El Colectivo en Defensa de la Colección Gelman inició acciones legales contra el Gobierno de México y el Banco Santander por el manejo de la Colección Gelman, un acervo de 300 obras que incluye valiosas obras de Frida Kahlo. En una carta dirigida a un juez de la Ciudad de México, representantes del grupo calificaron de “inconstitucionales” las actuaciones atribuidas a la entidad financiera y al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.
El núcleo del conflicto se reactivó después de que parte de la colección reapareció en enero en las tenencias de Banco Santander en España, alrededor de un año y medio después de que el Estado mexicano afirmó desconocer su paradero. La colección viajó luego a España en donde será exhibida a partir de septiembre en el nuevo espacio cultural Faro Santander, un movimiento que, de acuerdo con sectores del mundo del arte en México citados por el medio, fue señalado como ilegal bajo las leyes del país sobre patrimonio cultural.
La polémica también escaló por acusaciones de opacidad sobre los términos del arreglo alrededor del acervo. Ante esos cuestionamientos, el INBAL respondió que “los recursos públicos no necesariamente serían suficientes para una adquisición de esta magnitud”.
En medio del cruce, México afirmó que la colección regresaría al país en 2028. La definición de ese horizonte, según el propio desarrollo del caso, no desactivó el disenso alrededor de la colección.
Reclamo judicial por la Colección Gelman
Defensa de la Colección Gelman, una coalición de artistas, críticos, historiadores y otros perfiles, reiteró su pedido de una investigación formal sobre cómo se facilitó el traslado y el encuadre de la colección. En un comunicado extenso divulgado el miércoles, el grupo informó que comenzó procedimientos legales tanto contra el banco como contra el Estado. Un representante del colectivo dijo que se trató de “la primera de varias demandas planificadas”. Según el grupo, el episodio evidencia que “el patrimonio artístico de México debería regirse por la Constitución y la ley, y no por la conveniencia administrativa o intereses financieros privados”.
“Estas acciones no se dirigen en contra de la legítima exhibición internacional del arte mexicano, ni surgen de desacuerdos políticos. Abordan una cuestión fundamental: si las autoridades pueden renunciar a las obligaciones que les impone la legislación para proteger el patrimonio artístico de México. Este cuestionamiento trasciende a la controversia, ya que el marco jurídico que regula los monumentos artísticos fundamenta su autoridad en la certeza de que se aplica por igual a todas las instituciones y a todos los propietarios. Si esa certeza se ve socavada en el caso de una colección, se debilita también para todas las colecciones posteriores…”, reza el comunicado.
Qué está en juego: Kahlo, Rivera y un acervo de 300 obras
El colectivo reforzó su argumento con datos sobre la composición del acervo. La Colección Gelman incluye obras de David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y Rufino Tamayo, entre otros artistas. El comunicado también subraya el peso específico de Frida Kahlo dentro del conjunto: en México existen siete obras de la artista en manos del país, mientras que en la colección Gelman hay 10 obras.
El grupo describió el escenario como un contraste entre, de un lado, el Gobierno de México, una de las instituciones financieras más grandes del mundo y “poderosos intereses privados” y, del otro, historiadores, abogados, periodistas, artistas, coleccionistas y “cientos de ciudadanos” sin poder político ni financiero que dedicaron tiempo a investigar aspectos legales, revisar registros públicos y dialogar con legisladores, museos e instituciones culturales.
Además de la vía judicial, Defensa de la Colección Gelman pide la creación de un espacio permanente dedicado a la colección, accesible al público, al señalar que esa práctica es común en el caso de acervos de coleccionistas privados fallecidos. “La Colección fue dada en garantía de un préstamo personal considerable; no obstante, las facultades constitucionales destinadas a proteger el patrimonio artístico de México jamás deberían ejercerse en favor de intereses financieros privados”, afirman.
Luego, señalan a lo largo de varios párrafos que el procedimiento legal iniciado no busca impedir la circulación internacional del arte mexicano y el intercambio académico, ni va en contra de quienes buscan preservar el patrimonio “de buena fe”: “El presente caso versa sobre algo totalmente distinto. Plantea que las protecciones legales promulgadas por el Congreso —reforzadas por decreto presidencial y refrendadas por la propia voluntad testamentaria de Natasha Gelman— no pueden ser soslayadas para dar cabida a un acuerdo financiero privado. De ser así, la seguridad jurídica en la que museos, coleccionistas e instituciones públicas han confiado durante décadas se vería fundamentalmente debilitada, y la protección otorgada a cada Monumento Artístico se volvería más precaria”.
