En la actual era del conocimiento, una de las mayores deudas de las políticas públicas en Argentina en sus distintos estamentos es la falta de una estrategia racional para incorporar nuevas tecnologías disruptivas y transformadoras como la inteligencia artificial, la computación en la nube, blockchain o la incipiente computación cuántica.
En un escenario donde los datos son el principal activo estratégico, la competitividad, la innovación y la capacidad de decisión del Estado dependen directamente de cómo administra, protege y gobierna su información.
En este contexto, la soberanía digital adquiere una relevancia creciente frente a un escenario caracterizado por la concentración de datos y capacidades tecnológicas en un reducido número de grandes plataformas globales (bigtechs), el incremento del cibercrimen organizado y las crecientes tensiones geopolíticas que atraviesan la economía digital.
Estos factores ponen de manifiesto que la dependencia de infraestructuras, servicios y estándares controlados por terceros puede limitar la capacidad de decisión de los Estados, comprometer la resiliencia de los servicios públicos y reducir el control de los ciudadanos sobre su propia información.
Ante las restricciones presupuestarias que enfrenta el sistema científico argentino, blockchain ofrece herramientas que pueden complementar -sin reemplazar- el indispensable financiamiento público
Frente a este desafío, la soberanía digital no implica aislarse ni limitarse a alojar datos en servidores locales. Consiste, fundamentalmente, en la capacidad del Estado, la sociedad civil y sus ciudadanos para definir las reglas, estándares e infraestructuras que rigen su vida digital, reduciendo dependencias externas y consolidando la autonomía de la información.
Bajo esta premisa, cabe preguntarse: ¿qué tecnologías garantizan los mayores niveles de confianza, transparencia y empoderamiento ciudadano para sustentar las políticas del futuro?
Es allí donde Blockchain trasciende su vínculo inicial con las criptomonedas para consolidarse como una infraestructura digital de interés público. La evolución de redes abiertas, programables y globales como Ethereum permite hoy a gobiernos, universidades e instituciones desplegar servicios digitales altamente disponibles sin incurrir en costosas inversiones iniciales de infraestructura propia. Su potencial transformador para la gestión pública es tan profundo como lo fue el surgimiento de la web.
La gestión de la identidad digital es uno de los componentes más críticos de cualquier estrategia de modernización estatal
A continuación, se presentan casos concretos de diversas geografías que demuestran cómo esta tecnología puede fortalecer áreas clave como la identidad digital, la salud, las contrataciones públicas, la trazabilidad de medicamentos y la investigación científica, impulsando un modelo de gestión más transparente, seguro y soberano.
Soberanía e identidad digital
La gestión de la identidad digital es uno de los componentes más críticos de cualquier estrategia de modernización estatal, ya que funciona como la infraestructura base de todo el ecosistema. La efectividad y la seguridad de las políticas de salud, educación, culturales o de transparencia financiera dependen, en última instancia, de la robustez con la que se verifique la identidad de las personas.
Frente al modelo tradicional de bases de datos centralizadas y muchas veces opacas, la tecnología de blockchain permite un cambio de paradigma hacia la identidad auto-soberana.
Esta transformación ya genera respuestas globales y locales con enfoques diversos. La Unión Europea despliega la European Digital Identity Wallet (EUDI Wallet) basándose en estándares criptográficos abiertos e interoperables entre todos sus Estados miembros, manteniendo a la par su infraestructura blockchain (EBSI) como una de las redes de soporte en evaluación.
Una infraestructura basada en blockchain permite registrar de forma inmutable cada etapa de la cadena de suministro
En sintonía con este cambio de paradigma, pero con una apuesta tecnológica diferente, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desarrolló QuarkID, un protocolo que sí utiliza de forma nativa redes blockchain públicas y descentralizadas para emitir y verificar documentos digitales bajo el mismo criterio de autonomía ciudadana.
Salud digital y protección de datos personales
La Ley 27.706 impulsa historias clínicas electrónicas interoperables donde el paciente es dueño de su información. Sin embargo, para que este derecho legal sea efectivo frente a accesos no autorizados, el sistema puede beneficiarse de infraestructuras como blockchain que garantice la inmutabilidad, protección en el acceso y transparencia de los registros.
Siguiendo esta premisa, Estonia utiliza tecnología blockchain (KSI) para asegurar la integridad de sus datos de salud mediante pistas de auditoría.
Seguridad sanitaria y trazabilidad de medicamentos
El reciente y trágico caso del fentanilo contaminado que provocó numerosas víctimas en Argentina evidenció la importancia de contar con sistemas robustos capaces de identificar en tiempo real el origen, recorrido y destino de cada partida de medicamentos.
Una infraestructura basada en blockchain permite registrar de forma inmutable cada etapa de la cadena de suministro, fortaleciendo la farmacovigilancia, facilitando la identificación e inmovilización de lotes comprometidos y acelerando su retiro del mercado.
Desestimar estas herramientas por desconocimiento o prejuicios resulta anacrónico frente a un cambio que ya es imparable
En esta dirección, la Drug Supply Chain Security Act (DSCSA) de Estados Unidos exige un sistema interoperable de trazabilidad electrónica de medicamentos, demostrando el valor estratégico de contar con registros verificables que permitan responder con rapidez y precisión ante incidentes sanitarios.
Transparencia en las contrataciones públicas
La transparencia en la gestión pública constituye uno de los pilares de toda democracia y uno de los principales desafíos para fortalecer la calidad institucional.
En Perú, la central Perú Compras utiliza Blockchain para sellar digitalmente las órdenes de compra registrando una huella inmutable en la red regional LNET (co-creada por el Banco Interamericano de Desarrollo).
En Argentina, la Blockchain Federal Argentina (BFA) presenta a las compras públicas entre los casos de uso con mayor potencial para esta tecnología. BFA describe un modelo en el que blockchain puede aportar mayor transparencia, trazabilidad e integridad al proceso licitatorio mediante el registro inmutable de documentos, el sellado de tiempo, la automatización mediante “contratos inteligentes” y la auditoría de todas las etapas.
En esa línea, ya existen implementaciones concretas. El módulo de compras SIU Diaguita, utilizado por más de 50 universidades nacionales y organismos públicos, incorporó una integración con BFA. El sistema posibilita la verificación pública en línea de la integridad del registro sin exponer el contenido de la documentación presentada.
Ciencia abierta e innovación
Ante las restricciones presupuestarias que enfrenta el sistema científico argentino, blockchain ofrece herramientas que pueden complementar -sin reemplazar- el indispensable financiamiento público, al tiempo que fortalecen la cooperación internacional, la certificación del conocimiento y la gestión de la propiedad intelectual en proyectos colaborativos.
Por un lado, iniciativas como Bloxberg, la red impulsada por el Instituto Max Planck junto con universidades y centros de investigación de distintos países, utilizan blockchain para registrar, certificar y compartir resultados científicos mediante registros verificables e inmutables.
Por otro lado, el movimiento de Ciencia Descentralizada (DeSci) está impulsando nuevos modelos de colaboración y financiamiento mediante organizaciones autónomas descentralizadas (DAO) y la tokenización de derechos de propiedad intelectual a través de los denominados IP-NFT, permitiendo que proyectos científicos accedan de manera más directa a comunidades globales de inversión e innovación.
Para la Argentina, incorporarse progresivamente a este ecosistema como complemento del sistema científico tradicional permitiría a universidades, centros de investigación y organismos públicos certificar y proteger sus resultados, fortalecer la cooperación internacional y ampliar el acceso a nuevas redes de financiamiento e innovación, contribuyendo así a mejorar la competitividad y la proyección internacional del sistema científico nacional.
Conclusiones
Los casos presentados tratan de visibilizar el hecho de que Blockchain ha dejado de ser solo el sustento de las criptomonedas para convertirse en una infraestructura de confianza clave para la gestión pública.
Su aporte radica en fortalecer las instituciones mediante registros verificables, transparencia, trazabilidad e interoperabilidad.
En este camino, Argentina no parte de cero. La existencia de redes locales y globales como la Blockchain Federal Argentina, plataformas regionales como LNET o iniciativas científicas mundiales como Bloxberg demuestran que el país ya cuenta con herramientas que están disponibles para ser utilizadas.
Por ello, el verdadero desafío no es desarrollar la tecnología desde sus cimientos, sino articular políticas públicas que transformen experiencias aisladas en una estrategia coordinada de Estado.
Desestimar estas herramientas por desconocimiento o prejuicios resulta anacrónico frente a un cambio que ya es imparable.
Gobernar la tecnología y ponerla al servicio de una democracia participativa es la clave de la soberanía digital. Solo así lograremos algo fundamental: que los ciudadanos ejerzamos un control real sobre nuestra información e identidad.
Weitz es ex presidente de la Comisión Nacional de Valores y profesor de Finanzas Tecnológicas en la UBA. Diaz es profesor de posgrado Gestión Estratégica de la Tecnología Informática (GETI), de la Universidad Nacional Rosario
