La Legislatura de Santa Fe resolvió suspender por 90 días sin goce de sueldo a la fiscal María Verónica Ballari, quien se desempeñaba en la Fiscalía Regional 2, tras detectarse demoras e irregularidades en una investigación por violencia de género. La denuncia había sido radicada por Ailén Ayelén Oggero (32), la enfermera que fue asesinada a disparos en la puerta de su casa en Rosario.
La medida fue adoptada luego de que la Comisión de Acuerdos considerara su actuación en causas vinculadas a violencia de género. Según plantearon los legisladores, la situación quedó expuesta tras el femicidio de Oggero, ocurrido el 18 de febrero de 2025 en un domicilio del barrio Belgrano.
Inicialmente, el pedido de sanción había sido formulado por la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación, a cargo de Leandro Mai. De esta manera, determinaron suspenderle el sueldo por 90 días.
Si bien la fiscal no estaba a cargo de la investigación del crimen, sí gestionaba la causa previa en la que la víctima había denunciado amenazas y hostigamiento por parte de su ex pareja, un hombre de 34 años identificado como Jonathan Oscar Omill. Por este motivo, le reprocharon no haber imputado y/o solicitado medidas cautelares en contra del denunciado antes de que fuera asesinada.
De acuerdo con la información publicada por Rosario 3, la denuncia fue radicada en noviembre de 2024 ante un Centro Territorial, cuando Oggero acusó a su ex por agresiones y amenazas reiteradas. En esa oportunidad, relató haber vivido un episodio en el que Omill había ingresado por la fuerza a su vivienda, la agredió y la privó de la libertad durante dos horas.
A raíz de esto, el acusado recibió una restricción de acercamiento, pero no fue imputado ni detenido hasta después del crimen. No obstante, post crimen, la ex pareja de la víctima fue condenada el 2 de marzo de este año por delitos de violencia de género que le endilgaron. Producto de un juicio abreviado homologado por el juez Gustavo Pérez de Urrechu, se acordó una pena de 4 años y 6 meses de prisión.
Tras conocerse la sanción, el defensor de Ballari, el penalista Gustavo Franceschetti, anunció que impugnarán la sanción ante la Corte provincial y nacional. Además, anticipó que presentarán el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bajo la argumentación de que se trata de una “responsabilidad objetiva”.
Por su parte, la fiscal rechazó la suspensión y afirmó que “responsabilizan a una fiscal por un femicidio que no ocurrió”, tras asegurar que se comprobó que Omill no habría sido el autor material del asesinato. “Nada tiene que ver la supuesta ‘imputación tardía’ con la muerte de Ailén, ya que aún no se sabe quién ni por qué la mataron”. Además, sostuvo que la medida respondería a motivos políticos y advirtió que “los fiscales no pueden estar bajo control político”.
La investigación del femicidio está a cargo de Andrea Vega, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, y actualmente, se manejan dos hipótesis principales. Una de ellas vincula a Omill como presunto instigador, mientras que la otra involucra a Jésica González, ex pareja del jefe narco Claudio “Morocho” Mansilla, quien habría ordenado el crimen por su relación con Omill.
Hasta el momento, ninguna de las hipótesis derivó en imputaciones formales y/o detenciones. En un primer intento, Omill fue detenido el mismo día del crimen, pero fue liberado cuando comprobaron que no podría haber estado en la escena, debido a que a esa hora había marcado el ingreso en su trabajo.
Ante esta situación, la madre de la víctima denunció que hubo “detalles y cosas que no se tuvieron en cuenta en el momento”. En línea con esto, reveló que en la casa del agresor habían encontrado armas de fuego y municiones.
Incluso, recriminó el accionar de la fiscal al apuntar: “Cuando nosotros hablamos la primera vez con ella dijo: ‘Nosotros estábamos a punto de volverlo a llamar para tomarle otra declaración, pero no nos dio tiempo’. O sea que esperaba que los delincuentes le dieran tiempo a la fiscal”.
Además, reveló que ella y los hijos de la víctima vivían con miedo cada vez que salían de la casa. “Un año pasó y todavía no se sabe quién le hizo eso a mi mamá. ¿Cómo pasó tanto y no saben quién le hizo eso a mi mamá?”, citó la queja de la hija menor de la enfermera.
El 18 de febrero de 2025, Oggero fue atacada en su domicilio de Prusia al 6700 por un tirador que efectuó cinco disparos, los cuales impactaron en la cabeza y los brazos de la víctima. Sus hijos, de cuatro y once años, presenciaron la situación desde dentro de la casa.
En la escena del crimen, los investigadores hallaron siete vainas servidas. Incluso, desde el minuto cero, el entorno de la enfermera señaló a Omill como posible organizador, aunque las pruebas lo ubicaron trabajando en otro lugar al momento del ataque.
Entre los últimos elementos anexados a la causa, identificaron el tipo de vehículo que utilizó el atacante. Sin embargo, indicaron que este circulaba con una patente adulterada. Además, aseguraron que trabajarían en elaborar un identikit del responsable y solicitar un ofrecimiento de recompensa para quienes aporten datos concretos sobre el crimen.
