La Sala Constitucional de Costa Rica ordenó este lunes 9 de noviembre a la Asamblea Legislativa suspender la aprobación definitiva del Presupuesto Nacional de 2027, luego de acoger una medida cautelar urgente presentada por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas González, ante el posible impacto de varias disposiciones sobre el funcionamiento del Poder Judicial.
La resolución fue emitida por el magistrado Fernando Cruz Castro, en su condición de presidente interino de la Sala Constitucional, quien ordenó al Congreso abstenerse de votar el proyecto en segundo debate antes del 29 de noviembre de 2026.
La decisión afecta al expediente legislativo 25.754, correspondiente al presupuesto nacional para el próximo año, que asciende a aproximadamente ₡12.4 billones (USD 27 mil millones) y había sido aprobado en primer debate el 5 de noviembre, con 31 votos a favor y 23 en contra.
La medida no constituye una declaratoria de inconstitucionalidad del presupuesto, sino una orden provisional destinada a permitir que el tribunal examine los cuestionamientos presentados por la Corte antes de que el proyecto se convierta en ley.
¿Por qué la Sala Constitucional detuvo la votación?
La controversia se concentra en cuatro normas de ejecución presupuestaria, identificadas con los números 9, 10, 11 y 12, que establecen restricciones sobre la utilización de recursos judiciales.
Entre ellas figura el condicionamiento de aproximadamente ₡29.843,8 millones (USD 65 millones), equivalentes al 5,6% del presupuesto del Poder Judicial, al cumplimiento de determinados requisitos administrativos y de fiscalización.
Otra disposición limita los movimientos de dinero entre partidas presupuestarias, mientras que las restantes establecen condiciones para compensaciones salariales y la ocupación de plazas vacantes.
Según los argumentos presentados por la presidenta de la Corte, estas restricciones podrían afectar alrededor de 2,463 puestos, incluidos 810 del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
El Poder Judicial también advirtió sobre posibles consecuencias para las sedes regionales de Cóbano, Jacó, Quepos y Puerto Jiménez, así como limitaciones para adquirir equipo necesario para las investigaciones policiales.
Estas consecuencias corresponden a los riesgos señalados por la Corte, no a cierres o despidos que ya se hayan ejecutado.
Cuestionan falta de consulta al Poder Judicial
Otro de los puntos centrales es el procedimiento utilizado por los diputados durante la tramitación del presupuesto.
La Corte sostiene que las disposiciones que afectan su organización y funcionamiento debieron someterse a consulta conforme al artículo 167 de la Constitución Política.
Esa norma establece que, cuando la Asamblea Legislativa pretenda apartarse del criterio de la Corte en proyectos relacionados con el Poder Judicial, deberá contar con una mayoría calificada de 38 diputados.
Sin embargo, la presidenta legislativa, Yara Jiménez, defendió que el presupuesto debía tramitarse bajo las reglas especiales aplicables a esta materia y que no correspondía exigir dicha mayoría.
La Sala Constitucional deberá analizar estos cuestionamientos antes de pronunciarse sobre la constitucionalidad de las normas.
¿Qué sucederá ahora con el presupuesto?
La orden obliga a los diputados a esperar hasta la fecha indicada para realizar la votación definitiva, mientras continúa el estudio de la consulta constitucional.
El magistrado Cruz tomó en consideración el plazo establecido en el artículo 178 de la Constitución Política, que exige aprobar definitivamente el presupuesto ordinario antes del 30 de noviembre.
Por esa razón, la resolución busca permitir el control constitucional sin impedir que el Congreso complete el procedimiento dentro del período correspondiente.
La decisión se conoció el mismo día en que Patricia Vargas se reunió con la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, en Casa Presidencial.
Durante ese encuentro, Fernández manifestó su disposición a conformar una mesa técnica para revisar las normas cuestionadas y evitar que las restricciones afecten los servicios judiciales.
Ambas jerarcas aclararon que el Poder Judicial no solicitaba un aumento presupuestario, sino condiciones para utilizar los recursos ya asignados.
Por ahora, el presupuesto permanece pendiente de segundo debate y la Sala Constitucional deberá pronunciarse sobre los cuestionamientos antes de que concluya el trámite legislativo.
