Al menos 45 niños ucranianos trasladados o deportados por la fuerza a territorios ocupados o a Rusia y Bielorrusia fueron identificados en una operación coordinada por la agencia Europol, junto a autoridades de 18 países y organizaciones como la Corte Penal Internacional (CPI).
Según Europol, las investigaciones permitieron recopilar datos sobre rutas de traslado, personas implicadas en las deportaciones -incluidos responsables de orfanatos-, unidades militares presuntamente involucradas, así como instalaciones y campamentos donde habrían sido llevados los niños.
También se identificaron plataformas digitales con imágenes de menores que podrían haber sido deportados y posibles casos de niños que podrían estar siendo integrados en estructuras militares rusas como parte de la guerra en Ucrania.
La iniciativa, coorganizada con Países Bajos, reunió a unos 40 expertos en inteligencia de fuentes abiertas, que elaboraron informes con información clave para determinar el paradero de los menores y apoyar las investigaciones de las autoridades ucranianas.
El encuentro se celebró en la sede de Europol, en La Haya, y es el tercer ejercicio de este tipo y el segundo centrado específicamente en la localización de menores ucranianos trasladados por la fuerza, una práctica que podría constituir un crimen de guerra según el derecho internacional.
Las autoridades ucranianas calculan que más de 19.500 niños han sido deportados o trasladados desde territorios ocupados hacia Rusia o Bielorrusia desde el inicio de la invasión.
Algunos habrían sido adoptados por familias rusas, mientras que otros permanecen en centros de “reeducación” o instituciones psiquiátricas.
Los expertos participantes utilizaron herramientas digitales avanzadas y técnicas de análisis de fuentes abiertas para rastrear a esos menores e identificar a posibles responsables de su traslado, y los resultados serán analizados y compartidos con Ucrania para apoyar sus investigaciones judiciales.
En la operación participaron países como España, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania o Italia, entre otros, así como organizaciones especializadas en documentación de crímenes internacionales.
La CPI ha emitido desde 2023 al menos seis órdenes de arresto por diferentes crímenes en Ucrania, incluidas una contra el presidente ruso, Vladimir Putin, y otra contra la política rusa María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia.
A ambos les acusa de deportación ilegal de niños ucranianos y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania a Rusia, un crimen de guerra según el Estatuto de Roma, tratado fundacional de la CPI.
Evacuación de menores
Las autoridades ucranianas han decretado la evacuación obligatoria de familias con menores de veintitrés localidades de dos zonas del frente en la región de Járkov del noreste de Ucrania debido al deterioro de la situación debido a los hostilidades, según informó en su cuenta de Facebook el gobernador de la región, Oleg Siniégubov.
Según Siniégubov, un total de 74 niños serán evacuados de doce pueblos del distrito de Shevchenko. Otros 54 menores serán trasladados de once localidades del distrito de Belikoburlutska.
Ambos distritos están situados cerca de la ciudad de Kúpiansk, uno de los principales objetivos de Rusia en los últimos meses.
(con información de EFE)
