
La industria porcina panameña implementa un manual de buenas prácticas ambientales y un reglamento técnico que contempla el marco legal para el manejo, distribución y expendio de la carne porcina en el país.
Antes del reglamento técnico, a Panamá entraba carne de cerdo congelada procedente de Estados Unidos y que al descongelarla se vendía como carne fresca.
Esta situación hacía que las importaciones se dispararan, pues era un buen negocio introducir carne de cerdo congelada.
Esta practica violaba incluso un decreto del Ministerio de Salud que señala que los productos congelados importados no se pueden descongelar para venderlos al detal.
Las normas estaban, pero no se cumplían, por lo que ahora existe un marco legal que va a vigilar que no se haga el descongelamiento de la carne porcina, aseguró Juan Guevara, presidente de la Asociación de Porcicultores Unidos de Panamá (APUP).
Otros aspectos que controla y regulan este reglamento técnico gira en torno al etiquetado, para que se pueda ver el origen del producto importado, igualmente la trazabilidad en idioma español, lo que garantiza la frescura de la carne a consumir.

Se busca que el producto tenga el rango de vida útil máximo de un año y se controla que el producto congelado tenga que venderse como congelado no como fresco.
También, agregó Guevara, se controla el aspecto microbiológico de la carne, porque las carnes que vienen de otros países a veces entran contaminadas con bacterias causantes de enfermedades.
El reglamento técnico también dicta normas sobre el control de los contenidos de sustancias químicas y tóxicas que también proceden de otros países conteniendo anabólicos, que a veces son cancerígenos.
Guevara añadió que el reglamento técnico controla también la fabricación y venta de carne sintética en el país, o sea, reiteró que es el marco legal que garantiza que el consumidor panameño tenga un producto fresco y de calidad.
En cuanto al tema del manual de buenas prácticas, el porcicultor dijo que ese es un proyecto que tenía el sector desde hace más de 10 años, y que la normativa lo que contemplaba es que todo productor no tiene que estar necesariamente amparado en un instrumento ambiental para cumplir con las normas establecidas.

Antes solo se reconocía el estudio de impacto ambiental, los programas de educación medioambiental y las auditoría ambientales, y había ocasiones en que se tenía que cumplir con estos tres aspectos, cuyo costo pasaba de los $50,000.
“Una persona que tenía 10 cerdos, por ejemplo, si no tenía eso le cerraban la finca, pero ahora el manual de buenas prácticas ya contempla los lineamientos aceptados por la ley, los cuales hay que cumplir. Con el estudio hecho, solamente hay que hacer lo que allí se indica, y no se tiene que pagar primero”, manifestó el presidente de la Asociación de Porcicultores Unidos de Panamá (APUP) .
Agregó que lo que se exigía era pagar, aunque eso no garantizaba que no se estaba contaminando.
Ahora, el manual contiene todas las prácticas que hay que hacer, que son relativamente iguales a lo que dicen los instrumentos ambientales, pero sin tener que dar ese dinero.
Curiosamente, aunque se pagaba el cumplimiento era de apenas 6%, y ahora esperamos que sea de un 90%, sobre todo de los productores pequeños, comentó Guevara.
“Solamente hay que seguir el manual. Hay un tiempo perentorio para que la gente cumpla, se adecué, y se contempla la participación del gobierno como un apoyo al porcicultor», indicó.













