compartir la importancia de que el país adopte reglas alineadas con las mejores prácticas internacionales, aunque advierte que “cumplir no debe significar perder competitividad, transparencia ni capacidad de atracción extranjera”.
Actualmente, en la Asamblea Nacional se debate el proyecto de ley No. 641, que modifica y adiciona artículos al Código Fiscal en materia de impuesto sobre la renta, y establece requisitos de sustancia económica para determinadas rentas pasivas de fuente extranjera y dicta otras disposiciones.
Este proyecto de ley de sustancia económica tiene como objetivo fortalecer el régimen tributario panameño, preservar y generar empleo bien remunerado, y realizar un cambio cualitativo en el perfil de inversión que el país busca atraer.
Para tratar de lograrlo, introduce reglas de sustancia económica aplicables a determinadas rentas pasivas de fuente extranjera obtenidas por entidades pertenecientes a grupos multinacionales que estén constituidas o domiciliadas en Panamá.
La iniciativa, según voceros gubernamentales, responde a la necesidad de alinear el marco legal panameño con los estándares internacionales de transparencia fiscal y cooperación, particularmente ante la permanencia del país en la Lista de Jurisdicciones No Cooperantes de la Unión Europea.
“Panamá ha construido, durante décadas, una plataforma sólida como centro regional de servicios, inversión, comercio, logística y negocios internacionales. Esa fortaleza no puede debilitarse por normas que, aun siendo bien intencionadas, puedan generar cargas excesivas, duplicidades regulatorias o incertidumbre jurídica para quienes operan de manera legítima”, afirma la Cámara de Comercio.
Aclara que su planteamiento no es de oposición, sino de construcción.
“Queremos contribuir a que el proyecto alcance su propósito sin afectar innecesariamente sectores estratégicos ni estructuras empresariales que ya cumplen con estándares robustos de operación, supervisión y transparencia”, señala el gremio en una nota avalada por su presidente, Aurelio Barría Pino.
Insiste en que como país la meta debe ser cumplir con el mundo, sin dejar de competir con el mundo, por lo que considera importante que el régimen de sustancia económica cuente con reglas proporcionales, criterios objetivos, una implementación gradual y adecuada coordinación institucional.
De igual manera, estima que es necesario reconocer aquellos regímenes y sectores que ya están sujetos a exigencias sustanciales de presencia, supervisión y cumplimiento, evitando así duplicidades que no aportan valor adicional al objetivo de transparencia fiscal.
En cuanto a la Marina Mercante, el organismo empresarial manifiesta que “vemos con buenos ojos que tanto el Órgano Legislativo como el MEF hayan mostrado voluntad para que este sector no forme parte del alcance de este proyecto de ley”
Añade que “esa apertura al diálogo demuestra que, cuando se escuchan los argumentos técnicos, es posible encontrar soluciones que protejan los intereses del país sin apartarnos de nuestros compromisos internacionales”.
