Juana Santiago Chel regresó a su casa en el caserío Xecoxó, en Nebaj, 24 días después del desalojo judicial del 30 de julio que la expulsó de su vivienda y desató una ola de indignación en Guatemala, un caso que ahora suma disputas sobre la posesión de dos terrenos, señalamientos de violencia institucional y una investigación abierta sobre el operativo policial, según reporte de medios locales en el departamento de Quiché, Guatemala.
El procedimiento aquel 30 de julio, movilizó a más de 108 agentes de la Policía Nacional Civil, incluidas unidades antimotines que utilizaron gases lacrimógenos. Durante la intervención, difundida en videos en redes sociales, policías empujaron a la mujer de 72 años y cargaron por la fuerza a su hija Juana López, de 51.
Doña Juana fue trasladada al Hospital Nacional de Nebaj, donde permaneció tres días internada por golpes y una crisis nerviosa. Tras el alta, se alojó en la casa de su hermana Elena mientras continuaban las gestiones legales para su retorno.
Según documentos citados por Prensa Comunitaria, desde 2023 existían medidas de seguridad por violencia contra la mujer a favor de doña Juana y sus hijas. El mismo medio señaló que en abril de 2026 Pedro Santiago López, uno de los hijos de la mujer, fue declarado culpable por desobediencia en forma continuada después de que el 1 de noviembre de 2025 intentara desalojar a su madre con violencia en violación de esas disposiciones.
La orden de lanzamiento había sido promovida por Pedro ante el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Civil de Santa María Nebaj, a cargo de la jueza Ada Madaí López Morales. El regreso de la mujer fue recibido por vecinos y personas que acompañaron su causa con muestras de alegría.
La defensa sostiene que el lanzamiento se ejecutó sobre un terreno distinto
El abogado defensor Gabriel Guzmán Matón explicó que el litigio involucra dos bienes inmuebles diferentes y que la resolución judicial de lanzamiento correspondería a un terreno distinto del que habita doña Juana. “Son dos bienes inmuebles: el bien inmueble principal es de doña Juana, pero donde ellos hicieron el lanzamiento fue de otro terreno”, dijo.
Guzmán Matón afirmó que la discusión no se centra en la propiedad, sino en la posesión, y sostuvo que su clienta “nunca ha dejado de tener la posesión de su bien inmueble”. Ese terreno tiene una extensión aproximada de 15.000 metros cuadrados.
El abogado anunció que la semana siguiente presentará acciones ante órganos jurisdiccionales para pedir que la mujer retome formalmente la posesión del predio que, a su juicio, fue objeto de un despojo. Sobre un segundo inmueble, de unas seis cuerdas y atribuido a la hija de doña Juana, adelantó que interpondrá una demanda civil contra el Estado de Guatemala para que recupere la posesión.
“Lo que se dio fue un despojo judicial”, afirmó el letrado. También aseguró que Pedro Santiago López no vive en ninguno de los dos terrenos, pese a que la jueza le ordenó tomar posesión del inmueble.
La resolución fue emitida contra doña Juana, pero durante el operativo fue su hija quien terminó retirada del lugar. “Legalmente era contra la mamá. Él pretendió hacerlo por la vía de los hechos: sacaron a la hija”, detalló Guzmán Matón.
La abogada que acompañó el caso denunció persecución penal
Durante el acto de regreso, la abogada Olga Ramírez, quien acompañó el caso desde el inicio como defensora de derechos humanos, denunció públicamente que enfrenta una persecución penal. “Al día de hoy obra en mi contra una persecución penal por unas denuncias que, sin lugar a duda, alguna de las instancias que mencioné en su momento probablemente está tratando de atentar y vulnerar mis derechos”, declaró.
Ramírez vinculó esa denuncia con su condición de mujer indígena maya ixil y con el respaldo que brindó a doña Juana. “¿Cuál es el motivo de la persecución? Hay muchos casos allá afuera y no vemos ninguna persecución. Acá quiero denunciar públicamente una discriminación en mi contra”, sostuvo.
La defensora responsabilizó públicamente al Estado de Guatemala de cualquier acción que pudiera afectarla. También agradeció el apoyo económico y moral que la comunidad canalizó directamente hacia doña Juana y pidió mantener ese respaldo, al advertir que la recuperación física, emocional y psicológica de la anciana avanza con lentitud.
El caso llegó semanas antes al Congreso de la República y llevó a que la Procuraduría de los Derechos Humanos declarara violadores de derechos humanos a dos altos mandos de la PNC. El Ministerio de Gobernación y la institución policial rechazaron esa resolución y defendieron que el operativo se ejecutó en cumplimiento de una orden judicial firme.
La Inspectoría General de la PNC mantiene abierta una investigación interna sobre la actuación de los agentes que participaron en el desalojo.
