El empresario Ariel Rey cuestionó la absolución de Maximiliano Cabaleyro y otros seis acusados por el bloqueo de Distribuidora Rey, ocurrido en 2021 en la ciudad bonaerense de San Pedro.
Durante una entrevista con Infobae a las Nueve, el empresario destacó que el fallo reconoció la existencia de la medida, la coacción y el perjuicio económico, pero lamentó que se consideró que todo ocurrió dentro del derecho a huelga.
Rey anticipó que la familia va a solicitar las instancias de casación para intentar revertir la resolución del Tribunal Oral Criminal Nº 2 de San Nicolás. La fiscalía había pedido 10 años de prisión efectiva y la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante el mismo período, mientras que los abogados de la familia habían solicitado 15 años.
Ariel Rey cuestionó que el bloqueo quedara amparado por la huelga
El empresario sostuvo que la sentencia absolvió a los imputados pese a que, según su interpretación, tuvo por acreditados varios hechos denunciados durante la investigación y el juicio oral. “Independientemente de lo particular, de lo que nos toca a nosotros, vamos a revertir este fallo”, afirmó. Luego anticipó que van a recurrir la decisión y que cuentan con pruebas para sostener el planteo ante las instancias superiores.
Rey señaló que el juez Alejandro López absolvió a todos los acusados que habían llegado al debate con prisión preventiva. Según el contexto aportado, la resolución descartó los cargos de extorsión y turbación de la posesión contra Maximiliano Cabaleyro, titular del Sindicato de Camioneros local, y los otros seis imputados.
Para el empresario, la sentencia dejó abierta la posibilidad de que Cabaleyro vuelva a presentarse en su compañía. “Después de esta resolución, Maximiliano Cabaleyro hoy puede venir a mi empresa, volver a bloquearme”, sostuvo durante la entrevista.
Rey agregó: “Él tiene carta libre para bloquear, carta libre para extorsionar y carta libre para impedir el normal desarrollo de cualquier otra empresa, no solo la mía”. Después atribuyó esa interpretación al juez y afirmó que el fallo permite cometer delitos bajo el argumento de defender a los trabajadores.
La controversia central del caso se concentró en el alcance del derecho a huelga. Rey sostuvo que esa garantía no puede impedir que los trabajadores que desean continuar con sus tareas puedan hacerlo.
“Huelga no significa impedir el trabajo”, dijo. También planteó que una protesta sindical no puede justificar una extorsión ni otras acciones que bloqueen el funcionamiento de una empresa.
El bloqueo de Distribuidora Rey en San Pedro
Distribuidora Rey es una empresa dedicada a la distribución de productos alimenticios. Al comienzo del conflicto tenía 40 empleados y, según explicó el empresario, todos estaban encuadrados en el sindicato de comercio, de acuerdo con la actividad que desarrollaban.
Rey indicó que la compañía tenía 36 trabajadores en el momento de la entrevista y que contaba con un delegado del sindicato de comercio. “Siempre estuvimos trabajando bien, a derecho, con todas las cosas”, afirmó.
El conflicto comenzó cuando el Sindicato de Camioneros presionó para que parte del personal abandonara el encuadramiento de comercio y pasara a esa organización gremial. Según relató el empresario, seis empleados fueron trasladados inicialmente al sindicato de Camioneros. Después se incorporó un delegado, aunque Rey cuestionó que todavía no se hubiera alcanzado la cantidad de trabajadores que, según su interpretación, era necesaria para designarlo.
El empresario afirmó que recibió presiones para modificar el encuadramiento sindical y que esas exigencias se combinaron con amenazas de bloqueo. En otro tramo de la entrevista, describió esos pagos como una suma mensual que la empresa debía entregar para poder trabajar sin conflictos.
“Nosotros decidimos dejar de pagar para poder trabajar en paz”, relató. Según su versión, el bloqueo comenzó después de que la compañía dejó de pagar ese dinero. “Si no pagás, no trabajás. Ellos cumplieron. Dejamos de pagar y ahí nos bloquearon”, sostuvo Rey ante Gonzalo Sánchez.
La denuncia por el primer bloqueo
Rey ubicó el primer bloqueo el 15 de enero. Afirmó que ese día se presentaron unas 15 personas ajenas a la empresa, junto con trabajadores vinculados al sindicato de Camioneros.
El empresario explicó que en ese momento tenía nueve empleados relacionados con ese gremio y que, durante la presión sindical, debió incorporar a otros tres para llegar a 12. Según su relato, esa modificación se realizó bajo coacción. “Tuve que pasarle tres más para que sean doce, para que puedan tener un delegado”, afirmó. También cuestionó que las reglas de representación sindical se aplicaran de acuerdo con las exigencias de la organización.
Más adelante, al describir el primer bloqueo, mencionó a seis empleados de la compañía junto con unas 15 personas que no trabajaban allí. Esa diferencia, según la aclaración brindada, corresponde a distintos momentos y grupos dentro del conflicto.
Rey dijo que las personas que llegaron desde afuera se identificaron con el sindicato de Camioneros y formaron un cordón humano para impedir el ingreso y la salida de trabajadores y mercadería. “Veo una patota que me impide trabajar. Tengo que ir a la comisaría a decir: ‘Muchachos, acá hay un montón de personas que me están impidiendo el normal trabajo’”, relató.
El bloqueo se extendió durante una semana. La empresa no pudo desarrollar sus actividades con normalidad y acumuló pérdidas económicas que, según Rey, fueron documentadas durante la investigación.
El empresario señaló que la pérdida patrimonial fue certificada mediante documentación presentada ante el Colegio de Contadores. “Cuando vos vas a certificar ante un colegio de contadores, podés demostrar la pérdida que tuvimos en una semana que no pudimos trabajar”, explicó.
Rey sostuvo que el juez analizó esa documentación durante el juicio. Según afirmó, la sentencia reconoció que existió una pérdida patrimonial, que hubo coacción y que el bloqueo duró una semana.
Sin embargo, cuestionó que el tribunal haya considerado que esas acciones quedaron comprendidas dentro del marco de una huelga sindical.
El rol del Ministerio de Trabajo durante el conflicto
Rey también cuestionó la actuación del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Según explicó, durante la investigación se incorporaron escuchas telefónicas de Maximiliano Cabaleyro y otros elementos que fueron expuestos en el debate oral.
El empresario mencionó a Sofía Rotundo, a quien identificó como delegada del Ministerio de Trabajo. Según su relato, Cabaleyro habría hablado con ella sobre la posibilidad de que se dictara una conciliación obligatoria.
Rey afirmó que, durante una comunicación telefónica, Cabaleyro le habría dicho a Rotundo: “No me pongas la conciliación obligatoria porque no te la voy a acatar”.
El empresario sostuvo que la conciliación obligatoria finalmente no fue dictada. Mientras el depósito permanecía bloqueado, dijo que tuvo que presentarse ante el Ministerio de Trabajo y aceptar las condiciones planteadas por el sindicato. “Yo tuve que ir al Ministerio de Trabajo a acatar todas y cada una de las cosas que me diga el sindicato que me estaba extorsionando”, afirmó.
La intervención atribuida al intendente Cecilio Salazar
El empresario también relató una reunión con Cecilio Salazar, intendente de San Pedro. Según Rey, el jefe comunal lo citó durante el conflicto para pedirle que llegara a un acuerdo con los representantes sindicales. “Me dice: ‘Che, vas a tener que arreglar porque los muchachos son bravos’”, relató Rey. Después aseguró que Salazar le advirtió sobre una posible interrupción del servicio de recolección de residuos.
“Vos sabés que si no arreglás me va a cortar la recolección”, afirmó Rey que le dijo el intendente. Según su versión, Salazar vinculó esa posibilidad con la influencia de Cabaleyro.
El empresario agregó que durante el debate oral se escucharon conversaciones telefónicas entre el intendente y el dirigente sindical. En una de ellas, según su relato, Salazar le habría dicho a Cabaleyro que enviaría a la Policía para dejar constancia de que no ocurría nada irregular.
Rey identificó a Catalano como el comisario mencionado en esa conversación. “Ya llamé al Catalano para que pase y ponga en el acta como que no hay nada. Quedate tranquilo”, afirmó que se escuchaba en el audio.
Para Rey, esa intervención habría buscado evitar que quedara registrada la existencia del bloqueo. “Era para que no haya un argumento en la Justicia que certifique que estaba bloqueada la empresa”, sostuvo durante la entrevista.
El empresario definió la situación como una posible coordinación entre el sindicato, funcionarios públicos y fuerzas de seguridad. También afirmó que el audio fue incorporado al debate y que su contenido podía ser consultado porque se había difundido públicamente.
La prisión preventiva y el pedido para revertir el fallo
El empresario afirmó que Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola estuvieron detenidos con prisión preventiva en 2022. Según Rey, esa medida se tomó después de que la investigación reuniera pruebas sobre los bloqueos y las presiones denunciadas.
La fiscalía había solicitado una condena de 10 años de prisión efectiva y la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante el mismo período. Los abogados de la familia Rey habían reclamado una pena de 15 años.
El Tribunal Oral Criminal Nº 2 de San Nicolás absolvió a los acusados. La resolución consideró que el bloqueo había existido, pero entendió que se produjo dentro de una protesta sindical protegida por el derecho a huelga.
Rey anticipó que la familia va a recurrir la sentencia mediante un recurso de casación. “Vamos a solicitar las instancias de casación correspondientes y vamos a ir con todos los elementos donde tenemos las pruebas para poder revertirlo”, cerró.
