
En un mercado golpeado por la competencia de equipos importados, el encarecimiento del financiamiento y una demanda que no termina de recuperarse, una nueva empresa del sector de maquinaria agrícola recurrió al concurso preventivo para reordenar sus pasivos. Se trata de Agro de Souza, una compañía familiar con sede en Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, que el 15 de septiembre pasado se presentó ante la Justicia y obtuvo la apertura formal del proceso dos días después.
La empresa, que comunicó la novedad este miércoles en una carta que envió a la Comisión Nacional de Valores (CNV), se suma así a la lista de empresas del sector que atraviesan dificultades financieras, entre las que se encuentran Metalfor, Pauny y Vassalli.
El concurso preventivo, que tramita en el Juzgado Civil y Comercial N° 8 de Bahía Blanca, es una herramienta judicial que permite a una empresa en dificultades financieras negociar con sus acreedores una reestructuración de sus deudas y evitar así la quiebra, siempre bajo supervisión del Poder Judicial. Según el Central de Deudores del Banco Central, la empresa registra 32 cheques rechazados por $ 377.263.594,70, ninguno de los cuales fue abonado.
Agro de Souza, más de 50 años en el sector
Agro de Souza nació en 1974 bajo la razón social De Souza Hnos., de la mano de los hermanos De Souza, con foco inicial en la venta de maquinaria agrícola nueva y usada en la región de Coronel Suárez. En 1990 incorporó la producción ganadera y agrícola, esta última orientada a la elaboración de granos para alimentación animal. En 2002, tras una escisión societaria, se constituyó formalmente Agro de Souza S.A., con Mario Luis De Souza como uno de los fundadores y su hijo Cecilio De Souza al frente de la conducción.

La empresa es en la actualidad concesionaria oficial de CASE, una de las marcas líderes en maquinaria agrícola a nivel global. Además de la venta de equipos, opera un feedlot propio, lleva adelante producción agrícola y genera bioenergía a partir de los residuos del ganado. Cuenta con alrededor de 60 empleados, según declaraciones recientes de Cecilio De Souza, en línea con los datos de la empresa en LinkedIn, que indican un plantel de entre 51 y 200 colaboradores.
Los otros casos del sector
La presentación de Agro de Souza se produce en un momento de tensión generalizada para la industria nacional de maquinaria agrícola, que acumula una serie de crisis simultáneas en sus firmas más reconocidas.
Uno de los casos más recientes es el de Metalfor, fabricante con sede en Marcos Juárez, Córdoba, que solicitó la apertura de su concurso preventivo con deudas que al momento de la presentación ascendían a $ 52.000 millones con 23 entidades bancarias, según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La firma registraba además 558 cheques rechazados por $ 5.348 millones y operaba sus plantas en Marcos Juárez y en el estado brasileño de Paraná al 50% de la capacidad instalada.
Pauny, con planta principal en Las Varillas, Córdoba, atraviesa una situación igualmente crítica. La empresa —que en su sitio web afirma producir seis de cada diez tractores que circulan en el país— adeuda dos meses de salarios a sus más de 450 empleados y acumula 146 cheques rechazados por $ 1.028,4 millones en la Central de Deudores del BCRA. A partir de septiembre, la planta redujo su actividad a tres días semanales. Entre las opciones que estudia la compañía figuran la incorporación de un grupo inversor, una inyección de capital externo o el propio concurso preventivo.
El tercer caso es el de Vassalli, histórica fabricante de cosechadoras de Firmat, Santa Fe, fundada en 1949. Tras años de dificultades, la empresa llegó a paralizar completamente su planta durante 2025. A fines de agosto de 2026, la familia Marsó transfirió la compañía a un grupo encabezado por Roberto Santiago Chinelli por un valor simbólico de un dólar, con el compromiso de asumir los pasivos. Durante octubre aparecieron algunas señales de reactivación, aunque el proceso todavía no demostró ser sostenible: entre enero y octubre de 2026, Vassalli patentó apenas una cosechadora, frente a las once del mismo período del año anterior.
Las importaciones presionan a la industria local
Detrás de la crisis del sector hay un factor estructural que se agudizó en los últimos dos años: el avance de la maquinaria importada. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) correspondientes al segundo trimestre de 2026, de las 1.467 unidades de tractores vendidas en ese período, 419 fueron importadas, lo que representa el 28,6% del total. En términos de facturación, los tractores importados explicaron el 34,9% de los ingresos del segmento. Mientras las unidades importadas crecieron un 31,3% interanual, las nacionales cayeron un 34,2 por ciento.
A ese panorama se sumó, en abril de 2025, la eliminación del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU) mediante el Decreto 273/2025, que reemplazó ese requisito por una declaración jurada del importador. El impacto fue inmediato: el ingreso de maquinaria agrícola usada a través del puerto de Zárate creció más del 250% en los primeros diez meses de 2026, con 214 equipos ingresados al país frente a los 61 del mismo período de 2025. Los equipos llegaron principalmente desde Estados Unidos y la Unión Europea.
El mercado en su conjunto muestra señales de estancamiento. Según la División de Maquinaria Agrícola de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), en octubre se registraron 551 patentamientos de cosechadoras, tractores y pulverizadoras, prácticamente igual a las 554 unidades del mismo mes de 2025. El acumulado de los primeros diez meses del año fue de 5.649 unidades, un 0,7% menos que en el mismo período del año anterior. Las pulverizadoras mostraron el retroceso más pronunciado: 44 unidades patentadas en octubre, una caída del 29% frente a las 62 de igual mes de 2025.














