La Sede Fiscal Descentralizada San Nicolás, bajo la conducción del fiscal federal Matías Di Lello, solicitó la elevación a juicio oral de ocho personas acusadas de integrar una red trasnacional de narcotráfico, descubierta tras el hallazgo de una avioneta abandonada en Pergamino en mayo de 2022. La causa ya acumula 39 imputados, que esperan el debate oral.
La investigación permitió descubrir el funcionamiento de una estructura criminal con conexiones en Bolivia, Perú y Paraguay y ramificaciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según informó el sitio oficial del Ministerio Fiscal de la Nación.
El hallazgo de la aeronave “derivó en múltiples medidas investigativas, la incautación de 112 kilos de cocaína, 50 vehículos y bienes”, indicó el MPF. La investigación contó con asistencia de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), a cargo del fiscal federal Diego Iglesias.
Durante los procedimientos realizados luego de haber encontrado la avioneta, llevados adelante por el Escuadrón de Inteligencia Criminal “Buenos Aires Sur” de Gendarmería Nacional Argentina, se incautaron 112 kilogramos de clorhidrato de cocaína,1.785 pastillas de éxtasis,53 kilogramos de marihuana,522 plantines de marihuana, 195 mil dólares, 69 millones de pesos y más de 50 vehículos.
Además, se secuestraron elementos de interés como balanzas de precisión y máquinas contadoras de billetes. Estos decomisos permitieron reconstruir el alcance y la logística de la organización, que operaba mediante el transporte, almacenamiento, distribución y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, tanto a nivel nacional como internacional.
El impulso de la investigación se dio cuando las autoridades hallaron la avioneta, lo que motivó una serie de medidas que incluyeron intervenciones telefónicas, tareas de vigilancia y seguimientos que permitieron identificar a los distintos integrantes de la red.
Según la acusación formulada por el fiscal Di Lello, la estructura criminal era liderada inicialmente por David Forton Salinas, alias “Piedrita”, ciudadano peruano que residía en el barrio Padre Mugica (ex Villa 31) de la Ciudad de Buenos Aires y que actualmente permanece prófugo. A partir de los operativos, se logró vincular a miembros de su entorno familiar y se identificaron los vehículos que solían frecuentar la zona de residencia del cabecilla.
Asimismo, se descubrió que la organización no solo traficaba drogas, sino que también producía drogas sintéticas en territorio argentino, valiéndose de laboratorios clandestinos y una red de distribución que abarcaba varias provincias y países limítrofes.
Los nuevos imputados
El reciente pedido de elevación a juicio oral se centra en Guillermo William Godoy Ayerbe(51 años, ciudadano peruano), señalado como organizador y financista de las maniobras de tráfico, quien en una causa precedente había sido identificado bajo el nombre de Fidel Flores.
De acuerdo con la fiscalía, Godoy Ayerbe coordinaba reuniones logísticas, organizaba el transporte de estupefacientes y mantenía contacto directo con otros miembros clave de la red.
La acusación también alcanza a Analía Berenice Vasquez Barrios (25), Rosalba Barrios Cabello (39) y Susana Judith Pérez Castillo (35), todas de nacionalidad paraguaya, así como a los ciudadanos peruanos Jonatan Ismael Ormeño Sotomayor (41) y Antoni Geancarlo Rivera Romero (40), el argentino Ramón Maidana (71) y un menor de edad.
A todos ellos se los acusa de haber desplegado tareas logísticas, principalmente desde principios de 2023, orientadas a la distribución y comercialización de estupefacientes en diversas jurisdicciones del país.
Además, se les imputa el lavado de activos de origen ilícito, pues habrían adquirido bienes con fondos provenientes del tráfico de drogas. Los movimientos de dinero se realizaban de manera habitual y clandestina en cuevas financieras de la Ciudad de Buenos Aires y en otros locales aún no identificados.
Todos los imputados deberán responder ante la justicia por tráfico de estupefacientes en modalidad de transporte, almacenamiento, distribución y tenencia con fines de comercialización, agravado por la intervención de tres o más personas y en concurso real con el delito de lavado de activos cometido de forma habitual o como miembros de una banda organizada para desarrollar actividades ilícitas de manera continuada. A Godoy Ayerbe, además, se le atribuye específicamente la organización y financiamiento de las operaciones.
