El gobierno de Yamandú Orsi en Uruguay presentó este martes las conclusiones del Diálogo Social, un ámbito convocado para recibir ideas y recomendaciones de distintos actores de la sociedad para reformar el sistema previsional y modificar los mecanismos de protección a la infancia.
Uno de los cambios más sonados surgidos de ese ámbito está en los fondos privados de pensiones, que en el país son las Administradoras de Fondos Previsionales (AFAP), a las que se les quita parte del negocio.
El Diálogo Social es una propuesta de campaña del Frente Amplio, la coalición de izquierda que gobierna el país, que contó con el aporte de varios actores de la sociedad pero que generó polémica en el origen porque los principales partidos de la oposición se negaron a participar.
A partir de las recomendaciones, el Poder Ejecutivo enviará varios proyectos de ley al Parlamento para aplicar los cambios.
Desde antes que se conociera el documento final, los cambios en las AFAP habían generado polémica, al punto que analistas privados, empresarios y la oposición habían alertado por una “estatización” de este régimen de ahorro individual. ¿Qué es lo que propone en concreto? Que los fondos privados de pensiones continúen gestionando las inversiones que reciben de los trabajadores, pero que dejen de tener contacto con el cliente.
Es decir, si este cambio se lleva a la práctica, estos fondos privados recibirían el dinero de los trabajadores, decidirían en qué instrumentos financieros lo colocan, pero no se encargarían de contactar a los clientes para que elijan su AFAP (la parte comercial dejaría de tener sentido en estas empresas). La gestión de las cuentas pasaría a realizarlas un nuevo organismo estatal.
En Uruguay, hay cuatro AFAP que gestionan en régimen de ahorro individual. Una de ellas –la que tiene más clientes– es República AFAP, y sus accionistas son estatales (el Banco República, el Banco de Seguros del Estado y el Banco de Previsión Social). Las otras, son privadas: Itaú AFAP, AFAP Sura e Integración AFAP.
¿Qué dice textualmente el documento? Recomienda textualmente: “Avanzar en la conformación de un pilar de ahorro generacional, en el que las cuentas de ahorro individual sean gestionadas de forma centralizada por un organismo público que se encargará de administrarlas, de manera integrada con las prestaciones de los restantes pilares”.
Este organismo público se encargará de licitar o asignar los fondos, “de manera de incentivar la competencia en rentabilidad, minimizar los costos y maximizar el retorno sujeto a un riesgo acotado”.
Fue tanta la polémica que causó la incorporación de este artículo en la previa a la prestación de las propuestas, que el presidente de la República inició la conferencia de prensa aclarando sobre este punto.
“Tengo la obligación de ser muy responsable. Para aventar cualquier tipo de especulación, lo primero que voy a aclarar o que voy a decir es que no está en nuestro espíritu, pero tampoco aparece en este documento, la propuesta de eliminar o estatizar las AFAP. Parece una obviedad, pero creo que era lo primero que había que establecer”, dijo el mandatario.
El ministro de Economía, Gabriel Oddone, también fue enfático en este punto al aclarar que el futuro de las AFAP no estaba en discusión.
Otra de las propuestas más sonadas de esta discusión es la habilitación de la edad de retiro a los 60 años. En la reforma previsional del gobierno de Luis Lacalle Pou se decidió aumentarla hasta los 65 años. Estas propuestas mantienen ese esquema, pero crean una nueva causal de retiro anticipado para que el tercio de personas de menores ingresos pueda acceder cinco años antes.
Para lograrlo, se aplicarán tasas de reemplazo “efectivas crecientes con la postergación del retiro, como forma de incentivar la permanencia en el mercado laboral”.
