El Gobierno de la Provincia de Santa Fe avanza en el proceso de recupero de costos operativos por los recientes episodios de amenazas a establecimientos educativos, de acuerdo con el protocolo vigente que establece el reclamo contra los adultos responsables. En ese sentido, ya se identificaron a 73 personas como responsables de estos hechos en distintos puntos del territorio provincial.
Según información oficial difundida por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el impacto de las amenazas se reflejó en números concretos: alrededor de 404 denuncias se registraron en toda la provincia desde el inicio del año, con una distribución que alcanza a las cinco fiscalías regionales.
La Fiscalía Regional Nº 2 concentró la mayor cantidad, con 238 casos, mientras que la Fiscalía Regional Nº 1 reportó 75, la Nº 3 contabilizó 33, la Nº 4 recibió 23 y la Nº 5 sumó 35. En paralelo, se llevaron a cabo 11 allanamientos y 16 requisas domiciliarias, de las cuales surgió el secuestro de 51 elementos, entre ellos celulares, armas blancas, armas de fuego, pistolas de gas comprimido con balines, cartuchos de escopeta percutidos y proyectiles calibre 22. Cerca del 95 % de los señalados son menores de edad, lo que implica que sus familias deberán hacerse cargo de los gastos ocasionados por los procedimientos policiales y de emergencia.
En relación con la identificación de los responsables, las cifras muestran que la Fiscalía Regional Nº 2 lidera la estadística con 23 personas identificadas, seguida por la Nº 3 con 17, la Nº 1 con 15, la Nº 5 con 14 y la Nº 4 con 4. La mayoría de los señalados son menores de edad, lo que deriva en la responsabilidad civil y económica de los adultos a su cargo. “El gobernador Maximiliano Pullaro tomó la decisión, a través de una resolución emitida por el Ministerio de Justicia y Seguridad, de efectivizar el cobro de los operativos ante las amenazas que se están realizando en las escuelas. No es broma, es un delito. Por eso se cobran los recursos dispuestos ante cada uno de los operativos de diferente magnitud, con base en 5 o 6 millones de pesos”, señaló Virginia Coudannes, secretaria de Gestión Institucional de la provincia.
El procedimiento de recupero de costos se apoya en la normativa vigente y se activa tras la comprobación de la responsabilidad en cada caso. Los valores económicos asociados a cada operativo son significativos: el despliegue policial, la intervención de bomberos y la movilización de equipos de emergencia representan un esfuerzo presupuestario estimado entre cinco y seis millones de pesos por procedimiento. Según detalló la funcionaria, “esto se sigue investigando y monitoreando. Al momento las personas identificadas son menores, consecuentemente los padres tendrán que responder. Vamos a sostener todas las políticas educativas, de salud mental y de seguridad para que la escuela vuelva a ser un espacio de contención y aprendizaje”.
El contexto en el que se incrementaron las amenazas incluye la viralización de mensajes y la aparición de carteles en baños escolares, como ocurrió durante la semana anterior, cuando se reportó un pico de 65 denuncias en un solo día. Las fuerzas de seguridad actúan de manera coordinada con la Fiscalía, interviniendo ante cada denuncia con procedimientos que abarcan aprehensiones, allanamientos y el secuestro de dispositivos electrónicos, con el propósito de individualizar a los autores de los hechos.
El Ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni, remarcó en declaraciones públicas que “no se trata de una broma, se trata de un delito”, y precisó que una vez comprobada la responsabilidad, los involucrados o sus familias deberán afrontar los gastos generados. Además, subrayó que las consecuencias pueden extenderse a la imposibilidad de tramitar permisos de viaje o certificados, ya que estos antecedentes quedan registrados en la Justicia.
La política de recupero de costos operativos implementada en Santa Fe se suma a las medidas adoptadas en otras provincias argentinas, donde también se avanza en la aplicación de sanciones económicas a familias de menores involucrados en amenazas escolares. En tanto, la provincia sostiene el compromiso de acompañamiento educativo, asistencia en salud mental y fortalecimiento de las acciones de seguridad para garantizar el funcionamiento de los establecimientos educativos como espacios de aprendizaje.
Las autoridades continúan con la investigación y el monitoreo permanente de la situación, con el objetivo de identificar a todos los responsables y evitar la reiteración de estas conductas. Los datos oficiales reflejan que la respuesta estatal incluye tanto la intervención policial como la aplicación de sanciones administrativas y económicas, en el marco de un esfuerzo integral para abordar la problemática de las falsas amenazas a escuelas en todo el territorio santafesino.
