El Gobierno de Bolivia, encabezado por Rodrigo Paz, enfrenta una situación de máxima tensión tras más de dos semanas de protestas que pusieron en jaque tanto la estabilidad interna como sus relaciones diplomáticas, especialmente con Colombia.
El conflicto comenzó con reclamos salariales ante la crisis económica que atraviesa el país, escasez de recursos y la mala calidad de combustibles, última problemática a la cual la administración oficial culpó a mafia internacional que operaba entre Bolivia, Chile, Argentina y Paraguay.
El rechazo a reformas oficiales también se incrementó al malestar de sindicalistas e indígenas que amenazaron con dejar sin alimentos a hogares estatales para niños y buscan aislar a las grandes ciudades de La Paz y El Alto con cortes de rutas.
Los precios en los mercados populares se duplicaron o triplicaron, mientras las filas para conseguir productos básicos se extienden durante horas. Ante esta situación. el Gobierno boliviano implementó un “puente aéreo” con ayuda de aviones argentinos para abastecer a la población, aunque reconoce que la crisis sigue sin resolverse.
Ocho países latinoamericanos firmaron el viernes pasado una declaración conjunta sobre “la situación humanitaria” en el país andino, en medio de las protestas de los sectores minero, agrícola y docente que mantienen paralizada la capital.
“Los países abajo firmantes manifestamos nuestra preocupación por la situación humanitaria en Bolivia, producto de las protestas y bloqueos de carreteras que han derivado en el desabastecimiento de alimentos e insumos esenciales para la población”, expresaron Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú en el comunicado conjunto.
Durante los últimos días, la presión política se intensificó contra el titular del Ejecutivo. Sectores afines al ex presidente Evo Morales, junto a sindicatos y campesinos aimaras, protagonizaron bloqueos y marchas que confluyeron en La Paz.
El lunes se registró el episodio más violento hasta la fecha, por el cruce de los manifestantes y las fuerzas del orden, con enfrentamientos, saqueos y ataques a periodistas y ciudadanos. El mandatario nacional atribuyó la conflictividad a Morales, a quien acusa de alentar acciones para una “ruptura constitucional” y de tener vínculos con estructuras del narcotráfico.
Ante el empeoramiento del escenario, Paz anunció un “reordenamiento” ministerial para lograr un gabinete “más ágil” y receptivo a las demandas sociales. “Tenemos que reordenar un gabinete que tiene que tener una capacidad de escucha (porque) el presidente no puede estar en todas partes, el presidente no podrá resolver todos los problemas”, expresó.
A la vez, dispuso la creación de un Consejo Económico y Social para socializar las reformas y contrarrestar las acusaciones de privatización. “El gabinete debe responder con mayor eficiencia y cercanía”, explicó el mandatario.
La postura internacional marcó líneas divisorias. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, fue tajante: “Washington no permitirá que criminales y traficantes de drogas derroquen a líderes elegidos democráticamente”. Su vice, Christopher Landau, advirtió sobre la existencia de “un golpe de Estado en marcha” por quienes impulsan las protestas.
En cambio, la relación con Colombia se quebró. La expulsión de la embajadora Elizabeth García respondió a declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien calificó las protestas como una “insurrección popular” y denunció que “hay un pueblo en las calles al que están matando”.
No obstante, el canciller boliviano, Fernando Aramayo, instó públicamente a Petro a colaborar para que Morales comparezca ante la Justicia, en relación con un proceso de trata agravada de personas. El ex presidente permanece en el Chapare, su histórico bastión político, rodeado de seguidores.
El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia también denunció ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) que el país enfrenta hechos que “amenazan el orden democrático”.
“El Estado Plurinacional de Bolivia desea alertar, con profunda preocupación, sobre una serie de hechos que amenazan gravemente el orden democrático, la institucionalidad y los derechos fundamentales de nuestro pueblo”, afirmó Aramayo al inicio de su intervención. El funcionario explicó que Bolivia asistió al Consejo Permanente porque consideró que los desafíos que afectan la estabilidad institucional de un Estado miembro requieren la atención y el acompañamiento de la comunidad interamericana.
Las protestas y bloqueos en Bolivia, liderados por sectores disidentes y sindicales, derivaron en una crisis humanitaria que involucra a actores nacionales y extranjeros. La presión interna se agudiza por la escasez, el alza de precios y los bloqueos en La Paz y El Alto. El conflicto escaló a expulsiones diplomáticas y a llamados internacionales a mantener el orden democrático y evitar una mayor confrontación.
Incluso, la Unión Europea (UE) instó el martes a la calma y al diálogo tras los disturbios y saqueos ocurridos durante las protestas contra el gobierno boliviano. En una declaración conjunta, el bloqueo europeo y las embajadas de Alemania, España, Francia, Italia y Suecia en La Paz condenaron los actos de violencia.
“Siete meses después de la celebración de unas elecciones generales ejemplares, y ante los acontecimientos que se están desarrollando en Bolivia, la Unión Europea y sus Estados Miembros hacen un llamamiento a la calma y al diálogo dentro del respeto de la democracia, del orden constitucional y de las instituciones del Estado, y condenan cualquier acto de violencia”, señala el comunicado.
(Con información de EFE)
