El Congreso de Costa Rica finalizó su periodo constitucional 2022-2026 en medio de una parálisis inédita provocada por la ausencia de diputados, lo que impidió realizar la última sesión legislativa prevista para este martes, dejando sin resolución la sanción política contra Fabricio Alvarado Muñoz y sin votar proyectos de ley clave, entre ellos el millonario préstamo internacional para el Tren Rápido de Pasajeros.
La falta de quórum se repitió por segundo día consecutivo, pues al plenario solo acudieron 35 de los 57 legisladores, cuando el reglamento exige un mínimo de 38 presentes para abrir formalmente sesión. El hecho sella un cierre de ciclo sin antecedentes recientes: nunca antes la Asamblea Legislativa costarricense había quedado inoperante en los días finales de funciones por ausencia masiva de miembros.
La imposibilidad de sesionar tuvo consecuencias directas sobre dos cuestiones centrales. En primer lugar, no fue posible analizar ni votar los tres informes realizados por una comisión especial sobre el supuesto caso de abuso y hostigamiento sexual, atribuido a Alvarado, líder del partido Nueva República, en perjuicio de la exlegisladora y asesora Marulin Azofeifa. La sanción disciplinaria propuesta solo podía aplicarse mientras el aludido mantuviera su condición de diputado; el final abrupto de la legislatura clausuró, en la práctica, esta vía de resolución interna.
En términos de agenda nacional, quedaron también postergados de manera indefinida los segundos y últimos debates de 24 proyectos de ley, entre los que destaca el crédito de USD 800 millones destinado al Tren Rápido de Pasajeros (TRP), conocido como “Tibi”, en la Gran Área Metropolitana. Este proyecto contemplaba financiamiento ofrecido por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para la construcción y operación de las líneas 1 y 2.
Por primera vez en la historia reciente, el Congreso no sesionó en sus dos últimos días
El quórum se rompió en dos jornadas sucesivas. El lunes, la inasistencia ya había impedido avanzar, anticipando un desenlace accidentado para el periodo. Este martes, la situación se agravó: la ausencia masiva de diputados del oficialismo y de sus aliados, incluida la bancada completa de Nueva República, miembros de Progreso Social y varios de la Unidad Social Cristiana, así como algunos independientes, imposibilitó abrir la sesión definitiva.
Entre los ausentes que solicitaron permiso formal figuran Pilar Cisneros y Paola Nájera de Progreso Social; María Marta Carballo, Melina Ajoy y Carlos Andrés Robles del PUSC; así como Rosalía Brown, de Nueva República. Otros legisladores, sin permiso registrado, acompañaron a Rodrigo Chaves, presidente de la República, en actividades oficiales fuera del recinto parlamentario.
El resultado fue el “entierro” político del caso Fabricio Alvarado en el ámbito parlamentario; ahora, la única vía de resolución pendiente es la instancia penal, adonde Azofeifa ya presentó denuncia.
La imagen del periodo legislativo: pendientes sin resolver y sesiones vacías
La presidencia legislativa había avalado una moción para adelantar la última sesión al 28 de abril, con el fin de facilitar los preparativos administrativos para el cambio de legislatura el 1 de mayo, fecha en que asumirán las nuevas autoridades para el periodo 2026-2030. Sin embargo, la gestión concluyó sin que el plenario se reuniera en sus últimos dos días, impidiendo el cierre formal y dejando múltiples asuntos, legislativos y disciplinarios, sin decisión.
La presidenta electa de la Asamblea, Laura Fernández, se había comprometido ante el Partido Liberación Nacional a garantizar la presencia oficialista en la última jornada, promesa que no fue cumplida.
Como resultado, la Asamblea Legislativa de Costa Rica cerró funciones este martes sin poder ejecutar el trámite final de su periodo constitucional ni resolver una de las denuncias disciplinarias más sensibles de su historia reciente.
