Walter Alfredo Ayala y Alejandra Beatriz Galván tenían antecedentes por trata. Incluso años atrás recibieron una condena que los llevó a estar presos en la Unidad N°1 del Complejo Penitenciario de Villa Urquiza, en Tucumán.
Pero ni la prisión impidió que continuaran con el mismo delito: desde el encierro siguieron manejando una red de explotación sexual de mujeres en situación de vulnerabilidad económica y social. Lo hicieron entre diciembre de 2021 y abril de 2023.
La maniobra fue descubierta y la pareja volvió a enfrentar a la Justicia, que recientemente los sentenció otra vez. Según informó el Ministerio Público Fiscal a través del sitio fiscales.gob.ar, la condena fue de 12 años de prisión para Ayala y de 8 años para Galván, tras un juicio abreviado en el que admitieron los hechos.
El tribunal también dispuso que paguen una reparación integral de $130.048.548,04 a las ocho víctimas, suma calculada por la ganancia ilícita, el lucro cesante y el daño moral, con intervención de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos y de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
La jueza Carina Farías, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, los declaró reincidentes. En el proceso intervino la Fiscalía General ante el TOCF de Tucumán, a cargo del fiscal general subrogante Pablo Camuña, junto a los auxiliares fiscales Daniel Weisemberg y Lucía Doz Costa.
El acuerdo entre la fiscalía y las defensas tuvo la conformidad de la Fundación María de los Ángeles y de una de las víctimas, representada por un defensor oficial. Las damnificadas siguieron la audiencia de forma remota y contaron con asistencia e información sobre el alcance del acuerdo a través de la Dirección Provincial de Asistencia a Víctimas de Trata de Personas.
El acuerdo entre la fiscalía y las defensas tuvo la conformidad de la Fundación María de los Ángeles y de una de las víctimas, representada por un defensor oficial. Las damnificadas siguieron la audiencia de forma remota y contaron con asistencia e información sobre el alcance del acuerdo a través de la Dirección Provincial de Asistencia a Víctimas de Trata de Personas.
La investigación demostró que Ayala daba órdenes desde la cárcel usando teléfonos celulares no autorizados. Mantenía contacto con las víctimas y con Galván, quien era su cómplice fuera del penal.
El proxeneta organizaba horarios, turnos, precios y la distribución de mujeres en departamentos de San Miguel de Tucumán. También controlaba los anuncios en el sitio Skokka, decidía los nombres falsos para las víctimas y revisaba las fotos y videos que se usaban para promocionar los servicios.
Desde la cárcel, además, él manejaba las cuentas virtuales y los movimientos de dinero. Utilizaban terminales electrónicas de cobro, cuentas digitales y distintas billeteras virtuales para administrar el dinero. Al allanar su celda se hallaron y secuestraron varios celulares, registros de recaudación y papeles con anotaciones de nombres y teléfonos.
Galván, por su parte, se encargaba de controlar los departamentos, supervisar a las víctimas, tomar las fotos y videos para los anuncios y manejar el ingreso y egreso de mujeres en los inmuebles.
Además, recaudaba el dinero en efectivo y coordinaba los reemplazos en los distintos departamentos utilizados para la explotación.
Durante la investigación también se descubrió que, en algunos casos, Ayala exigía a las víctimas que le enviaran fotos y videos de contenido sexual y que hicieran videollamadas para él, aprovechando su situación de subordinación.
Ya en agosto de 2019, Ayala había sido condenado a 12 años y Galván a 5 por captar, trasladar y explotar sexualmente al menos a cinco mujeres en dos prostíbulos de Tucumán. Ese caso incluyó agravantes porque una de las víctimas era menor de edad y estaba embarazada.
En aquella sentencia, el tribunal también ordenó el decomiso del dinero incautado y la devolución de objetos secuestrados para las víctimas.
En ambos procesos, intervino la Fiscalía General ante el TOCF de Tucumán, con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas y la Fundación María de los Ángeles como querellante.
