Las reacciones al informe presentado por la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT) sobre las vulnerabilidades de Panamá frente al comercio ilícito siguen escalando.
Luego de que el organismo internacional pusiera bajo la lupa a la Zona Libre de Colón (ZLC) y señalara que el país aún enfrenta importantes desafíos para combatir el contrabando, la falsificación y otros delitos transnacionales, el Gobierno panameño y la administración del principal centro logístico del país respondieron con contundencia, rechazando las afirmaciones y defendiendo los avances alcanzados en materia de seguridad y fiscalización.
A través de un comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno aseguró que Panamá rechaza “categóricamente” cualquier intento de presentar a la Zona Libre de Colón como un espacio de tolerancia al crimen organizado y sostuvo que esa narrativa “desconoce la realidad, los avances alcanzados y el profundo proceso de modernización que impulsa el Gobierno Nacional».
La Cancillería defendió que la Zona Libre constituye “un activo estratégico del Estado panameño» y uno de los principales motores económicos de la región, cuyo prestigio internacional se sustenta en el comercio legítimo, la transparencia y el cumplimiento de estándares cada vez más rigurosos
Como parte de esa defensa, el Gobierno destacó que la actual administración fortaleció significativamente los controles de seguridad mediante la incorporación de tecnología de punta, cientos de cámaras de videovigilancia, escáneres de última generación y nuevos mecanismos de supervisión y trazabilidad.
También afirmó que las incidencias de actividades ilícitas representan apenas el 0,00042% del volumen comercial de una plataforma que mueve más de 25.000 millones de dólares anuales, por lo que, a juicio de las autoridades, se trata de casos aislados y no de una práctica sistemática.
El comunicado añade que la responsabilidad sobre el control de las mercancías que ingresan o salen hacia los puertos o el territorio nacional corresponde legalmente a la Autoridad Nacional de Aduanas y no a la administración de la Zona Libre, al tiempo que reiteró que Panamá mantiene una política de “tolerancia cero” contra el contrabando, el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y cualquier otra manifestación del crimen organizado.
La respuesta oficial se produjo después de la presentación del informe regional elaborado por TRACIT, durante un evento organizado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, en el que participaron autoridades nacionales y representantes del sector privado.
Durante esa presentación, el director general de TRACIT, Jeffrey Hardy, reconoció que Panamá ha mostrado avances respecto al índice anterior y que actualmente figura como el segundo país de mejor desempeño en Centroamérica en materia de resiliencia frente al comercio ilícito.
Sin embargo, advirtió que aún persisten importantes vulnerabilidades relacionadas con las zonas francas, el contrabando de cigarrillos, la falsificación de mercancías, el comercio electrónico y el movimiento de pequeños paquetes procedentes del extranjero.
Hardy señaló que la regulación de las zonas francas continúa siendo una de las principales debilidades detectadas por la organización en Centroamérica y sostuvo que la Zona Libre de Colón, por su relevancia en el comercio internacional, debe continuar fortaleciendo sus controles, la gestión de riesgos y la cooperación entre el sector público y privado.
El representante de TRACIT también destacó los avances observados recientemente en Colón, incluyendo la instalación de escáneres financiados por Estados Unidos y una mayor colaboración con la Autoridad Nacional de Aduanas.
Incluso adelantó que durante su visita tenía previsto reunirse con la gerente de la Zona Libre para conocer de primera mano las medidas implementadas y explorar nuevas formas de cooperación.
No obstante, el informe mantiene observaciones sobre algunos mercados ilícitos. Hardy afirmó que el contrabando de cigarrillos continúa siendo uno de los mayores desafíos para Panamá y aseguró que, según los datos analizados por la organización, hasta el noventa y seis por ciento de algunos productos de tabaco comercializados ilegalmente transitan por redes vinculadas al comercio ilícito, muchas con destino a otros países de Sudamérica.
Otra preocupación expuesta por la organización fue el crecimiento del comercio de mercancías falsificadas mediante plataformas digitales y el ingreso de pequeños paquetes desde Asia, un fenómeno que, según explicó, dificulta la labor de las autoridades aduaneras debido al enorme volumen de envíos y a la necesidad de contar con más tecnología y personal especializado para inspeccionarlos.
La Gerencia General de la Zona Libre de Colón también emitió su propio pronunciamiento. En él calificó de “excesivas, falsas e infundadas» las publicaciones que atribuyen a la ZLC la facilitación de actividades ilícitas y aseguró que dichas afirmaciones provocan un grave daño a la economía nacional.
La administración del complejo comercial informó además que sostuvo una reunión con Jeffrey Hardy y la directora ejecutiva de Philip Morris International, Gabriela Rivas, en compañía de funcionarios de la Autoridad Nacional de Aduanas, durante la cual —según la entidad— quedó en evidencia que parte de las conclusiones presentadas por TRACIT se basaban en información desactualizada, correspondiente a hechos ocurridos hace más de dos años y que ya han sido superados por la actual administración.
Asimismo, reiteró que las salidas de mercancías desde la Zona Libre hacia los puertos o el territorio nacional son competencia exclusiva de la Autoridad Nacional de Aduanas y no de la administración de la ZLC, por lo que rechazó cualquier intento de responsabilizar directamente al complejo comercial por esos controles.
Mientras ambas partes defienden sus posiciones, el debate vuelve a poner sobre la mesa uno de los principales desafíos para Panamá: preservar la reputación internacional de la Zona Libre de Colón, uno de los mayores centros logísticos y de redistribución comercial del hemisferio, sin dejar de fortalecer los mecanismos de control frente a un fenómeno que evoluciona constantemente y que trasciende las fronteras nacionales.
