Panamá avanzó en su proceso de acercamiento a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con la firma, en París, de un Memorando de Entendimiento entre el canciller Javier Martínez-Acha Vásquez y el secretario general del organismo, Mathias Cormann, un paso que el Gobierno presenta como parte de su ruta para alinear políticas públicas, fortalecer instituciones y acercarse a estándares internacionales en transparencia, gobernanza, integridad financiera y desarrollo sostenible.
El acuerdo crea un marco formal de cooperación técnica entre Panamá y la OCDE, que abre espacio para intercambio de datos, evaluación comparada de políticas, misiones de expertos y recomendaciones basadas en evidencia.
Tras la firma, Martínez-Acha sostuvo que no se trataba de un gesto protocolar, sino de una decisión estratégica y de un compromiso de transformación, al afirmar que Panamá busca incorporarse a ese espacio como un socio dispuesto a ser medido, evaluado y mejorado.
La firma se produce pocas semanas después de que el Ejecutivo panameño pusiera en marcha una Comisión Permanente de alto nivel para conducir el proceso de adhesión.
Ese órgano fue creado mediante el Decreto Ejecutivo N.º 12 del 9 de marzo de 2026 y quedó integrado por los ministerios de Relaciones Exteriores, Presidencia, Economía y Finanzas, Comercio e Industrias, Desarrollo Social y Educación, además de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai). Su tarea será planificar, asesorar y coordinar las acciones oficiales vinculadas con el acercamiento a la OCDE.
El decreto también establece que la comisión deberá dictar directrices y criterios generales para orientar la participación de todas las entidades públicas en ese proceso, mientras que la Secretaría de Asuntos Económicos y Competitividad se encargará de coordinar y supervisar su ejecución.
Además, la Secretaría Ejecutiva tendrá que elaborar informes periódicos de avance para el presidente José Raúl Mulino, lo que sugiere que el Gobierno busca mantener un seguimiento político constante sobre una agenda que, si prospera, exigirá reformas técnicas, legales e institucionales.
En América Latina, la OCDE tiene actualmente cuatro miembros: México, Chile, Colombia y Costa Rica, mientras que Argentina, Brasil y Perú continúan en proceso de adhesión. Para Panamá, entrar en esa conversación implica mirar de cerca la experiencia de esos países, que debieron pasar por ajustes regulatorios, fiscales e institucionales antes de acercarse al organismo.
Más que una etiqueta internacional, la OCDE funciona como un sistema de evaluación y comparación permanente, donde la pertenencia exige estándares más altos en distintas áreas de política pública.
La relación entre Panamá y la OCDE no empieza con esta firma. En publicaciones recientes, el organismo ha venido señalando que el país necesita fortalecer su senda de desarrollo con mayor resiliencia, inclusión y capacidad institucional, mientras que revisiones previas sobre Panamá ya advertían desafíos asociados a la llamada trampa de ingresos medios, la consolidación de la clase media y la necesidad de mejorar la coordinación de políticas públicas.
Desde el sector privado, la presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Giulia De Sanctis, ha señalado que una eventual adhesión debe discutirse con información, seriedad y distintas miradas.
Sostuvo que hablar de la OCDE es hablar de reglas claras, instituciones que funcionen mejor y mayor confianza, tanto dentro como fuera del país, pero también de cambios que deben evaluarse con responsabilidad. Esa postura introduce un matiz importante: el respaldo a la modernización no elimina la necesidad de debatir sus costos, ritmos e implicaciones.
La Cancillería sostiene que esta nueva etapa permitirá mejorar el clima de inversión, volver al país más competitivo y predecible, fortalecer la gobernanza, impulsar la innovación y elevar el capital humano.
Antes de la firma del memorando, Martínez-Acha también se reunió con Philippe Gautier, director general de MEDEF International, con el objetivo de proyectar a Panamá como un destino de inversión extranjera responsable y atraer proyectos de mayor valor agregado en infraestructura, tecnología y sostenibilidad.
La firma del memorando no convierte a Panamá en miembro de la OCDE, pero sí lo coloca en una ruta más definida, con una estructura estatal creada para acompañarla, una agenda técnica en construcción y un plazo de cinco años que apunta a reformas más profundas.
El desafío real no será solo firmar acuerdos o multiplicar reuniones en París, sino demostrar que el país puede traducir ese compromiso en cambios medibles, sostenidos y creíbles ante la comunidad internacional y ante sus propios actores económicos.
