En Guatemala, la vigilancia sobre el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo registró una mayor actividad durante el primer trimestre de 2026, con la Intendencia de Verificación Especial (IVE) reportando un incremento tanto en el número de Personas Obligadas registradas como en las alertas y denuncias presentadas ante el Ministerio Público.
Al 31 de marzo de 2026, el total de operaciones sospechosas elevó los montos denunciados y reflejó una tendencia sostenida de fortalecimiento en los mecanismos de control financiero. De acuerdo con el Boletín Mensual de Estadísticas sobre la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
El monto de dinero denunciado y la cantidad de personas involucradas se incrementaron en marzo de 2026
En el último mes registrado, la IVE denunció Q1,706.5 millones de quetzales, lo que representó un aumento de Q528.9 millones respecto a febrero, según datos oficiales de la Intendencia. La cantidad de personas señaladas en estas denuncias creció de 320 a 490 involucrados en marzo; además, se sumaron 26 nuevas denuncias en el periodo, alcanzando un acumulado de 83 durante el año.
Entre 2023 y 2026, el monto acumulado denunciado ante el Ministerio Público por la IVE se incrementó: Q8,203.4 millones reportados al cierre de 2023, Q9,133.3 millones en 2024, Q15,967.2 millones en 2025 y Q1,706.5 millones solo en el primer trimestre de 2026, de acuerdo con registros públicos.
En el mismo lapso, tanto la cantidad de personas involucradas como el número de denuncias exhibieron variaciones anuales alineadas con la dinámica de fiscalización e investigación.
En cuanto al análisis de actividad reciente, la IVE indicó que las 26 denuncias presentadas en marzo de 2026 estuvieron respaldadas por el examen de 34,952 operaciones financieras, lo que revela el elevado volumen de transacciones monitoreadas en el sistema. Esta cifra superó con amplitud las operaciones revisadas en enero (10,512) y febrero (18,339) de 2026, según datos oficiales.
Crecen las Personas Obligadas y los Reportes de Transacciones Sospechosas
Para el 31 de marzo de 2026, se encontraban registradas 4,460 Personas Obligadas (PO) ante la IVE, de las cuales 1,584 correspondían a Personas Obligadas Financieras (POF) y 2,876 a Personas Obligadas No Financieras (PONF). En tan solo un mes, la cantidad de POF aumentó en 0.3% y las PONF en 0.1% respecto al 28 de febrero de 2026.
El reporte de operaciones sospechosas mantuvo cifras destacables: las PO enviaron 1,598 Reportes de Transacciones Sospechosas (RTS) a la IVE en el primer trimestre del año, cifra que se suma a un consolidado plurianual en el que el volumen de reportes se consolida como un indicador clave en prevención y control del delito financiero.
Las Personas Obligadas comprenden entidades bajo vigilancia e inspección directa de la Superintendencia de Bancos —bancos, cooperativas, compañías de seguros— así como organizaciones no financieras: empresas inmobiliarias, joyerías, firmas de auditores, ONG y proveedores de servicios corporativos, conforme a la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y su Reglamento.
Asistencia interinstitucional y supervisión basada en riesgos
La IVE, en el marco de sus atribuciones legales, atendió 480 requerimientos de información formulados por el Ministerio Público y otras instituciones autorizadas a solicitar datos o colaboración en investigaciones relacionadas con lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. Este dato se agrega a los 1,817 requerimientos atendidos durante 2025, 1,718 en 2024 y 1,798 en 2023.
En cuanto a extinción de dominio, la Intendencia remitió al Ministerio Público 6 informes en el primer trimestre de 2026, con un monto total asociado de Q49.2 millones de quetzales. La cooperación interinstitucional permite que, ante sospechas fundadas, se activen los procesos legales para recuperar bienes de origen ilícito, según lo previsto en la Ley de Extinción de Dominio.
El modelo adoptado por la IVE es la supervisión basada en riesgos, que requiere identificar, evaluar y mitigar las vulnerabilidades de acuerdo con el perfil de cada Persona Obligada.
Así, se optimiza la asignación de recursos y se instauran controles proporcionados al nivel de exposición, lo que se traduce en una supervisión administrativa enfocada en la prevención y la detección temprana dentro del sistema financiero y empresarial.
Las estadísticas publicadas por la Intendencia de Verificación Especial al 31 de marzo de 2026 presentan una radiografía del desarrollo en los mecanismos de control y denuncia por lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el país, y saturan el periodo con cifras exactas sobre el volumen de casos, montos involucrados y la capacidad de respuesta de las instituciones responsables.
