
La llegada al Centro Penitenciario La Reforma de Alejandro Arias Monje, conocido el alias de “Diablo”, y Jonathan Pérez Méndez, alias “Tan”, ha provocado la implementación de quince medidas de máxima seguridad sin precedentes en Costa Rica. El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, anunció el despliegue de un protocolo que restringe cualquier contacto con el exterior y refuerza la vigilancia en todos los niveles, tras el exitoso traslado de ambos internos.
De acuerdo con Aguilar, ambos delincuentes permanecen desde anoche en celdas individuales bajo el régimen más estricto del Sistema Penitenciario Nacional.
“Ambos serán recluidos en celdas individuales de la mayor contención y aislamiento con el que cuenta el sistema”, afirmó Aguilar Vargas durante el anuncio. La vigilancia directa las veinticuatro horas recae en Unidades Tácticas Especializadas, como la Unidad de Intervención Especial (UEI) y la Unidad de Acción Especial (UEA), ambas dependientes del Poder Ejecutivo.

El protocolo prohíbe cualquier tipo de contacto con familiares para los dos detenidos. “Quedan estrictamente prohibidas las visitas familiares y las visitas íntimas para estos dos sujetos”, aclaró Aguilar Vargas en un mensaje dirigido tanto a medios nacionales como a los familiares de los internos. El ministro también detalló que los contactos con abogados sólo podrán realizarse a través de locutorios y sin contacto físico, lo que blinda aún más la seguridad y evita filtraciones de información.
El plan de seguridad incluye la prohibición absoluta de traslados médicos fuera de la prisión. Toda atención sanitaria se brindará en las mismas celdas bajo estrictas normas de control. Además, los internos no podrán acceder a pertenencias personales, sino únicamente a insumos básicos de higiene proporcionados por el Ministerio.
“Se prohíben terminantemente las llamadas semanales de alias el ‘Diablo’ y alias Monje, ya sea a sus familiares o a quien ellos quieran llamar”, indicó el ministro. En cuanto a la rutina diaria, se estableció que ninguno de los internos podrá salir al patio ni acceder a la llamada “hora de sol”, permaneciendo en sus celdas las veinticuatro horas.

El perímetro del complejo penitenciario La Reforma está resguardado por la Fuerza Pública, que patrulla de manera permanente. El ministro Aguilar Vargas confirmó que en las torres de vigilancia, próximas a las celdas de ambos internos, se han ubicado francotiradores de la Unidad Especial de Intervención del Ministerio de la Presidencia, lo que añade un nivel adicional de disuasión y control.
La Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIFS) mantiene presencia constante para identificar posibles amenazas y prevenir incidentes dentro del penal. Además, se implementó una bitácora estricta para registrar a todo funcionario que tenga contacto con los internos, y se exigió que los policías destacados en áreas de máxima seguridad utilicen pasamontañas para proteger su identidad.
Aguilar Vargas adelantó que propondrá al Poder Judicial que todas las audiencias de ambos reclusos se realicen de forma virtual, con el objetivo de eliminar cualquier riesgo vinculado a traslados fuera del penal. La medida se extiende a todo el complejo occidente, suspendiendo temporalmente las visitas generales para los internos de La Reforma, la cárcel de San Rafael, la cárcel del Birilla, el módulo de adultos mayores y Terrazas.

Ante la consulta por amenazas internas, Aguilar Vargas aseguró que ambos internos se encuentran en “las celdas de más alta contención y de más alta seguridad, así que no corren ningún peligro”. El ministro también dirigió un mensaje a los familiares de los oficiales del CEOP heridos durante la operación de arresto, expresando su solidaridad y reconocimiento al trabajo coordinado entre el Ministerio, la Fiscalía y el OIJ.
Al ser consultado por la prensa, Aguilar Vargas confirmó que es “la primera vez que se aplican estos quince puntos en la historia del país”. El operativo marca un precedente para el sistema penitenciario de Costa Rica, estableciendo un nuevo estándar de seguridad frente a internos considerados de alta peligrosidad y relevancia nacional.













