Miles de propietarios dominicanos que alquilan sus viviendas por plataformas como Airbnb enfrentan este miércoles 22 de julio el vencimiento del plazo para presentar observaciones a dos propuestas de resolución del Ministerio de Turismo. Si el ministro David Collado las firma, cambiarán las reglas para los alquileres vacacionales en el país.
La medida central es la creación del Registro Nacional de Alojamientos Turísticos (RENATUR), un padrón obligatorio en el que deberían inscribirse villas, apartamentos, casas, habitaciones y bungalós ofrecidos como alquiler vacacional, estén o no en polos turísticos.
Qué exige el proyecto y por qué genera rechazo
Para inscribirse en el RENATUR, cada propietario deberá presentar copia del certificado de título, identificación personal, número de identificación tributaria, descripción detallada del inmueble y una póliza de responsabilidad civil.
Si la propiedad está publicada en plataformas digitales, también deberá suministrar el identificador (ID) de cada anuncio activo.
Uno de los puntos más cuestionados es el de los condominios. Según el párrafo III del artículo tercero del proyecto, cuando un inmueble forme parte de un régimen de condominio, el Ministerio de Turismo no podrá registrarlo si el reglamento interno prohíbe expresamente las rentas cortas.
En la práctica, eso implica que la asamblea de propietarios de un edificio podría vetar el alquiler de un vecino.
Los auspiciadores de la campaña “Mi Propiedad, Mi Derecho” —lanzada para presionar contra las resoluciones— sostienen que estas exigencias “representarían una carga excesiva para miles de familias que han encontrado en las rentas cortas una fuente legítima de ingresos, así como para dominicanos residentes en el exterior que invierten en el país a través del sector inmobiliario”.
ADORECO cuestiona la difusión de la consulta
La Asociación Dominicana de Rentas Cortas (ADORECO) señaló que gran parte de los operadores no supo de la consulta pública por canales oficiales, sino a través de una notificación enviada por la plataforma Airbnb días antes del vencimiento del plazo.
La presidenta de la organización, Yajaira Sosa, dijo que el sector llevaba más de un año esperando la publicación del borrador. Cuando llegó, el 20 de mayo, pasó casi desapercibido.
ADORECO solicitó formalmente al Ministerio de Turismo extender el período de consulta y abrir una mesa técnica con representación de todos los actores involucrados.
La asociación no rechaza la regulación. Su postura es que “una propuesta de este alcance” requiere “un proceso de análisis más amplio y una participación efectiva de todos los actores involucrados”, según el comunicado emitido el 17 de julio.
El impacto económico en discusión
El Banco Central de la República Dominicana registró que el 34% de los visitantes que llegaron al país durante 2025 se alojaron en establecimientos de corta estancia. La campaña “Mi Propiedad, Mi Derecho” agrega otro dato: entre el 30% y el 40% de las reservas en plataformas de renta corta las hacen ciudadanos dominicanos, no turistas extranjeros.
Si miles de unidades salen del mercado por no cumplir los nuevos requisitos, la oferta de hospedaje caería y los precios subirían, tanto para visitantes como para los dominicanos que usan este tipo de alojamiento. Esa es la proyección que maneja el gremio.
Las plataformas digitales también quedarían obligadas por el proyecto: tendrían 60 días desde la entrada en vigor de la resolución para retirar de sus portales cualquier propiedad que no cuente con su número de inscripción en el RENATUR.
El debate regional sobre las rentas cortas
La Asociación de Hoteles y Turismo del Caribe (CHTA) publicó en abril de 2026 un marco regional para la regulación de rentas cortas, tras analizar las condiciones en 14 destinos del área, según informó Caribbean Journal.
Según ese informe, en un destino caribeño de referencia las noches reservadas en rentas cortas crecieron un 118% entre 2019 y 2025 y ya representan el 39% de toda la oferta de alojamiento en el primer trimestre de 2026.
Para República Dominicana, la asociación estima que la brecha fiscal vinculada a este sector alcanza unos USD 170 millones anuales en impuestos no recaudados, de acuerdo con el mismo informe de Caribbean Journal.
La posición de la CHTA no es suprimir el modelo, sino integrarlo. La organización plantea que destinos con sistemas de registro transparentes y beneficios claros para los anfitriones pueden alcanzar tasas de cumplimiento de entre el 85% y el 90% en un plazo de 18 a 24 meses.
Qué pasa si no hay acuerdo antes del miércoles
El plazo de consulta vence este 22 de julio. Quienes quieran presentar observaciones al proyecto pueden hacerlo por correo a consultapublica@mitur.gob.do o de forma presencial en la sede del Ministerio de Turismo, en la avenida Cayetano Germosén esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo.
Las resoluciones aún no tienen la firma del ministro Collado. Si el gobierno avanza sin ampliar el proceso de consulta ni ajustar los requisitos más cuestionados, el sector advierte que el resultado sería una contracción del mercado que afectaría tanto a los pequeños propietarios como a la competitividad del país como destino turístico.
