El estruendo de las hélices rasgaba el cielo plomizo de Chalatenango entre el 27 de mayo y el 9 de junio de 1982. No eran misiones de rescate; eran los helicópteros del ejército salvadoreño que descendían en las inmediaciones de los ríos Sumpul y Gualsinga para ejecutar el operativo militar “Limpieza”, conocido entre las familias sobrevivientes como la “Guinda de Mayo”.
Mientras las comunidades campesinas huían despavoridas entre la maleza para salvaguardar la vida, un engranaje estatal y militar se activaba con un propósito tan silencioso como estremecedor: separar a los hijos de sus padres mediante el terror, la muerte y el desarraigo.
En total, 55 niños y niñas se desvanecieron en el torbellino de aquella ofensiva bélica. 44 años después, Margarita Zamora, especialista en investigación de la Asociación Pro-Búsqueda, revela en entrevista exclusiva con Infobae los detalles de una de las prácticas más macabras del conflicto armado salvadoreño: un modus operandi sistemático diseñado para el tráfico humano de menores, camuflado bajo el ropaje del auxilio humanitario.
“La práctica del ejército era asesinar a los padres y llevarse a los niños. De esa manera, no había nadie que los reclamara”, explica Zamora con una serenidad dolorosa. El desparpajo de las familias en la huida facilitaba la captura. Madres exhaustas que arrastraban a dos o tres infantes, cargando bebés en brazos mientras esquivaban las ráfagas de fusilería, se ponían en total vulnerabilidad.
Al ejecutar a los progenitores en el terreno, las guarniciones militares transportaban a los sobrevivientes en helicópteros hacia sectores como La Sierpe o Victoria, en Cabañas.
El horror militar daba paso inmediato a la burocracia civil. Los niños eran entregados a la Cruz Roja, a damas voluntarias y a orfanatos locales bajo actas falsas que declaraban un “abandono moral y material total”.
Se borraba su identidad y se catalogaban como huérfanos extraviados. “En ningún momento fueron extraviados”, enfatiza la investigadora. “Ellos no andaban paseando; andaban guindeando, corriendo para salvar sus vidas”.
Detrás del discurso institucional de “salvación” operaba una red clandestina integrada por abogados locales y altos mandos castrenses mencionando reportes históricos de entrevistas a miembros del Estado Mayor de la época que convirtieron el drama en un negocio millonario.
Los trámites de adopción internacional se cotizaban entre los 5,000 y 15,000 dólares por niño. Abogados con rutas comerciales ya establecidas los distribuyeron por el mundo:
- Francia
- Italia
- Estados Unidos
- Suiza
- Holanda
- España
- Inglaterra
- Suecia.
Parejas extranjeras pagaban la cifra creyendo que auxiliaban a huérfanos desamparados, desconociendo que la sangre de los padres biológicos aún manchaba los expedientes de origen.
27 niños, 27 niñas y la incógnita del vientre
El desglose de las víctimas de la Guinda de Mayo, sistematizado recientemente por Pro-Búsqueda, reconstruye las identidades rotas del operativo.
La cifra exacta de infantes desaparecidos la componen 27 niños y 27 niñas. El último caso es el más perturbador: un bebé cuyo sexo se desconoce porque el ejército capturó a su madre embarazada en plena fuga, perdiéndose el rastro de ambos hasta el día de hoy.
Las edades de todos ellos oscilaban entre los cero y los diez años, al momento de ser arrebatados. De los 55 casos documentados en este operativo, Pro-Búsqueda ha logrado resolver 31 casos; 17 ya experimentaron el “abrazo postergado” al reencontrarse vivos con sus raíces familiares.
Sin embargo, 13 han sido localizados fallecidos; la investigación confirmó que fueron ejecutados de forma masiva en un solo lugar aniquilado por las tropas, aunque la falta de voluntad judicial solo ha permitido la exhumación de seis de ellos.
El caso número 31 constituye una paradoja del trauma: un joven localizado en Francia, cuya identidad biológica fue confirmada mediante pruebas de ADN, pero de momento ha decido no reencontrarse con su familia biológica.
La pared del estado y el reloj biológico
Aún quedan 24 nombres flotando en la incertidumbre absoluta de Chalatenango. Entre ellos se encuentran los expedientes de las hermanas Erlinda y Ernestina Serrano Cruz, un caso paradigmático con sentencia internacional que obliga al Estado salvadoreño a investigar el paradero y castigar a los responsables individuales de la masacre. Sin embargo, la impunidad se mantiene incólume.
“El principal obstáculo sigue siendo la negación del Estado a abrir los archivos militares. Los oficiales que participaron en estas masacres tienen la información; estos hechos no se borran de la memoria. Falta voluntad política para darnos la verdad”, denuncia Zamora.
Los padres de las víctimas envejecen y mueren con las manos vacías. Ante esto, Pro-Búsqueda resguarda un banco de perfiles genéticos diseñado gracias al impulso pionero del padre Jon de Cortina (Q.E.P.D.) y el doctor Cristian Orrego.
Aunque los padres biológicos mueran, sus códigos genéticos permanecen listos para cotejar el ADN de cualquier adulto en el mundo que hoy, superando los 40 años, dude de su procedencia y sospeche haber sido un bebé extraído de la guerra salvadoreña.
La búsqueda no cesa. Es el intento tardío pero firme de escribir las líneas de una página en blanco para decenas de identidades robadas que aún ignoran que, en un rincón de El Salvador, hay una raíz destruida que jamás dejó de esperarlos.
