El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, reconoció que el régimen desconoce el resultado de las transformaciones en marcha, definidas por las autoridades como el mayor proceso de reformas económicas desde la década de 1960. “No sabemos cuál será el resultado, pero tenemos que hacer algo para cambiar la realidad actual”, afirmó en una entrevista con el programa estadounidense Breaking Points, según informó CiberCuba, sitio de noticias cubano con sede en Miami.
El funcionario sostuvo que la isla atraviesa una modificación profunda de su estructura social y económica, con un papel más amplio para el mercado y las actividades privadas. Las medidas avanzan mientras persisten la inflación, los problemas de abastecimiento, el deterioro de los servicios públicos, la crisis energética y la emigración.
Fernández de Cossío explicó que las autoridades discutieron durante al menos 15 años la aplicación de cambios de este tipo. Según su versión, el régimen esperó condiciones más favorables para avanzar, aunque luego concluyó que ese escenario no llegaría. “Tenemos que hacerlo ahora”, señaló.
El paquete incluye 176 transformaciones para ampliar el espacio privado
En junio de 2026, el régimen aprobó 176 transformaciones económicas que contemplan una mayor flexibilidad para las micro, pequeñas y medianas empresas, conocidas como mipymes. El programa también prevé la posible creación de instituciones financieras y casas de cambio privadas, además de inversiones extranjeras relacionadas con actores no estatales.
La iniciativa retoma debates iniciados durante el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), celebrado en 2011. En aquel encuentro se aprobaron los Lineamientos de la Política Económica y Social, que propusieron una actualización del modelo mediante un espacio acotado para formas de gestión no estatales y mecanismos de mercado.
Varias de esas disposiciones tuvieron una aplicación parcial o quedaron pendientes y 15 años después, las autoridades cubanas buscan acelerar la apertura de actividades privadas sin alterar el control político del PCC sobre el proceso.
El dictador Miguel Díaz-Canel rechazó que las medidas representen una transición hacia el capitalismo. Según el político, el objetivo consiste en preservar el sistema socialista mediante instrumentos económicos distintos a los utilizados durante décadas. En julio, afirmó que el país debía avanzar hacia una forma propia de socialismo.
Díaz-Canel admitió inquietudes por los cambios
La expansión del mercado generó cuestionamientos en sectores vinculados a la dictadura. Militantes comunistas, dirigentes juveniles e intelectuales han expresado reparos por el crecimiento de la propiedad privada, la acumulación de capital y la posibilidad de que aumenten las desigualdades sociales.
Díaz-Canel admitió que existen preocupaciones por la concentración de riqueza, el crecimiento del capital privado y los riesgos de corrupción. También mencionó temores sobre una eventual privatización de empresas estatales y sobre el peso que podría adquirir el mercado en la vida económica de la isla.
Fernández de Cossío afirmó que personas con formación y posiciones relevantes en Cuba observan el proceso con preocupación. No obstante, señaló que, a su juicio, esos sectores comprenden que buscan responder a una realidad económica cada vez más compleja.
El viceministro presentó la supuesta apertura como una vía para modificar la situación interna y anticipó normas adicionales para dar mayor previsibilidad a los negocios. Además, sostuvo que las dificultades para ejecutar las reformas estuvieron condicionadas en parte por la política de Estados Unidos hacia la isla.
La dictadura cubana insiste en que las transformaciones económicas no responden a exigencias de Washington, sino a la necesidad de afrontar la crisis interna. Mientras prepara nueva legislación, el régimen mantiene abierta la principal incógnita sobre las reformas: cuál será el resultado de una apertura económica que promete ampliar el sector privado pero bajo la supervisión del Partico Comunista.
