Investigación demuestra que las quemas controladas en Estados Unidos, aplicadas por el Servicio Forestal y analizadas entre 2017 y 2023, generan un ahorro promedio de USD 3,73 por cada dólar invertido, al reducir el daño causado por incendios forestales y sus consecuencias en salud, propiedad y emisiones de carbono, según la publicación ambiental Grist.
Este impacto financiero directo aporta un nuevo argumento para la expansión de estas prácticas, históricamente empleadas por pueblos indígenas y ahora consideradas una herramienta en la gestión pública de bosques frente al aumento de incendios de alta intensidad.
La aplicación de quemas controladas y reducción de vegetación resultó en una disminución considerable tanto de la superficie como de la intensidad de los incendios. Las quemas planificadas disminuyen el área quemada y maximizan el ahorro en emergencias.
Entre 2017 y 2023, investigadores evaluaron 285 incendios en 11 estados del oeste de Estados Unidos donde el Servicio Forestal aplicó técnicas de reducción de combustibles, incluyendo quemas prescritas y eliminación de maleza. De acuerdo con el estudio citado por Grist, estas intervenciones disminuyeron en promedio un 36% la superficie total afectada por el fuego y un 26% el territorio expuesto a quemazones de severidad moderada o alta.
Los resultados muestran que los tratamientos en áreas mayores a 2.400 hectáreas fueron los más eficientes en términos económicos.
El análisis, publicado en la revista Science, calculó que los tratamientos evitaron USD 1.390 millones en pérdidas por salud y productividad relacionadas con el humo, USD 895 millones en daños a estructuras y USD 503 millones asociados a emisiones de dióxido de carbono.
El economista Frederik Strabo, autor principal del estudio y miembro de la Universidad de California en Davis, explicó a Grist: “Muchas personas han sugerido que podrían existir beneficios económicos potenciales, pero ha sido un ámbito poco estudiado”.
Debate sobre límites, riesgos y política de manejo forestal
David Calkin, exinvestigador del Servicio Forestal federal, reconoció en Grist la originalidad del análisis aunque expresó dudas sobre la precisión del cálculo económico: “Muchos de los valores de la gestión de combustibles no están en el mercado”.
Señaló que aspectos ecológicos y el acceso al esparcimiento público son difíciles de cuantificar y cuestionó el uso exclusivo del ahorro monetario para evaluar el éxito de estas políticas. Aclaró: “No pretendo restar importancia a la gestión de combustibles, simplemente hay una alta incertidumbre”.
Un punto de controversia, según Calkin, es que el enfoque sobre tierras federales podría no aliviar los incendios más costosos, los cuales suelen iniciarse cerca de áreas habitadas y causar pérdidas en viviendas: “La mejor forma de proteger una propiedad es directamente en la estructura”, advirtió a Grist.
Strabo, por su parte, sostuvo que un análisis adicional –no publicado en el trabajo central– indicó que los incendios interactuados con tratamientos representaron una porción desproporcionadamente alta de daños estructurales y costes de supresión, ejemplificando con el incendio Caldor de 2021 en las cercanías de Lake Tahoe.
La investigación no incluyó en su balance las emisiones generadas por los incendios prescritos. Mark Kreider, investigador del Servicio Forestal, afirmó a Grist que “no es una cantidad trivial”.
Explicó que, debido a la naturaleza impredecible de los incendios naturales, se tratan más áreas de las que terminan efectivamente expuestas al fuego, lo que dificulta la contabilidad neta de emisiones y podría modificar los resultados obtenidos.
Políticas públicas y disputas sobre el futuro de los bosques federales
El modelo de gestión forestal de Estados Unidos cambió en los últimos años. Grist recuerda que tras la vuelta de Donald Trump al poder, el gobierno publicó en 2022 un plan decenal que enfatizaba la gestión y las quemas prescritas.
Sin embargo, la administración Trump posteriormente priorizó el combate directo sobre la prevención. Según el Servicio Forestal, en 2025 la reducción de vegetación y combustibles fue aproximadamente un millón de hectáreas menor respecto a 2024. Pese a que el organismo calificó 2025 como “uno de los años más exitosos de incendios en la historia reciente“, existen inquietudes sobre un retroceso en la estrategia preventiva.
Grupos conservacionistas alertaron –especialmente ante los planes de aumentar las actividades de tala bajo la administración Trump– sobre el riesgo de que la gestión se desvirtúe y derive en una explotación forestal indiscriminada bajo el pretexto de combatir incendios.
El estudio, incluso, advierte que la presión pública orienta los recursos hacia el combate a los incendios activos en lugar de la mitigación preventiva.
Heather Stricker, analista de clima y territorios de la organización ecologista Sierra Club, consideró en Grist que la insistencia en la supresión total de incendios en el oeste estadounidense representa una política errada según la evidencia disponible: “El mensaje principal de este artículo es que da más pruebas de que la estrategia de supresión total en situaciones de incendios en el oeste es equivocada”.
Por último, Strabo recalcó que una ampliación de la gestión proactiva podría proporcionar importantes beneficios económicos y ecológicos, pero requiere financiamiento adecuado: “Podríamos tener estos beneficios si los ampliáramos. Es un bien público subfinanciado”.
