Las seis federaciones de cocaleros afines al exmandatario Evo Morales (2006-2019) anunciaron este domingo la radicalización de las medidas de presión para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La determinación, asumida en una reunión “de emergencia” entre sus afiliados, surge en rechazo al operativo de desbloqueo en el municipio cruceño de San Julián el sábado, donde al menos 33 personas —entre ellas seis policías— resultaron heridas y se reportó el uso de armas de fuego entre civiles.
“El Gobierno no tiene la capacidad para manejar Bolivia, tiene que dar un paso al costado (…) vamos a radicalizar nuestras movilizaciones”, anunció en un video el dirigente cocalero Gastón Ledezma y expresó su respaldo a las organizaciones que realizan bloqueos en otros departamentos, como la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari y la Central Obrera Boliviana.
De igual forma, los cocaleros acordaron realizar una movilización masiva el miércoles 10 de junio en la región del Trópico de Cochabamba, bastión del expresidente Morales, en protesta por los recurrentes cortes del servicio eléctrico en su región.
“Nos han quitado servicios básicos, luz y (telecomunicaciones), son un servicio y un derecho humano”, señaló Ledezma y calificó la suspensión como un acto de “amedrentamiento” contra su sector. La Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Cochabamba justificó los cortes a fallas técnicas por la caída de postes de alta tensión.
Este lunes se cumplen siete meses del Gobierno de Rodrigo y Paz y 33 días desde que comenzaron los bloqueos que tienen paralizada gran parte del país.
Los conflictos sociales iniciaron con reclamos de aumentos salariales, protestas por la escasez y mala calidad del combustible y en rechazo a varias reformas que estaba encarando el gobierno. Las protestas se intensificaron en las últimas semanas cuando sindicatos obreros, campesinos de la región occidental, cocaleros y otros sectores empezaron a exigir la renuncia del primer mandatario.
Desde entonces, las manifestaciones y los bloqueos de carreteras se han masificado y extendido por todo el país. Este lunes, la Administradora Boliviana de Carreteras reporta 84 piquetes en seis de los nueve departamentos del país.
El gobierno apostó en este tiempo por llamar al diálogo a los sectores movilizados en encuentros que nunca se concretaron e intentó habilitar “corredores humanitarios” para permitir el paso de alimentos e insumos básicos a las regiones que se encuentran sitiadas. En paralelo, el Parlamento abrogó una ley vigente desde 2020 que limitaba el estado de excepción y aprobó la madrugada del domingo otra norma para regular su implementación, que hasta ahora no ha sido promulgada por el presidente.
En medio de la creciente escasez de alimentos, medicamentos y combustible en La Paz y El Alto, las dos ciudades más afectadas por los cortes de carreteras, el gobierno de Paz enfrenta una creciente presión, especialmente entre actores políticos y representantes de sectores estratégicos afectados por los bloqueos, para asumir acciones.
“El país parece haber llegado al punto en el que las posiciones difícilmente pueden seguir siendo las mismas”, señala este lunes el editorial del periódico boliviano El País sobre la urgencia de poner fin al conflicto. “Ni el Gobierno ni los sectores movilizados disponen ya de demasiado margen para prolongar indefinidamente una situación que erosiona la convivencia y profundiza la incertidumbre, pero desde luego es el presidente el que tiene menor margen”, agrega.
A pesar de que el tiempo corre en contra, y de que hace 13 días que el presidente Paz advirtió que “el tiempo se acaba” y dijo que haría uso de sus atribuciones constitucionales, nadie en el gobierno da señales de cuál es la estrategia para resolver la crisis ni cuáles serán los próximos pasos.
