
La Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros pidió al presidente Bernardo Arévalo que vete la ley que fija en Q39 el precio máximo del galón de diésel, en una jornada de protesta con caravanas de autobuses hacia la Ciudad de Guatemala y con la advertencia de que, si la norma entra en vigor, el aumento del costo operativo se trasladará a la tarifa del pasaje.
La movilización comenzó entre las 7:00 y las 8:00 de este miércoles desde tres puntos: Centra Sur, Molino de las Flores en Mixco y Condado Concepción, sobre la carretera a El Salvador. Según el dirigente Carlos Vides, la convocatoria llegó a rondar las 300 unidades en algunos tramos, aunque la Empresa Municipal de Transporte estimó una caravana de menos de cien autobuses.
El reclamo se activó un día después de que el Congreso de la República aprobara con 130 votos y bajo trámite de urgencia nacional la iniciativa 6844, convertida en el Decreto 21-2026. La norma fija un precio máximo de 39 quetzales por galón para diésel y gasolina regular, de 41 quetzales para la gasolina superior, y crea un fondo de Q2.500 millones para compensar a importadores cuando el costo supere esos topes.
Vides, presidente de Gretexpa, sostuvo ante la prensa que el valor fijado no cubre los costos reales del transporte extraurbano. “Con Q39 en el costo por galón, lo único que van a lograr, y se lo aseguro, es que las tarifas van a aumentar”, afirmó.

El sector planteó tres salidas distintas al veto de la ley
En la Plaza de la Constitución, el dirigente expuso tres alternativas que el gremio pretende trasladar al Ejecutivo. La primera propone eliminar durante seis meses el Impuesto de Distribución de Petróleo, el Impuesto al Valor Agregado y el arancel de importación aplicados a los combustibles.
Si esa opción no prospera, el sector plantea un subsidio directo al consumidor final de Q15 por galón de diésel y de Q8 por galón de gasolina súper y regular. La tercera propuesta consiste en crear una ley de fondo de compensación permanente para amortiguar futuras alzas.
De acuerdo con el petitorio firmado por Gretrucex, Gretexpa y otras organizaciones, la demanda formal es que el mandatario no sancione el decreto. El documento reconoce la intención de aliviar el gasto de la población, pero rechaza la fijación artificial de precios como respuesta al problema.
El comunicado también pide a las autoridades “dejar de lado sus intereses políticos” y promover una norma que contenga el impacto inflacionario sobre el transporte, el costo de vida y la actividad productiva. Gamaliel Chin, presidente de la gremial de rutas cortas, reiteró a medios locales que el alza se trasladará al pasaje si no hay cambios en la decisión política.

Las protestas coincidieron con bloqueos y un amparo para resguardar la libre circulación
Mientras las caravanas avanzaban hacia el Centro Histórico por la calzada Aguilar Batres, la avenida Bolívar, la 5a. avenida y el Periférico, la Dirección General de Protección y Seguridad Vial reportó bloqueos en el kilómetro 147 de la CA-2 Occidente, en Cuyotenango, Suchitepéquez, y en el kilómetro 137 de la CA-9 Norte, en Río Hondo, Zacapa.
En la zona 1 de la capital también permanecía cerrada la 8a. avenida entre 9a. y 10a. calle por la presencia de exmilitares y expatrulleros que reclaman una ley de beneficios económicos. Esa protesta llevaba más de una semana instalada en el área.
La Corte de Constitucionalidad otorgó además un amparo provisional al sector empresarial, a solicitud del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, para garantizar la libre locomoción y proteger infraestructura estratégica, incluido el Aeropuerto Internacional La Aurora, ante la posibilidad de nuevos cierres.
Antes de la marcha, Arévalo había celebrado la aprobación del subsidio. En sus redes sociales escribió: “La buena voluntad, la unidad y los consensos han permitido establecer una medida de precio máximo al consumidor”, y añadió que el Ejecutivo está listo para implementar la disposición aprobada por el Congreso.
Los transportistas preveían permanecer en el Centro Histórico hasta alrededor de las 18:00, a la espera de una respuesta oficial. El sector anunció además una conferencia de prensa en el Parque Central y no descartó nuevas jornadas de protesta si el Gobierno no responde al pedido de veto antes de que la ley entre en vigor.














