Y de repente, el Banco Central está cubierto de humo. ¿Milei cumplió su promesa y lo prendió fuego? ¿La dichosa maquinita se sobrecalentó? No, nada más lejano. El gobierno presentó una reforma de su carta orgánica. Despejemos un poco el humo y veamos qué se esconde detrás.
Empecemos por el contexto. El inmediato: este gobierno ha operado a través de distintos instrumentos partiendo del supuesto que los desequilibrios macroeconómicos en la Argentina tienen epicentro en el déficit fiscal, quedando el resto (en particular los enormes desajustes derivados de los procesos de sobreendeudamiento externo) como subsidiarios a aquél. Este fanatismo ideológico actúa bajo la lógica de que no faltan dólares, sino que sobran pesos, que se retiran a través de la sociedad – en este caso en el doble sentido – entre el palacio de hacienda de Caputo (ajuste fiscal) y el BCRA de Bausili (política monetaria restrictiva, aumento de tasas). Generando como consecuencia un escenario de ajuste sobre la actividad económica, el empleo y los ingresos de las familias.
Ahora, el contexto de largo alcance. La magnitud y recurrencia de los desequilibrios alteró significativamente el canal de expectativas en el que descansa el accionar de la autoridad monetaria, que difícilmente revierta sus reacciones pensando solo en el financiamiento de la política fiscal y la inflación. Es decir, una economía argentina bimonetaria que ha sido reforzada en el gobierno de Javier Milei. Por lo que resulta difícil otorgar credibilidad a una propuesta de modificación de la carta orgánica del BCRA que debería ir orientada al fortalecimiento monetario interno cuando el contexto es de dolarización de carteras, flexibilización de créditos en dólares y debilitamiento regulatorio. Sin embargo, aquí va mi esfuerzo.
En primer lugar, la propuesta parte por simplificar el mandato del Banco, en el entendimiento que el mejor aporte que puede hacer al desarrollo es el sostener una inflación baja y estable. Lo cierto es que no solo existen casos con mandatos duales (la Reserva Federal en Estados Unidos incluye al empleo en su función de reacción por ejemplo), sino que en muchos es explícito el mandato de cuidar la estabilidad financiera. El propio FMI e instituciones como el BIS recomiendan que el portafolio de herramientas de la banca central incluya medidas macroprudenciales y de gestión de los flujos de capital, cuidando no solo la estabilidad monetaria sino también la macro de los flujos financieros y vaivenes globales. La historia habla por sí sola. Por lo que abandonar el mandato múltiple a simple vista resulta un error.
En segundo lugar, respecto del financiamiento monetario al Tesoro, cabe aclarar que la carta orgánica actual no permite la compra de títulos públicos en licitación primaria, y fija límites de monto y plazo al financiamiento vía adelantos transitorios en función de la base monetaria y la recaudación. Sin embargo, sería importante no pecar de dogmáticos acá, y se cuide y fortalezcan tanto los mecanismos de acción en los mercados secundarios (claves en el manejo de la liquidez de la economía, objeto del BCRA) como en la existencia de válvulas de escape en momentos de tensión. Reglas más que discreción, pero con manos atentas y audaces a la hora de afrontar imponderables como la crisis del COVID, cuando hubo que financiar casi 8 puntos del producto de forma directa, dado el cierre en los mercados de deuda internacional y local – reperfilamiento de la deuda en pesos mediante -.
En tercer lugar, respecto a la designación y remoción de autoridades, así como en el desacople en el tiempo de mandatos respecto del Poder Ejecutivo: todo está ahí, bastaba con cumplirlo y hacerlo cumplir. Se puede aprovechar el debate para evaluar el caso brasileño, donde el Presidente del Banco Central ingresa al tercer año del mandato del Ejecutivo. Brasil tiene mucho de lo cual echar mano a la hora de fortalecer la moneda y recuperar el mercado local de deuda.
En cuarto lugar, un punto crítico concierne al tratamiento de las reservas y el oro. La reforma reubica la figura de la inembargabilidad de las reservas y, de manera simultánea, habilita su utilización —incluido el oro— como garantía en operaciones de banca central. Si bien el término “inembargable” ofrece hasta ahora una aparente protección jurídica, únicamente resguarda ante ejecuciones de terceros, no ante una prenda otorgada de manera voluntaria, la cual es ejecutable por naturaleza. Esto trasciende el plano teórico: desde 2024, el Central trasladó una proporción significativa del oro a Londres con el propósito de pignorarlo. La reforma otorga respaldo legal a esta práctica, altera la función originaria de las reservas como respaldo de la moneda nacional y habilita un mecanismo para que la institución contraiga endeudamiento externo “por cuenta del Tesoro”, comprometiendo activos soberanos. Es decir, que las reservas del Central puedan ser embargadas por terceros, debilita nuestro posicionamiento internacional, en un escenario de alta incertidumbre.
En quinto lugar, el proyecto incluye un nuevo régimen de transferencia de utilidades al exigir que solo se distribuyan utilidades realizadas. Si bien esto se trata de un principio de contabilidad de banca central riguroso que protege el patrimonio de la institución, se restringe el giro de utilidades a un único fin: la cancelación de deuda. Se eliminan así las facultades que le permitían orientar recursos hacia la inversión productiva o el desarrollo económico.
En último lugar, cabe destacar que el proyecto omite aspectos regulatorios centrales, como la supervisión de los nuevos neobancos, las plataformas fintech y billeteras virtuales que intermedian fondos al margen del marco bancario tradicional, o la implementación de una infraestructura pública de pagos de baja comisión que promueva la inclusión financiera, como puede ser un PIX Argentina.
La discusión legislativa que viene no debería quedar atrapada en la falsa dicotomía entre el financiamiento monetario descontrolado y este proyecto. El eje central debe ser la reconstrucción de nuestra moneda nacional, con instituciones sólidas, pero también con el objetivo de un futuro próspero compartido. Ordenar la macroeconomía no obliga a resignar la soberanía monetaria. Al final del día, despejado el humo de los sloganes, la pregunta de fondo no es si hay que disciplinar al Estado, sino para qué y a favor de quién se ordena la billetera de la Patria.
