El presidente del Congreso de Guatemala, Luis Contreras, calificó de “sicópata” y “enajenado mental” a Rodrigo Arenas, director de República GT, tras ser vinculado por este medio de comunicación con la narcopolítica y con un supuesto complot para asesinarlo.
La disputa pública escaló luego de que Arenas denunciara amenazas contra su vida y la de su equipo editorial, responsabilizando a políticos y financistas ligados al crimen organizado.
Contreras fue uno de los políticos incluido en la lista de varios diputados y un excandidato presidencia que, según República GT, conspiraban un plan para asesinarlo, con el apoyo de capos del narco de San Marcos.
Tras ser consultado por medios de comunicación, el presidente del Congreso rechazó de manera contundente las acusaciones.
“Rechazo totalmente las declaraciones, las acusaciones de este señor, que me imagino es un sicópata, enajenado mental, que no tiene pruebas”, dijo muy molesto Contreras y afirmó que ya presentó denuncias penales en contra de Arenas, el medio y otros que puedan resultar involucrados.
Además, dijo que dará un margen a la investigación, por lo que, después de las denuncias, esperará una respuesta de las autoridades. “Vamos a esperar que el juzgado o quien tenga que investigar, que investigue y que salga la verdad”.
Exige pruebas
Contreras dijo no conocer personalmente a Arenas y pidió que se presenten pruebas ante las autoridades, agregando que la única información que tiene sobre él proviene de su lectura de el “Patio Trasero dos”, un libro de investigaciones periodísticas.
La obra documenta los entramados de financiamiento electoral ilícito y los aportes a la campaña del expresidente Jimmy Morales y el partido FCN-Nación. En este caso, recoge las revelaciones y testimonios vinculados a Rodrigo Arenas en su gestión como dirigente del Movimiento Cívico Nacional (MCN) y su implicación en las pesquisas sobre financiamiento electoral.
Por su parte, Contreras afirmó: “Nosotros estamos tranquilos, ya hicimos lo que teníamos que hacer, ya presentamos la querella y vamos a esperar que la ley nos diga algo”.
Denuncia y señalamiento
Rodrigo Arenas, presidente editor del medio de ultraderecha República GT, denunció públicamente la existencia de un plan para atentar contra su vida y la de su equipo editorial.
Al principio atribuyó la amenaza a “políticos y financistas vinculados a la narcopolítica”, asegurando que la información sobre el complot fue entregada a autoridades locales y a gobiernos aliados. “Me quieren matar”, dijo en un video difundido el 17 de agosto.
Un día después, el medio República GT señaló directamente a Roberto Arzú, Luis Contreras, Luis Aguirre, Nery Rodas y César Fión de planificar el supuesto atentado, mencionando incluso la participación de capos del narcotráfico en reuniones destinadas a silenciar investigaciones sobre el crimen organizado y la política en Guatemala.
En el comunicado, el medio de comunicación afirmó que presentó denuncia en el Ministerio Público y ante autoridades estadounidenses, a favor de Arenas y de los editores José Fernando Orellana y Alejandro Palmieri.
Acciones legales
Los implicados negaron categóricamente los señalamientos y anunciaron acciones legales contra Arenas y su medio en Guatemala y Estados Unidos.
Roberto Arzú calificó las acusaciones de “absoluta y rotundamente falsas”, mientras que el diputado Luis Aguirre invitó a revisar las cámaras de seguridad del local donde supuestamente se habrían realizado reuniones ilícitas, afirmando que el lugar lleva cerrado más de dos meses.
En el trasfondo de la denuncia, se encuentra el historial judicial de Rodrigo Arenas, quien estuvo vinculado a un caso de financiamiento electoral ilícito durante el proceso electoral de 2015, según investigaciones del Ministerio Público y la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Aunque fue ligado a proceso, la Corte de Constitucionalidad anuló la resolución y Arenas no enfrentó juicio.
El caso ha derivado en una confrontación abierta entre un medio periodístico y figuras del sistema político guatemalteco, en medio de exigencias de pruebas, denuncias cruzadas y la expectativa de investigaciones judiciales tanto en Guatemala como en el exterior.
