Los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, autorizaron la suscripción de un nuevo préstamo con el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional por USD 31,5 millones, con el fin de financiar la construcción de una carretera en el norte del país. La decisión fue formalizada a través de un acuerdo presidencial publicado en el Diario Oficial La Gaceta, en el que se otorgó plenos poderes al viceministro de Hacienda y Crédito Público, Nicolás Espinoza Rivera, para que, actuando en nombre y representación del Ejecutivo, gestione el acuerdo de préstamo con el Fondo OPEP.
Según la información proporcionada por la agencia EFE, los recursos de este crédito serán destinados al “Proyecto de Rehabilitación de la Carretera Empalme Télica-Malpaísillo-Empalme San Isidro”, una vía estratégica para la conectividad en el norte nicaragüense. El Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) será la institución encargada de ejecutar las obras.
No es la primera vez que el gobierno recurre al Fondo OPEP para financiar infraestructura vial. En diciembre pasado, Ortega y Murillo ya habían autorizado la suscripción de otro préstamo con la misma institución, por USD 25 millones, destinado a la construcción de una carretera que conectará con Managua. El Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional es una entidad multilateral creada en 1976 por los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para financiar proyectos de desarrollo.
La obtención de nuevos préstamos internacionales ocurre mientras Nicaragua enfrenta reiterados cuestionamientos por el manejo y la transparencia de los fondos públicos. Diversos organismos multilaterales y de derechos humanos han señalado la falta de controles efectivos y la opacidad en la gestión presupuestaria, lo que dificulta el seguimiento del destino final de los recursos. Un informe reciente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sostiene que el gobierno de Ortega y Murillo ha desviado fondos originalmente asignados a programas sociales e infraestructura para financiar actividades de represión y control social, tanto dentro como fuera del país.
En materia de transparencia fiscal, Nicaragua se ubica en los últimos lugares de América Latina. De acuerdo con la Encuesta de Presupuesto Abierto 2023, el país alcanzó solo 44 puntos sobre 100 y se colocó por debajo de la media global, lo que evidencia deficiencias en la publicación de información presupuestaria y en la participación ciudadana. Asimismo, informes de organizaciones independientes como el observatorio Urnas Abiertas destacan que la mayoría de las alcaldías nicaragüenses no cuentan con auditorías regulares y que la Contraloría General de la República ha identificado cientos de funcionarios implicados en irregularidades administrativas y uso indebido de recursos públicos.
La centralización del poder y la falta de rendición de cuentas han generado preocupación entre analistas y organismos internacionales. El acceso a información sobre la ejecución de los fondos gestionados permanece restringido, a pesar de que el Sistema Integrado de Gestión Administrativa y Financiera (SIGAF) recopila datos detallados sobre cada gasto estatal. La voluntad política para transparentar tales datos sigue siendo escasa.
En este contexto, la llegada de nuevos recursos provenientes del Fondo OPEP plantea interrogantes sobre su destino y la capacidad del gobierno para ejecutar obras de infraestructura de manera eficiente y transparente. Organismos internacionales han reiterado la importancia de fortalecer los mecanismos de supervisión y control sobre el uso de fondos públicos, especialmente cuando se trata de préstamos cuyo repago compromete las finanzas nacionales a largo plazo.
La comunidad internacional y sectores de la sociedad civil continúan demandando garantías de transparencia y rendición de cuentas, con el propósito de asegurar que los recursos destinados a infraestructura se traduzcan en beneficios tangibles para la población, sin desviaciones ni irregularidades que perpetúen los problemas estructurales del país.
