Los fiscales que llevan adelante la acusación contra Maximiliano Cabaleyro, líder sindical de Camioneros que encabezó el bloqueo a una pyme de la ciudad bonaerense de San Pedro en 2021, solicitaron que se condene al gremialista a diez años de prisión efectiva por dos delitos de extorsión y otros dos de turbación en concurso con coacción.
En la jornada de alegatos que se desarrolló este martes en el Tribunal Oral Criminal Nº2 de San Nicolás, presidido por Alejandro López, las fiscales María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio también pidieron que se inhabilite por diez años a Cabaleyro para obtener cargos sindicales. Además, solicitaron penas de tres años de prisión en suspenso para los demás trabajadores que formaron parte del bloqueo en febrero de 2021.
Florencia Arietto, abogada de la empresa afectada, le manifestó a Infobae su satisfacción por el pedido de las fiscales, aunque en su presentación había solicitado que a Cabaleyro le dieran 15 años de prisión. “Esto nunca fue un conflicto laboral, sino un conflicto intersindical, porque la empresa Rey siempre tuvo un convenio, que era el de Comercio”.
Las fiscales dieron por probado que los acusados utilizaron los bloqueos para extorsionar a la empresa, y no como derecho a huelga, ya que además los pagos que solicitaban no les correspondían.
El próximo miércoles 14 de octubre, el juez dará su veredicto de manera online.
Cabaleyro fue a prisión hace cuatro años junto con Fernando Espíndola, otro representante de Camioneros, luego de que la jueza de Garantías de San Nicolás ordenó la detención de ambos como responsables de los bloqueos del sindicato a Distribuidora Rey para que sus 35 empleados pasaran a estar encuadrados en sus filas y dejaran de estar afiliados en Comercio. Además, la Justicia encontró pruebas de pagos irregulares exigidos por los sindicalistas para dejar sin efecto la protesta.
Entre los diferentes testimonios del juicio se destacaron los que dieron los dueños de la pyme, Gustavo y Ariel Rey, quienes relataron los aprietes, amenazas y exigencias de dinero de Camioneros para permitirles trabajar y cómo cuando decidieron no pagar comenzaron los bloqueos, según el diario El Norte, de San Nicolás.
“Desde 2017 teníamos que pagarle al sindicato, y cada vez que había elecciones, un poco más, pero decidimos denunciarlos y enfrentarlos y por eso pasó todo esto: al desistir de los pagos, comenzaron los bloqueos”, afirmó Gustavo Rey en una declaración que duró 5 horas.
Su hermano Ariel relató, por ejemplo, lo que le dijo Fernando Espíndola, el otro sindicalista imputado y detenido por el bloque y que fue considerado el recaudador de Camioneros. “Hacé como hacen todos tus colegas, que pagan un sueldo por mes. Esto funciona así: este es el kiosquito de Cabaleyro”, fue la frase en alusión al jefe de Camioneros en San Nicolás.
El empresario aseguró que la pérdida ocasionada entonces, calculada en alrededor de 12 millones y medio de pesos, equivaldría hoy a más de 370 millones de pesos, de acuerdo con cálculos basados en el INDEC.
Según El Norte, Gustavo Rey se quebró en dos oportunidades recordando los hechos: “Fue una terrible embestida. Nos apretaban de todos lados. Llamaban a las empresas para que no nos abastezcan. Había que pagar lo que ellos decían”, remarcó.
Y agregó: “La pasamos muy mal, somos una empresa familiar, hecha a fuerza de trabajo, tuvimos miedo de perder todo. Nosotros arrancamos de muy abajo. Yo empecé repartiendo sandwiches cuando apenas tenía 11 años”.
También declaró el intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, quien dijo que había intentado mediar entre el Sindicato de Camioneros y la empresa Rey Distribución, aunque afirmó que no le constó que hubiera existido un bloqueo de camiones en el acceso a la pyme.
Durante la audiencia se reprodujeron escuchas telefónicas entre el intendente y Cabaleyro. En uno de los audios se escucha a Salazar decir: “Acordamos con Catalano que vaya a tomar nota y diga que no hubo obstrucción”. Sería una alusión al comisario Juan Ramón Catalano, ex jefe de la Policía Comunal de San Pedro.
En otro tramo, Salazar, quien relató que habían ocupado cargos dirigenciales en el gremio de trabajadores rurales (UATRE), llama “compañero” a Cabaleyro.
Cabaleyro permaneció detenido con prisión preventiva desde mayo de 2022 y actualmente cumple arresto domiciliario con monitoreo electrónico.
Espíndola no participa del juicio porque acordó un procedimiento abreviado a comienzos de septiembre. El entendimiento entre el imputado, el fiscal y su defensor aguarda la homologación de la jueza Elena Baquedano y podría derivar en una pena máxima de 6 años de prisión.
