Maximiliano Ariel Vallejo fue el único imputado que hasta ahora declaró en la causa Sur Finanzas, la financiera ligada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) investigada por lavado de activos, asociación ilícita y defraudación por administración fraudulenta que, según la fiscalía, funcionó entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025 y movió más de USD 108 millones, a través de 16 clubes de fútbol pero que tiene como epicentro a Banfield.
Cinco de los presuntos colaboradores de Vallejo, amigo de Claudio “Chiqui” Tapia, el presidente de la AFA, se negaron a declarar ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona. Se trata de: Graciela Beatriz Vallejo, María Fernanda Sena Argis, Bárbara Denise Sena Argis, Gerardo Salvador Carrozza y Daniela Eliana Sánchez .
Ese silencio no produce efectos procesales adversos porque el artículo 18 de la Constitución Nacional y el artículo 298 del Código Procesal Penal de la Nación impiden que sea interpretado como indicio de culpabilidad.
Vallejo se presentó ante los tribunales el 26 de mayo. Entregó un escrito y solo respondió preguntas de su defensa. En ese documento afirmó: “Me declaro inocente de la totalidad de los hechos que se me atribuyen en la presente causa, rechazando enfática y categóricamente cada una de las imputaciones formuladas en mi contra”.
De manera oral, el financista sostuvo que el expediente era una causa “mediática” y que sobre él pesaba una percepción de culpabilidad “por dichos populares de los medios”. Sobre su patrimonio, dijo que provenía de su trabajo y de su holding empresario, y aseguró que los USD 110.000 hallados en moneda extranjera durante los allanamientos habían sido adquiridos legalmente tras el levantamiento del cepo cambiario en 2025.
Frente a la imputación por asociación ilícita, Vallejo volvió a declararse “inocente” y prometió ampliar su descargo por escrito. Sobre el lavado de activos, sostuvo: “Debe haber un delito previo para que haya una maniobra de lavado y no lo hay”.
Cuando se le preguntó por los contratos de mutuo con Club Atlético Banfield, se refirió a dos préstamos de USD 500.000 cada uno, firmados en julio y octubre de 2023 con tasas del 3% y 4% mensual en dólares. Su explicación fue que era “un simple sponsor” que le hizo “un préstamo al presidente de una entidad” y que “al día de hoy soy el damnificado que no ha cobrado lo que me deben más intereses”.
No respondió sobre las operaciones con San Lorenzo, Argentinos Juniors, Temperley ni Estrella del Sur, entre otros equipos en los que Sur Finanzas actual como sponsor u otorgó préstamos a tasas usurarias, según la justicia. Tampoco contestó sobre los contratos de sponsorización que la fiscalía considera simulados y cerró su intervención con una frase terminante: “Me declaro inocente y estoy a derecho desde el 1 de diciembre de 2025, no tengo más nada para decir y no voy a contestar preguntas”.
Según pudo reconstruir este medio, a Graciela Beatriz Vallejo, madre del financista, la acusación la ubica como integrante de la asociación ilícita y la vincula con 13 firmas del holding, entre ellas Centro de Inversiones Concordia S.R.L., Sur Finanzas Group S.A., Sur Crypto S.A. y Sur Pagos S.A.
Según el expediente, administró fondos por $669.800.081 en el Banco Masventas entre octubre de 2022 y mayo de 2023 y tiene a su nombre un Mercedes Benz GLC 300, un BMW X2 valuado en $49.374.400 y un Alfa Romeo Stelvio Veloce valuado en $96.450.000.
La fiscalía sostiene que María Fernanda Sena Argis ocupó presidencias en Roma Inversiones S.A., Sur Pagos S.A. y Sur Finanzas Group S.A. con “roles administrativos ficticios” por orden de Vallejo. Desde esas posiciones, siempre según la acusación, canalizó fondos para comprar al menos 15 vehículos, entre ellos un Audi Q5 valuado en $87.820.000 y un BMW 320i valuado en $39.500.000, y para adquirir la sede central de la firma en Adrogué por $45.000.000.
Su hermana Bárbara Denise Sena Argis, presidenta de Cluster Palace Beach S.A., figura en el expediente como pieza para disimular el patrimonio real de Vallejo. A través de esa empresa figuró como titular de un Ferrari California Descapotable valuado en $152.100.000 que la fiscalía atribuye al uso personal del Máximo Ariel Vallejo; después de los allanamientos, ese auto fue transferido a un tercero, y la sociedad también compró tres inmuebles en Adrogué por USD 300.000 y otro en San Vicente por $395.400.000.
Gerardo Salvador Carrozza, vicepresidente de Sur Finanzas Group y Sur Finanzas PSP S.A. y hombre de confianza de Vallejo, está acusado de certificar orígenes falsos de fondos. La imputación menciona $45.000.000 mediante un mutuo ficticio de Roma Inversiones para justificar la compra de la sede de la empresa, $109.800.000 de Graciela Vallejo ante REBA Compañía Financiera presentados como “anticipo de honorarios” y fondos millonarios del propio Vallejo a través de préstamos cruzados entre firmas investigadas.
Daniela Eliana Sánchez, secretaria privada de Vallejo, está imputada por encubrimiento y destrucción de pruebas. Según la acusación, en la madrugada del 1 de diciembre de 2025 envió instrucciones a la tesorera de la firma para ocultar evidencia pocas horas antes de los allanamientos.
El juez Luis Armella convocó además a cuatro ex directivos de Banfield. Eduardo Juan Spinosa, ex presidente del club e imputado como jefe u organizador de la asociación ilícita, además de coautor de defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos agravado, debe presentarse el 18 de junio a las 10:00.
Ese mismo día a las 10:30 fue citado su hermano Federico José Spinosa, ex vicepresidente, imputado por los mismos tres delitos como miembro de la asociación. Ignacio Javier Uzquiza, ex tesorero de Banfield y actual tesorero de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), deberá comparecer el 24 de junio a las 10:00 por los presuntos delitos de asociación ilícita y defraudación por administración fraudulenta, y Oscar Fabián Tucker, ex vicepresidente de Banfield, fue citado para ese día a las 10:30 por los presuntos delitos de asociación ilícita y lavado de activos agravado.
El 25 de junio también deben presentarse los representantes legales de Banfileños S.A. y del Fideicomiso para la Reconstrucción Banfileña. La fiscalía identifica a esas dos personas jurídicas como el núcleo del esquema de opacidad diseñado para reciclar los fondos desviados del club.
A todos los imputados se les impuso prohibición de salida del país, retención de documentos de viaje, obligación de presentarse periódicamente ante el juzgado y restricción para alejarse más de 100 kilómetros de la sede judicial de Lomas de Zamora.
