La disputa territorial en Cayos Cochinos volvió a escalar después de que la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) denunciara una nueva orden judicial de desalojo contra integrantes de la comunidad garífuna que permanecen en el archipiélago.
La organización publicó imágenes de agentes de la Policía Nacional en el sector y aseguró que el operativo estaría relacionado con el conflicto generado por actividades privadas y la filmación de programas televisivos en el área protegida.
Esos señalamientos corresponden a OFRANEH y no implican que las empresas mencionadas hayan ordenado directamente la actuación policial, cuya base formal es una resolución judicial.
Según documentación citada por organizaciones que acompañan a la comunidad, la orden fue emitida por un juzgado con competencia nacional en criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción y establecía una diligencia de desalojo para las 7:00 de la mañana del 17 de septiembre en el sector de Playa Uva, Cayos Cochinos. Unas 40 personas mantenían allí un campamento de protesta.
El conflicto excede una orden de desalojo
El punto central de la controversia es que Cayos Cochinos ya fue objeto de una sentencia internacional contra Honduras.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado hondureño responsable por violaciones a los derechos de propiedad colectiva, participación, acceso a la información, identidad cultural, alimentación e integridad personal de la comunidad garífuna.
El fallo, emitido el 20 de noviembre de 2025 y notificado en marzo de 2026, determinó que Honduras no garantizó una consulta previa, libre e informada en decisiones relacionadas con la creación y manejo del área protegida, planes de administración, restricciones pesqueras y autorización de actividades turísticas y televisivas.
La Corte consideró además que esas decisiones afectaron el uso y goce del territorio y del denominado hábitat funcional, concepto que incluye las zonas marinas y recursos tradicionalmente utilizados por la comunidad para su subsistencia.
OFRANEH vincula el conflicto con actividades privadas
En su comunicado del 17 de septiembre, OFRANEH sostuvo que el nuevo intento de desalojo responde a intereses vinculados con la Sociedad de Inversiones Ecológicas (SIEC) y la Fundación Cayos Cochinos.
La organización también cuestionó la realización de producciones televisivas en el archipiélago y denunció que integrantes de la comunidad han enfrentado restricciones, persecución y agresiones por defender lo que consideran su territorio ancestral.
Estas acusaciones deben entenderse como señalamientos de OFRANEH. La organización responsabiliza política e institucionalmente al Estado y a actores privados, pero determinar eventuales responsabilidades jurídicas corresponde a las autoridades competentes.
El documento aportado también señala que la orden judicial hace referencia a inscripciones de propiedad de SIEC sobre varios cayos del archipiélago, mientras representantes garífunas cuestionan el alcance de esos derechos frente al reconocimiento de su territorio colectivo.
La Corte IDH ya había cuestionado los reality shows
El antecedente internacional vuelve especialmente sensible la controversia.
La sentencia no prohibió en términos absolutos las producciones televisivas, pero sí determinó que el Estado debe garantizar la participación y consulta de la comunidad cuando actividades o decisiones puedan afectar directamente sus derechos territoriales y culturales.
La propia Corte señaló que Honduras autorizó históricamente actividades televisivas sin garantizar adecuadamente ese derecho.
OFRANEH sostiene ahora que cualquier nueva filmación debe respetar esa obligación y afirma que la comunidad permanecerá movilizada mientras considere que continúan las afectaciones.
El expediente de Comunidad Garífuna de Cayos Cochinos y sus miembros vs. Honduras continúa oficialmente en etapa de supervisión de cumplimiento ante la Corte Interamericana.
CONADEH también ha reconocido públicamente la sentencia y ha pedido al Estado respetar la propiedad colectiva, la identidad cultural y el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
Así, lo ocurrido en Cayos Cochinos no representa únicamente una disputa por la permanencia de varias decenas de personas en una playa.
El problema de fondo es más amplio: cómo ejecutar decisiones judiciales internas sin contradecir las obligaciones internacionales que Honduras ya tiene frente a una comunidad cuyo derecho territorial fue reconocido por la Corte IDH.
