Un ciudadano hondureño de 30 años fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión por un tribunal federal de Estados Unidos, luego de ser hallado culpable de participar en operaciones de narcotráfico relacionadas con metanfetamina y fentanilo, así como por regresar ilegalmente al país tras haber sido deportado anteriormente.
La sentencia fue dictada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Seattle y anunciada por el primer fiscal auxiliar de Estados Unidos, Charles Neil Floyd.
El acusado, identificado como Jorge Aguilar Martínez, había sido arrestado en octubre de 2025 durante una operación encabezada por autoridades federales.
Durante la audiencia de sentencia, el juez federal James Robart cuestionó duramente la conducta del hondureño y aseguró que sus acciones estuvieron motivadas únicamente por el beneficio económico, sin considerar las consecuencias mortales que el tráfico de fentanilo genera en miles de familias estadounidenses.
“Las pastillas de fentanilo han demostrado ser letales”, expresó el juez Robart ante el tribunal.
Además, advirtió sobre la facilidad con la que una sola dosis puede causar la muerte. “Es muy fácil conseguir una pastilla de fentanilo que contenga una dosis mortal”, agregó.
Según los documentos judiciales, Aguilar Martínez actuó como intermediario entre un comprador de drogas que colaboraba con las autoridades y varios individuos que afirmaban tener la capacidad de suministrar grandes cantidades de metanfetamina y pastillas de fentanilo.
Las investigaciones revelaron que el hondureño ayudó a coordinar contactos y facilitar negociaciones para concretar la entrega de los narcóticos.
Una vez pactada la operación, agentes federales ejecutaron un operativo en el que arrestaron al acusado y a otros dos presuntos cómplices vinculados a la red criminal.
Durante el procedimiento, las autoridades decomisaron aproximadamente 13 kilos de metanfetamina y alrededor de 10,000 pastillas de fentanilo.
Parte de la droga estaba escondida dentro de cajas de cereal, una estrategia utilizada por los traficantes para intentar ocultar el cargamento y evitar ser detectados por las fuerzas de seguridad.
Las autoridades federales señalaron que la cantidad de droga incautada representaba un riesgo significativo para la salud pública, especialmente debido al alto nivel de mortalidad asociado al consumo de fentanilo en Estados Unidos.
Los otros dos sospechosos detenidos junto a Aguilar Martínez también enfrentaron cargos federales. Sin embargo, ambos obtuvieron libertad bajo fianza mientras esperaban el desarrollo de sus procesos judiciales.
Posteriormente, las autoridades confirmaron que los dos habían ingresado ilegalmente a territorio estadounidense y fueron deportados antes de que sus casos avanzaran en los tribunales.
En la petición de sentencia presentada ante la corte, los fiscales solicitaron una condena de cinco años de prisión y describieron el caso como parte de una problemática nacional vinculada al aumento del narcotráfico y la crisis del fentanilo.
“La crisis de las drogas es uno de los desafíos más importantes que enfrenta este distrito y el país entero”, indicaron los fiscales en su escrito judicial.
Asimismo, sostuvieron que la conducta del acusado reflejaba una “total falta de respeto por la ley” y una “indiferencia insensible hacia el bienestar y la seguridad de los demás”.
Aunque Aguilar Martínez no tenía condenas previas por delitos de drogas, el tribunal tomó en consideración que había sido arrestado anteriormente por actividades relacionadas con narcóticos.
El juez Robart también valoró negativamente el hecho de que el hondureño reingresara a Estados Unidos poco tiempo después de haber sido deportado en 2024.
Para el juez, esa acción constituyó una clara muestra de desprecio hacia las leyes migratorias estadounidenses y fue un elemento relevante al momento de definir la pena.
Una vez que cumpla la condena de 54 meses de prisión, Aguilar Martínez deberá permanecer bajo libertad supervisada durante cuatro años en caso de regresar a Estados Unidos.
Las autoridades prevén que sea deportado nuevamente tras finalizar su sentencia.
La investigación del caso fue desarrollada por el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), mientras que el proceso judicial está siendo dirigido por la fiscal adjunta especial Charlotte Storey, representante del Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos en tribunales federales.
