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El Salvador cumple cinco años de la Ley Bitcoin con un alcance más acotado tras varias reformas

Fue el primer país en convertir la criptomoneda en curso legal. El texto se reescribió con el tiempo y cambió el papel del Estado. Afuera, los organismos miran cada ajuste y piden más claridad (Foto cortesía Asamblea Legislativa)

El Salvador cumple cinco años de la aprobación de la Ley Bitcoin, un hito que transformó el panorama financiero nacional e internacional al convertir a este país centroamericano en el primero del mundo en reconocer a la criptomoneda como Bitcoins comprados por El Salvador de curso legal.

La Asamblea Legislativa aprobó la normativa el 8 de junio de 2021, tras una solicitud directa del gobierno central encabezado por Nayib Bukele, en un proceso legislativo marcado por la premura y el debate sobre las implicancias de la decisión.

La Ley se fundamentó en la premisa de que “el bitcoin se sostiene en la confianza” de sus usuarios, como dijo en el debata la expresidenta de la antigua Comisión Financiera, Dania González, apartándose de la supervisión y los estándares de los organismos financieros internacionales.

En su versión original, la normativa definía al bitcoin como moneda de curso legal, establecía la obligación para todos los agentes económicos de aceptar pagos en esa criptomoneda y facultaba al Estado para adquirirla mediante fondos públicos.

Además, se autorizó que cualquier precio o contribución tributaria pudiera expresarse y pagarse en bitcoin, y se contempló la provisión estatal de infraestructura tecnológica para facilitar su uso por parte de la población.

A lo largo de estos cinco años, la Ley Bitcoin ha sido objeto de contundentes reformas que han modificado su alcance y su impacto en la economía salvadoreña.

Los cambios más relevantes incluyeron la supresión de la obligatoriedad para aceptar bitcoin, limitando su uso a la aceptación voluntaria por parte de personas naturales o jurídicas con participación privada.

Se derogó la posibilidad de pagar impuestos y otras obligaciones estatales con la criptomoneda, y se eliminó la obligación del Estado de proveer mecanismos automáticos de conversión y capacitación para facilitar su adopción masiva.

La norma nació con aceptación forzada y promesas de infraestructura oficial. Hoy, el articulado vigente fija límites y redefine quiénes pueden usarla. El giro dejó preguntas sobre costos, riesgos y control. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El articulado vigente establece que “la regulación del bitcoin como curso legal queda definida por su poder liberatorio ilimitado, con aceptación voluntaria por las personas naturales o jurídicas con total participación privada únicamente, en cualquier transacción y a cualquier título que requieran realizar”, según consta en el decreto del Diario Oficial.

Se dispone que “únicamente las personas naturales o jurídicas con total participación privada podrán aceptar bitcoin como forma de pago cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio o para el pago de cualquier obligación monetaria”.

También, se establece que “las obligaciones monetarias del Estado, domésticas y externas, deberán ser pagadas en las monedas que fueron contraídas”, consolidando la primacía del dólar estadounidense como moneda de referencia contable y de cumplimiento de obligaciones oficiales.

Bitcoin en El Salvador y la observación del FMI

Durante este quinquenio, la implementación de la Ley Bitcoin ha estado acompañada de una intensa atención internacional. El Fondo Monetario Internacional (FMI), en su declaración oficial del 22 de diciembre de 2025, destacó que las reformas a la normativa respondieron a recomendaciones técnicas dirigidas a mitigar los riesgos y a reforzar la transparencia.

El FMI subrayó que las discusiones con las autoridades salvadoreñas están enfocadas en la salvaguarda de los recursos públicos, la transparencia en la gestión de los activos digitales y la venta de la billetera electrónica gubernamental Chivo, proceso que se encuentra en etapas avanzadas.

El informe del organismo internacional proyectó un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) cercano al 4% para 2025 y valoró el compromiso del gobierno con la consolidación fiscal, el fortalecimiento de la regulación bancaria y la adecuación del marco jurídico nacional a las mejores prácticas internacionales.

El decreto publicado en el Diario Oficial exhibe giros frente al diseño original, tras ajustes continuos y presión externa sobre riesgos, fondos públicos y supervisión de activos digitales (Foto cortesía Asamblea Legislativa)

La evolución del precio del bitcoin ha sido uno de los factores determinantes para evaluar el impacto de la Ley. Según los datos proporcionados por Yahoo! Finanzas, el valor de la criptomoneda mostró variaciones notables desde la aprobación de la ley. El precio de apertura el 1 de julio de 2021 se situó en 35.035,98 dólares por unidad.

En los meses siguientes, el bitcoin alcanzó subidas importantes, superando los 66.789,63 dólares en noviembre de 2021, y experimentó caídas marcadas, tocando los 16.398,14 dólares en diciembre de 2022. Posteriormente, el precio inició una recuperación, con registros superiores a los 100.000 dólares por unidad en el segundo semestre de 2025 y un máximo de 126.198,07 dólares en noviembre de ese año. Al 2 de junio de 2026, el precio de cierre se ubicó en 66.545,45 dólares.

El volumen de operaciones también ha evidenciado la magnitud del impacto en los mercados. Durante este periodo, hubo meses en los que el volumen superó el billón de dólares, como ocurrió en julio de 2023 (1.110.139.768.374 dólares) y en noviembre de 2022 (1.224.531.549.126 dólares), lo que refleja el dinamismo y la volatilidad propios del mercado de criptomonedas.

En el plano interno, la adquisición de bitcoins por parte del Estado, la promoción de alternativas tecnológicas y la discusión sobre la viabilidad de su uso cotidiano han generado debates sostenidos.