La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) anunció un paro en las seis líneas del subte y el Premetro para este jueves desde las 21 horas hasta el cierre del servicio, en repudio por el fallecimiento de un trabajador que el sindicato vincula con la exposición al asbesto en las instalaciones de la red subterránea porteña. La medida de fuerza fue confirmada a través de un comunicado difundido por la organización.
Detrás del anuncio hay una denuncia que el gremio viene sosteniendo sobre el asbesto, material cuya utilización está prohibida desde hace más de 20 años. Los dirigentes sostienen que pese a ello sigue presente en la infraestructura de los subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires. Según la AGTSyP, las consecuencias de esa exposición ya tienen nombre y número: más de 150 trabajadores fueron diagnosticados con afecciones de salud que el sindicato atribuye directamente al contacto con ese mineral cancerígeno.
La organización no midió las palabras al momento de caracterizar la situación. “Este material altamente cancerígeno está prohibido desde hace más de 20 años y sin embargo sigue presente” en la red, advirtió el gremio en su comunicado. Desde esa perspectiva, el paro del jueves funciona como una señal de protesta, pero también como una demanda concreta hacia la empresa concesionaria Emova y hacia los gobiernos que, en términos del sindicato, habrían permitido que la situación se prolongara.
“De esta manera queremos expresar nuestro dolor y repudio por una muerte que podría haberse evitado, y que es producto de una política criminal de la empresa concesionaria Emova y los gobiernos cómplices que pone en riesgo a millones de usuarios, vecinos y trabajadores”, indicó la AGTSyP en el texto difundido.
Junto con el anuncio de la huelga, el sindicato presentó un pliego de exigencias. Entre los puntos centrales, reclamó que se retire el asbesto de toda la red de subterráneos, que se cambien las flotas contaminadas y que se incorpore a la totalidad del personal —tanto activos como jubilados— al Relevamiento de Agentes de Riesgo (RAR). El gremio también pidió una reducción de la jornada laboral para limitar la exposición al mineral.
“Redoblamos nuestra exigencia para que cumplan con las leyes y normas vigentes”, subrayó la organización, que enmarcó el conjunto de las demandas en lo que calificó como una “verdadera crisis sanitaria bajo tierra”.
Frente a las acusaciones, Emova emitió su propia declaración. La empresa lamentó el fallecimiento de Oscar Bauer, operario del taller Rancagua de la Línea B hasta su jubilación en agosto de 2024, y extendió su acompañamiento a la familia. Sin embargo, rechazó de plano la caracterización del gremio sobre las condiciones de seguridad en la red.
La concesionaria sostuvo que más de 5.000 mediciones de calidad del aire realizadas en todas las áreas de trabajo arrojaron resultados adecuados para la salud, según los estándares técnicos vigentes. Esas mediciones, aclaró, estuvieron a cargo de instituciones y laboratorios convalidados por la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad. Además, Emova indicó que continúa con un plan integral de desasbetización a través de una mesa interdisciplinaria en la que participan las propias entidades gremiales y la Dirección de Producción del Trabajo porteña.
Las medidas de fuerza recientes
El paro del jueves no llega de manera aislada. El conflicto entre la AGTSyP y Emova registra semanas de tensión sostenida, con medidas de fuerza que se acumularon una tras otra. El miércoles pasado, el sindicato liberó los molinetes de la estación San Pedrito de la Línea A para protestar por descuentos salariales que atribuye a la concesionaria.
El titular de la AGTSyP, Néstor Segovia, anunció la acción a partir de las 8 de la mañana. El gremio calificó los descuentos como una práctica “persecutoria y extorsiva” y sostuvo que existen fallos judiciales que ordenan a Emova desistir de esas deducciones. La empresa, por su parte, respondió que solo descontó días en los que el personal no prestó servicios según los registros de asistencia, y precisó que el reclamo salarial afectaría a 19 empleados, menos del 0,5% de los 4.700 trabajadores de la red.
Más atrás en el tiempo, el 20 de octubre, un paro total paralizó las seis líneas del subte y el Premetro luego de que la Policía de la Ciudad detuviera a un trabajador que levantaba molinetes en la estación Juan Manuel de Rosas, de la Línea B. La intervención de delegados sindicales para impedir el arresto derivó en la detención de Facundo Heredia y Claudio Dellecarbonara. Segovia también fue arrestado ese día y recuperó la libertad pasado el mediodía; denunció que recibió golpes durante el procedimiento.
Ante esa crisis, el Gobierno de la Ciudad intimó a los gremios, a Emova y a Subterráneos de Buenos Aires a garantizar un servicio mínimo del 50% en cada línea mediante la Resolución 1201/SECTE/26. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, que se encontraba en España en una visita oficial, respaldó las detenciones. “En mi gestión las cosas por su nombre: lo que la Justicia ordena se cumple. No vamos a aceptar extorsiones mafiosas”, declaró el alcalde.
