Las armas y municiones que fueron robadas de un batallón en Bolivia estaban destinadas a grupos delictivos vinculados a la minería ilegal, según las investigaciones preliminares.
El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Henry Pinto, informó este lunes en conferencia de prensa que seis militares y tres extranjeros —un venezolano y dos peruanos— implicados en el robo ocurrido el fin de semana en el Batallón de Infantería de Marina VI “Independencia”, de Chua Cocani, en la ruta a la turística Copacabana en La Paz.
De acuerdo a la información oficial, los elementos sustraídos son 4 fusiles FAL, 4 fusiles AKT-56-2, 3 escopetas Mossberg, 3 pistolas Norinco, 2 pistolas Glock 17, 1 pistola Steyr L9-A1 y aproximadamente 250 cartuchos calibre 7,62. Todo este material estaba destinado a actividades ilegales en el municipio paceño de Sorata.
“Este armamento iba a dar a manos de una organización criminal dedicada al avasallamiento de tierras y a la minería ilegal. Y es posible que también a otro tipo de hechos”, explicó el coronel Pinto, flanqueado por el comandante de la Armada, Ernesto Alfaro y otras autoridades del mando militar.
Mientras las investigaciones continúan para identificar a todos los autores intelectuales y materiales, la Policía logró recuperar la mayor parte de las armas robadas y se desplegaron militares a zonas fronterizas para evitar el traslado del armamento fuera del país.
La minería ilegal en Bolivia ha crecido en los últimos años impulsada por el aumento del precio del oro, la expansión de cooperativas mineras y limitaciones en los mecanismos de control estatal. Esta actividad se concentra en regiones amazónicas y tropicales del país, donde existen reportes que vinculan la minería ilegal con el avasallamiento de tierras, la presencia de grupos armados y ataques a líderes locales.
En el municipio de Sorata, ubicado 150 kilómetros al norte de la sede de Gobierno, se han registrado operativos recientes de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (Ajam) para desmantelar campamentos ilegales, con decomiso de maquinaria y enfrentamientos con grupos vinculados a la explotación aurífera.
Según un comunicado de prensa institucional, una de las intervenciones fue interrumpida por “detonaciones y disparos”, que dejaron a un efectivo policial herido y daños materiales en el lugar.
En otra acción conjunta con la Policía, se logró desmantelar un campamento clandestino, inutilizar maquinaria pesada y generar una afectación económica significativa a las operaciones ilegales en el sector, señala la nota.
“Estos antecedentes, evidencian que la minería ilegal en la región no solo persiste, sino que presenta niveles crecientes de organización y violencia, configurando un escenario de alto riesgo para la intervención estatal”, señala el comunicado de la Ajam, en el que apunta la necesidad de generar acciones coordinadas con otras instancias para combatir un delito que ha evolucionado a “formas más complejas de organización” y se ha vinculado con otras actividades ilícitas.
El informe “Cambio climático, minería ilegal y derechos humanos en la Amazonía”, elaborado por la Coalición contra la Minería Ilegal en la Amazonía (CMIA), establece como acciones urgentes fortalecer la vigilancia estatal, regular la cadena del oro, asegurar la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones y establecer mecanismos regionales de cooperación para combatir este delito.
