La paralización de los puertos argentinos que mantuvo a más de 185 buques varados comenzó a destrabarse tras el anuncio oficial de un entendimiento entre el gobierno de Javier Milei y los representantes del sector de practicaje. Según el comunicado difundido por la administración central, el acuerdo “contempla una reducción del 20% en las tarifas y el restablecimiento de las tareas de asistencia a la navegación de buques”.
El Gobierno precisó que “se resolvió suspender la aplicación del decreto de desregulación del servicio de practicaje y conformar una mesa de trabajo para analizar los distintos aspectos vinculados a la actividad”. La coordinación de esta instancia estará a cargo del propio Ejecutivo, con participación de las áreas de Seguridad, Defensa y otros organismos competentes, con el objetivo de “avanzar en la revisión de los puntos contemplados en la normativa de desregulación”.
De acuerdo con el texto oficial, “los representantes del sector retomarán las tareas de manera inmediata, mientras continúan las conversaciones en el marco de la mesa de trabajo hasta alcanzar un acuerdo definitivo sobre los distintos puntos abordados”. La medida busca poner fin a una de las mayores interrupciones en la operatoria portuaria reciente, que afectó la circulación de buques y la cadena exportadora en los principales puertos del país.
El conflicto se había desencadenado el sábado 1° de agosto, tras la publicación del Decreto 690/2026, firmado por Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La norma modificó el régimen del servicio de practicaje y pilotaje vigente desde 1991: creó un registro abierto de profesionales bajo la órbita de la Prefectura Naval Argentina (PNA), habilitó a los usuarios a elegir libremente prestadores y eliminó barreras de ingreso para nuevos operadores. También asignó a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) la facultad de fijar tarifas máximas y obligó a publicar precios para fomentar la competencia.
Solo este martes, más de 45 barcos se sumaron al polo exportador del Gran Rosario a la espera de los servicios de practicaje, que se agregaron a los 140 registrados el lunes. “Si la situación no se resuelve durante la jornada, podrían sumarse otros 30”, advirtió Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), quien comparó el sobrecosto con “un taxi” que seguía corriendo sin moverse.
Idígoras también alertó sobre el riesgo reputacional del conflicto para la Argentina como proveedor global: el país podría quedar catalogado como inseguro para el cumplimiento de contratos de exportación, una señal que favorecería a competidores directos como Brasil. El dirigente reclamó desde temprano la convocatoria a una mesa de trabajo que permitiera aplicar el decreto sin interrumpir la actividad.
El impacto del paro no se limitó al sector granario. La Cámara Argentina de Energía (CADE) informó que las operaciones de todas sus empresas asociadas quedaron interrumpidas en muelles de Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo, Santa Cruz y Caleta Córdova, puntos desde los que se distribuyen nafta, gasoil, fuel oil y crudo hacia las refinerías del país. Entre las operaciones suspendidas figuró la del buque White Marlin, que debía intervenir en tareas vinculadas al proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), el oleoducto que conectará la cuenca neuquina con la costa de Río Negro.
El principal cuello de botella era el flujo de combustible desde las refinerías de Campana, Dock Sud, La Plata y Bahía Blanca hacia Comodoro Rivadavia, desde donde se abastece gran parte de la Patagonia sur. Fuentes del sector advirtieron que, de extenderse el conflicto, el riesgo de desabastecimiento en el sur del país era real.
Antes del acuerdo, la PNA había ordenado por edicto el retorno inmediato a la actividad de los profesionales incluidos en un anexo oficial, con advertencia de sanciones disciplinarias y denuncias penales. El vocero presidencial Adrián Ravier defendió la reforma al sostener que el objetivo era “bajar el costo argentino” mediante competencia, y aseguró que “habrá castigos” para los responsables del paro. Los datos del Ministerio de Desregulación indicaban que el practicaje argentino se encuentra entre los más caros del mundo: para un buque Panamax, la tarifa en el Río de la Plata más Puerto Buenos Aires asciende a USD 16.903, más del triple que en Gdańsk, Polonia (USD 4.729), o Everglades, Florida (USD 4.476).
Con el acuerdo anunciado este martes, la mesa de trabajo quedó formalmente constituida para revisar los alcances del Decreto 690/2026, mientras los prácticos retoman sus funciones en los puertos del país.
