El 5 de junio de este año, el Consejo Nacional para la Igualdad de Género (CNIG) lanzó oficialmente la Agenda Nacional para la Igualdad de Género 2025-2029, el instrumento que guía la política pública del Estado ecuatoriano para reducir las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres. Su secretaria técnica, Juana Fernández Muñoz, describe una gestión concentrada en pasar del diseño a la implementación: sumar instituciones, cerrar alianzas y activar mecanismos de participación que, según cuenta, llevaban años sin funcionar.
Fernández llega al cargo con una trayectoria que combina activismo social: fue parte del movimiento Ni Una Menos Ecuador y tuvo su primer paso por la gestión pública como dirigenta barrial en Cuenca; y función pública, con pasos previos por gobiernos locales y por las funciones Ejecutiva y Judicial. Esa doble pertenencia, dice, es la que la trajo hasta aquí: “Es aquí en donde yo puedo utilizar todo lo que he vivido, no desde la herida, sino desde el amor, para la transformación social”, resume sobre su decisión de aceptar el cargo.
En esta entrevista exclusiva con Infobae, Fernández explica el rol real de incidencia del CNIG, los avances y fortalezas de la Agenda Nacional para la Igualdad de Género 2025-2029, y responde a una de las interrogantes que más preocupan a las organizaciones: la brecha entre las cifras oficiales de femicidio y el conteo de la sociedad civil.
“Somos el Pepe Grillo del Estado”
— ¿Qué poder real de incidencia tiene hoy el Consejo Nacional para la Igualdad de Género?
— El Consejo tiene un rol de ser el “Pepe Grillo” de las instituciones. Nuestra función es orientar hacia dónde direccionar el rumbo para la garantía de los derechos de las mujeres y los colectivos, porque si no se trabaja por los derechos desde el área técnica, van a persistir los patrones socioculturales que sostienen la violencia. Cuando entendemos la violencia como un problema estructural, el Consejo se convierte en un ente asesor de política pública: formula, estudia, implementa, transversaliza y observa esa política, tanto a nivel nacional como local.
Fernández insiste en que el CNIG no ejecuta políticas: esa tarea recae en ministerios y gobiernos locales, sino que las formula y da seguimiento a su cumplimiento.
Según organizaciones de sociedad civil, en Ecuador una mujer o niña es asesinada cada 22 horas.
– ¿Qué le diría a alguien que pregunta para qué sirve el CNIG si la violencia sigue creciendo?
— Le diría: estamos juntas. La institución acompaña, asesora, busca que otras mujeres no atraviesen lo que muchas de nosotras hemos atravesado. Nuestro rol es un rol asesor, ese Pepe Grillo para que las instituciones sean garantistas de derechos humanos.
– ¿Qué le respondería a quienes critican a la actual administración del Consejo por presunta falta de coherencia en casos puntuales?
— Es legítimo que existan posturas a favor o en contra de una gestión; eso forma parte de la democracia. Pero creo que tenemos el deber de abrir un espacio de diálogo. Y también hay que combatir la violencia política: a veces un meme o un ataque duele, pero lo tomo como un aliciente para seguir mejorando, y como una invitación a que, desde posturas diversas, encontremos puntos de coincidencia.
Una agenda de nueve ejes y financiamiento internacional
“Era una agenda que estaba escondida. Había sido edificada, pero no se había tenido la valentía de hacer el lanzamiento oficial”, dice Fernández sobre el instrumento, que ya existía antes de su llegada a la institución.
La agenda organiza el trabajo del Consejo en nueve ejes: economía y empleo, trabajo de cuidado no remunerado, salud sexual y reproductiva, educación, participación política y liderazgo comunitario, comunicación, una vida libre de violencias, y ambiente y cambio climático —este último con foco en la Amazonía. El lanzamiento contó con el respaldo de organismos de cooperación internacional: Ayuda en Acción, la Unión Europea, ONU Mujeres y la iniciativa Spotlight, entre otros.
Sobre el mandato que sostiene ese trabajo, complementó Nanci Tello, directora técnica del CNIG, quien también participó en la entrevista:
— El Consejo tiene una disposición constitucional: el artículo 70 establece que toda la estructura del Estado y toda la política pública debe tener enfoque de género. Eso nos da la potestad de ser el ente que incorpora el género dentro del Estado. Para hacer esa transversalización formulamos esta agenda, que tiene nueve ámbitos y que por primera vez está dirigida también a los gobiernos autónomos descentralizados.
La norma técnica: de 64 a más de un centenar de instituciones
“El reto con el que hemos venido es pensar hacia dentro de las instituciones”, dice Fernández sobre la Norma Técnica para la Transversalización del Enfoque de Igualdad de Género, la herramienta que obliga a cada institución pública a conformar un comité de gestión de igualdad, elaborar un diagnóstico interno y construir un plan de igualdad con seguimiento.
Los números que entrega la funcionaria muestran el tamaño del desafío: en enero de 2025 se notificó a las cerca de 150 instituciones de las cinco funciones del Estado sobre la obligación de aplicar la norma. Al cierre de ese año, solo 64 habían enviado el acta de conformación de su comité. Desde que asumió la Secretaría Técnica, dice Fernández, se sumaron nuevas entidades: CELEC, Senace, EMAP, Petroecuador, Conagopare y varios gobiernos parroquiales, además de la Defensoría Pública y jueces de las salas de discapacidades y movilidad humana.
Fernández atribuye buena parte del impulso reciente de esta norma a Cecilia Manzo, responsable de transversalización del CNIG: “Yo digo siempre los nombres y apellidos, porque son mujeres las que están detrás de estos desafíos”, dice la funcionaria.
La funcionaria destacó además la reactivación de los Consejos Consultivos, que son mecanismos de participación ciudadana que, según su propia descripción, estaban “rezagados y olvidados”. Esto, indicó bajo el respaldo de la ministra de Gobierno, Nathalie Morillo, quien preside el pleno del Consejo, y el acompañamiento técnico del PNUD.
La alianza con la Asamblea Nacional
Fernández describe su gestión en tres etapas, usando una metáfora futbolística: primero, armar un equipo técnico sólido dentro del CNIG; segundo, reconstruir alianzas externas con academia, cooperación internacional y la Corte Constitucional, con la que según su relato existía previamente “una ruptura” y que ahora, con financiamiento del PNUD, desarrolla un curso sobre la norma técnica para operadores de justicia.
El tercer frente fue el legislativo. El CNIG se sumó al grupo parlamentario de mujeres de la Asamblea Nacional —del que, dice, la institución no formaba parte desde hacía tres años— para impulsar la fiscalización del cumplimiento de la Agenda Nacional por parte de los gobiernos locales. Fernández describió como un hito la votación unánime de asambleístas de distintas bancadas a favor de incorporar la agenda al plan de trabajo legislativo.
La brecha estadística
Uno de los puntos más señalados por organizaciones de derechos de las mujeres es la diferencia entre la cifra de femicidios que reconoce el Estado y la que documenta la sociedad civil: mientras la Fiscalía tipificó apenas una fracción de las muertes violentas de mujeres registradas en 2025 como femicidio, el conteo independiente casi las triplica.
— ¿De qué manera se puede corregir ese subregistro, si estadísticamente se necesita conocer la dimensión real del problema para poder legislar y actuar sobre él?
— Es una pregunta muy interesante, porque la data te ayuda a formular política pública. El desafío es grande desde la Fiscalía, porque el delito se tipifica conforme a los elementos de convicción que se van recabando en la investigación, eso determina si se cataloga como asesinato, homicidio o muerte violenta. Mientras que sociedad civil maneja una data estadística genérica. Ahí hay un desafío, sobre todo comunicacional, entre sociedad civil y el eje de justicia. Nosotros somos parte de una mesa de trabajo con el INEC (la mesa de género y grupos prioritarios) donde ya se está haciendo ese análisis, y estamos trabajando con asesoría de Naciones Unidas para que el registro de muertes violentas tenga un enfoque de género, que es justamente lo que hoy falta.
Derechos humanos frente al discurso de seguridad
— ¿Cómo se logra esa coherencia entre el enfoque de derechos y lo que efectivamente se prioriza o se comunica desde el Estado?
— Ninguna pregunta tiene una respuesta totalmente lógica o razonada solamente desde la cabeza; hay que sentir y pensar las respuestas, porque la gestión también se siente. Es importante tener la humildad para reconocer que ha habido situaciones donde falta fortalecer el nivel gubernamental, y esta administración tiene esa coherencia: reconocer que hay que ir mejorando.
Consultada sobre el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por parte de estructuras de crimen organizado —un fenómeno sobre el que la CIDH ha alertado en varios informes—, Fernández enmarcó la respuesta del CNIG en un enfoque interseccional: intervenciones territoriales en zonas de riesgo con organismos de cooperación como CARE y Ayuda en Acción, orientadas a liderazgo comunitario, producción agroecológica y educación, más que exclusivamente a un enfoque de seguridad.
