El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) completó este miércoles el ciclo regulatorio que redefinió la relación jurídica entre las grandes plataformas tecnológicas y el Estado. El tribunal aprobó las normas de implementación de su fallo de junio de 2025, que declaró parcialmente inconstitucional el artículo 19 del Marco Civil de Internet y extendió la responsabilidad civil y penal de empresas como Meta, X y Google por daños derivados de publicaciones ilegales de sus usuarios. El pleno declaró concluido de forma definitiva el proceso, con lo que ya no caben nuevos recursos.
La resolución más inmediata para las compañías es la obligación de establecer sede y un representante legal en Brasil con plenas facultades para responder ante autoridades administrativas y judiciales, suministrar información sobre sus servicios cuando les sea requerida y asumir eventuales sanciones y multas. Las plataformas disponen de 60 días para adaptar sus sistemas a las nuevas exigencias, que incluyen medidas preventivas destinadas a reducir la circulación masiva de contenidos ilícitos graves.
El listado de materiales sujetos a remoción inmediata —sin necesidad de orden judicial— abarca mensajes antidemocráticos, apología al terrorismo, inducción al suicidio o a la automutilación, contenidos racistas, delitos contra las mujeres, pornografía infantil y otros crímenes graves contra menores de edad. Sin embargo, los magistrados introdujeron un matiz relevante: la responsabilidad de las plataformas no se activa por la mera aparición de una publicación ilegal, sino que depende de la existencia de una falla sistémica en sus mecanismos de prevención o remoción.
Una de las novedades más significativas fue la incorporación de una salvaguarda propuesta por el presidente del tribunal, el magistrado Edson Fachin: las empresas podrán eludir sanciones si acreditan que existía una duda razonable sobre la ilegalidad del contenido en cuestión. Esta cláusula busca equilibrar el rigor del nuevo régimen con la protección de la libertad de expresión, una de las principales objeciones de la minoría del tribunal —tres magistrados— que desde el inicio se opuso a ampliar la responsabilidad de las plataformas más allá de lo establecido por la ley.
La reglamentación también introduce responsabilidad solidaria en casos específicos: cuando las empresas no actúen ante cuentas falsas denunciadas o frente a mecanismos automatizados de difusión masiva de contenidos ilegales. Además, las plataformas deberán implementar sistemas de autorregulación, habilitar canales de atención para usuarios y no usuarios, y publicar informes periódicos de transparencia sobre denuncias extrajudiciales, publicidad y promoción algorítmica de contenidos.
La decisión del STF cierra un debate jurídico que se incubó durante años en Brasil y que cobró urgencia tras los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando seguidores del ex presidente Jair Bolsonaro atacaron las sedes del Supremo, la Presidencia y el Congreso en Brasilia convocados en gran medida a través de redes sociales. Aquel episodio aceleró el cuestionamiento al artículo 19 del Marco Civil de Internet —vigente desde 2014—, que hasta entonces protegía a las plataformas de cualquier responsabilidad civil siempre que no incumplieran una orden judicial de remoción.
El nuevo esquema se acerca al modelo europeo de la Ley de Servicios Digitales (DSA), que desde 2022 obliga a las grandes plataformas a gestionar activamente los riesgos asociados a contenidos ilegales sin depender de la intervención judicial en cada caso. El secretario de Políticas Digitales del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, João Brant, calificó el resultado como un modelo equilibrado que está en parte alineado con la Unión Europea y el Reino Unido, aunque con sus propias particularidades. El fallo mantiene, no obstante, la exigencia de orden judicial para casos de injuria, calumnia y difamación entre particulares, como concesión expresa a la libertad de expresión.
La decisión tiene carácter vinculante para todas las instancias judiciales del país y aplica exclusivamente a casos futuros. Con el expediente cerrado y el plazo de 60 días en marcha, las grandes tecnológicas deberán ahora materializar en Brasil una presencia legal que hasta ahora esquivaron con éxito, en lo que supone el mayor desafío de cumplimiento normativo que el sector enfrenta en América Latina.
