El debate sobre el futuro democrático de Cuba ha entrado en una fase de visibilizar propuestas concretas por parte de la oposición y la sociedad civil independiente cubana, que se vienen pensando desde hace décadas y toman un protagonismo que superan la mera denuncia del régimen. Una prueba de esto se ha dado en el marco de la 56ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Panamá, con la presentación del informe de consulta a la sociedad civil ante un posible escenario de transición realizado por Cultura Democrática y Consorcio Justicia así como la presentación del Acuerdo de Liberación, una de las principales iniciativas y hoja de ruta para la democratización de Cuba.
Uno de los logros más significativos destacados del mencionado estudio es la capacidad de contrarrestar la propaganda oficialista que históricamente ha intentado proyectar la imagen de una oposición fragmentada e incapaz de gobernar. La sistematización de las propuestas demuestra que, a pesar de la distancia geográfica y los saltos generacionales (donde conviven activistas históricos de los años 90 con las nuevas generaciones surgidas tras el 11J), existen denominadores comunes innegociables: la necesidad de un nuevo pacto democrático basado en el pluralismo político, el establecimiento inmediato del Estado de derecho y garantías para la libertad de expresión, la urgencia de un marco de justicia transicional que combine memoria con reconciliación nacional.
El documento presentado en la OEA funciona como un disparador técnico que demuestra que los líderes cívicos no sólo resisten, sino que están listos para la gestión institucional. La consulta arrojó datos reveladores sobre cómo los activistas y analistas conciben el rol de la comunidad internacional, especialmente en un contexto marcado por el endurecimiento de presiones diplomáticas, militares, económicas y jurídicas desde Washington durante 2025 y principios de 2026. Al ser consultados sobre un potencial escenario que involucre el apoyo o intervención de Estados Unidos, las posturas de la sociedad civil reflejan un debate estratégico profundo: Un sector, que representa el 16%, defiende firmemente una línea reformista y soberana, argumentando que el cambio debe gestarse y ejecutarse exclusivamente por manos cubanas a través de la presión social y el fortalecimiento cívico. En el otro extremo, una porción con el 22% apoya de manera rotunda una intervención exterior de carácter humanitario o político bajo el postulado de que el aparato represivo del régimen es asimétrico e imposible de desmontar únicamente desde el civismo interno. Acompañado del 62% que apoya algún tipo de intervención y presión internacional que fuerce al régimen a negociar y dejar el poder pero con matices y condiciones al estilo de que no sea una intervención militar, o que no se prolongue un gobierno transicional más allá de 18 meses, de que la sociedad civil independiente cubana se encuentre en la mesa de negociación también, o que el castrismo no deje el poder con el motín de las últimas finanzas nacionales y con impunidad.
El informe concluye en tres pilares de acción directa: en primer lugar, articular entre los actores cubanos, es decir romper definitivamente los compartimentos estancos entre las organizaciones del exilio y la resistencia interna, más allá de las ideologías o diferencias metodológicas, para consolidar un frente de negociación unificado. En segundo lugar, comunicar mejor de cara al exterior y al interior a fin de superar los bloqueos informativos impuestos por la Seguridad del Estado dentro de la isla y, simultáneamente, educar a la opinión pública internacional sobre la inviabilidad del modelo actual. Y en tercer lugar pero no en menor en importancia, proteger a quienes se manifiestan dentro de la isla, dado el incremento de las protestas populares cotidianas por la crisis humanitaria y de servicios básicos, la protección legal, económica y mediática de los defensores de derechos humanos en Cuba es prioritaria para evitar el descabezamiento de los liderazgos locales.
Luego de la presentación del informe, el ex preso político y fundador de Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer y el Director de Estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos Yaxys Cires, ambos firmantes del Acuerdo de Liberación resumieron la hoja de ruta inmediata de la oposición. El Acuerdo de Liberación, impulsado por coaliciones como Pasos de Cambio y la Asamblea de la Resistencia Cubana, es una propuesta estratégica y programática diseñada para conducir a Cuba hacia una transición democrática irreversible a través de cuatro fases progresivas encaminadas a evitar el caos social y el vacío de poder. La primera es la Fase de Liberación, cuyo foco es el cese inmediato de la represión, la excarcelación incondicional de la totalidad de los presos políticos y el restablecimiento inmediato de las libertades fundamentales de expresión, prensa y asociación. Le sigue la Fase de Estabilización, orientada a contener la crisis humanitaria mediante la canalización de ayuda internacional (alimentos y medicinas) y a garantizar la seguridad ciudadana a través de la reforma de los cuerpos policiales y la desmilitarización de la vida pública. Posteriormente, la Fase de Reconstrucción asume el reto de sentar las bases jurídicas y financieras de la nueva República; esto incluye la derogación del monopolio constitucional del partido único, reformas para una economía de libre mercado y la inserción activa de la diáspora como motor clave de inversión y reconciliación nacional. Finalmente, el proceso culmina con la Fase de Democratización, donde un gobierno provisional estrictamente acotado convoca a las primeras elecciones generales, multipartidarias y competitivas en más de seis décadas, bajo la estricta observación de la comunidad internacional. Guiado por los pilares de la desmilitarización del Estado, la reunificación nacional y el florecimiento humano, este acuerdo sistematiza el consenso de la sociedad civil independiente para asegurar que el colapso del totalitarismo derive en una democracia estable, pluralista y con pleno apego al Estado de derecho.
El análisis concluyó con la participación de Carolina Barrera, activista cubana y fundadora de Ciudadanía y Libertad en diálogo con Ezequiel Podjarny, Policy Officer para América Latina de Human Rights Foundation, quien advirtió sobre la reconfiguración de las complicidades autoritarias en la región. Con el debilitamiento del subsidio y el control político desde Venezuela, la embajada de Cuba en México se ha consolidado estratégicamente como el mayor centro operativo de la inteligencia cubana en Latinoamérica. Los analistas del evento señalaron que, a pesar de los informes de expertos internacionales sobre violaciones flagrantes a los derechos humanos, gobiernos alineados ideológicamente como el de Claudia Sheinbaum continuarán priorizando la protección política de la cúpula militar en La Habana por encima de las urgencias humanitarias del pueblo cubano.
La llegada de estas propuestas a la OEA confirma que la transición en Cuba ya no se debate en términos de “si ocurrirá”, sino de “cómo se administrará” el colapso del modelo para evitar el caos y garantizar un tránsito irreversible hacia la democracia.
La autora es Presidente de Cultura Democrática y autora del libro “Memoria y Cultura por la Democracia en Cuba”.
