El régimen de Nicaragua respondió este jueves a la preocupación expresada por Bolivia sobre el futuro de los procesos electorales en el país centroamericano y defendió su derecho a adoptar decisiones sobre su sistema político y jurídico sin injerencias externas.
La reacción se produjo después de que la Cancillería boliviana cuestionara recientes declaraciones del dictador Daniel Ortega, quien afirmó que en Nicaragua no volverán a celebrarse elecciones como las realizadas hasta ahora.
“Ya quisieran ganar ellos (los opositores) ganar elecciones, pero que se olviden, aquí no volverán a haber elecciones para que no intenten atrapar el Gobierno” manifestó el domingo el dictador Ortega, de 80 años, en un mitin del gobierno para celebrar el aniversario número 47 de la revolución del movimiento sandinista.
Sin embargo, un día después, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, matizó las declaraciones del presidente al señalar que el país sí celebrará comicios, aunque bajo el nuevo marco constitucional aprobado por el oficialismo. Según Porras, las nuevas normas buscan impedir la injerencia extranjera y la participación de quienes el Gobierno considera “traidores a la patria”.
En medio de la controversia por los dichos de Ortega, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia manifestó su “profunda preocupación” y resaltó su compromiso con la democracia representativa y los principios de la Carta Democrática Interamericana.
El Gobierno boliviano recordó que la realización de elecciones “libres, periódicas y transparentes constituye un elemento esencial de la democracia representativa y un pilar del Estado de derecho” e instó a Managua a respetar los compromisos asumidos dentro del Sistema Interamericano.
En respuesta, a través de un comunicado emitido este jueves, la Cancillería nicaragüense sostuvo que las decisiones políticas, económicas y legales corresponden exclusivamente a cada Estado y aseguró que su país no interviene en los asuntos internos de otras naciones. También expresó su respeto hacia Bolivia y destacó los vínculos históricos entre ambos pueblos.
“Nunca nos hemos entrometido en los asuntos propios de otros países, y, asimismo, no nos caracterizamos por discutir el derecho de cada país y cada pueblo a decidir sobre sus caminos en toda circunstancia”, apuntó la Cancillería nicaragüense.
Ortega, exguerrillero, es presidente de Nicaragua desde hace casi 30 años y después de una serie de protestas que desafiaron su gobierno en 2018, ha tomado medidas autoritarias para mitigar la disidencia y la participación activa de la oposición política.
Organizaciones de derechos humanos acusan a su gobierno de haber manipulado anteriores elecciones, perseguido y asesinado disidentes -entre ellos periodistas, religiosos y opositores-, además de desmantelar la institucionalidad del país.
Aunque pocos analistas creen que las elecciones fueran a ser limpias o generar un cambio en el rumbo político del país mientras Ortega se mantenga en el poder, los comicios están previstos para 2027, un año más tarde de lo prometido luego de que la Asamblea Nacional, que está controlada por Ortega, extendiera el mandato del presidente.
La preocupación expresada por Bolivia en relación a la incertidumbre por el proceso electoral está en línea con la posición asumida por otros gobiernos de la región y organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que advirtió sobre el impacto negativo que tendría la suspensión indefinida de las elecciones en el ejercicio de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía nicaragüense.
