El diputado José Chic presentó una querella contra María Consuelo Porras Argueta por su presunta participación en adopciones ilegales ocurridas en el Hogar Temporal Elisa Martínez, y exigió este jueves que la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas (FDCOJS) del Ministerio Público (MP) de Guatemala solicite una medida cautelar de arraigo para que la fiscal general quede sujeta a proceso a partir del 17 de mayo, fecha en que pierde su inmunidad al entregar el cargo.
El legislador detalló que Porras ocupó cargos en el Hogar Elisa Martínez, centro señalado por facilitar adopciones ilegales por organismo internacionales. El legislador subrayó la gravedad de los hechos: “Se ha trascendido que finalmente ocupó cargos dentro de este hogar temporal donde se dieron adopciones irregulares.. La denuncia actualmente está bajo investigación en la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas del Ministerio Público“.
La situación institucional del Ministerio Público se tornó incierta los últimos días, según explicó Chic. “Esto ha traído incertidumbre relacionado con quién está dirigiendo actualmente el Ministerio Público”, señaló el diputado. Además, advirtió sobre el riesgo de que muchas investigaciones queden inconclusas si no se clarifican las funciones y la permanencia de los funcionarios actuales.
El mandato de Consuelo Porras concluye el 17 de mayo. A partir de esa fecha, perderá la inmunidad que le otorga el cargo de fiscal general. Por ello, Chic solicitó de manera formal al MP que, a través de la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas, gestione la orden de arraigo para evitar que Porras abandone el país. En palabras del diputado: “Estamos pidiendo que Consuelo Porras quede arraigada a partir del 17 de mayo, que debe de entregar el cargo de fiscal general y jefa del Ministerio Público”.
La investigación sobre las adopciones ilegales, según Chic, no puede quedar impune, ya que “este tipo de delitos no prescriben”. El legislador remarcó que incluso después de dos décadas, las responsabilidades deben ser deducidas tanto para Porras como para la estructura que habría operado dentro del Hogar Elisa Martínez.
Durante la ronda de preguntas, se consultó sobre el paradero de Consuelo Porras. Chic respondió: “La señora Consuelo Porras se encuentra hoy en el país. Por ello es que estamos solicitando el día de hoy que la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas solicite las gestiones necesarias para solicitar la medida cautelar de arraigo, dado que el 17 de mayo pierde inmunidad y no solo debe ser investigada, debe deducirse las responsabilidades necesarias”.
Preocupación de la ONU por adopciones ilegales de niños
La ONU (Organización de las Naciones Unidas) expresó su preocupación ante los reportes que indican que, al menos, 80 menores indígenas habrían sido víctimas de adopciones internacionales irregulares. Según la información de los expertos internacionales, estos niños fueron institucionalizados en el Hogar Temporal Elisa Martínez luego de haber sido capturados y sometidos a desaparición forzada entre 1968 y 1996 en Guatemala.
El organismo destacó la gravedad de estos hechos y la necesidad de esclarecer el destino de los menores y las circunstancias en las que se realizaron las adopciones.
Además, Porras enfrenta numerosas sanciones internacionales y acusaciones de corrupción durante su gestión al frente del MP, según información de EFE.
Estados Unidos la sancionó en 2021, retirándole la visa e incluyéndola en la Lista Engel por supuestos actos antidemocráticos y obstrucción de investigaciones relevantes. La Unión Europea (UE) también impuso restricciones tras considerar que intentó revertir los resultados electorales de 2023.
Por su parte, Human Rights Watch denunció que Porras ha promovido acciones legales contra miembros clave de la sociedad civil y ha atentado contra el Estado de derecho, acumulando más de 40 sanciones internacionales.
Mientras que medios como La Hora han recordado que mantiene una protección especial al expresidente Alejandro Giammattei, quien también está sancionado por Estados Unidos por corrupción.
