Aunque la reforma constitucional que busca “prohibir” la aplicación de leyes extranjeras en Nicaragua ya fue aprobada, el país no queda exento de cumplir con los compromisos internacionales que asumió en el pasado. Los tratados de derechos humanos, medioambiente, comercio y trabajo continúan vigentes, sin que la enmienda logre anularlos ni modificar sus efectos prácticos.
Especialistas en Derecho sostienen que la pertenencia a estos tratados depende de los procedimientos previstos en cada uno para su denuncia, no de lo que establezca la Constitución. Uriel Pineda explicó que la obligación internacional persiste desde el momento en que el Estado suscribió los acuerdos, y que la salida solo es posible siguiendo las reglas de cada instrumento.
Según el análisis de expertos citados por Confidencial, la reforma promovida por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no modifica las obligaciones internacionales ya asumidas por Nicaragua. Los compromisos derivados de tratados y convenciones continúan vigentes, incluso en aquellos ámbitos donde el Estado busca restringir el alcance de resoluciones internacionales.
Los tratados internacionales mantienen su fuerza jurídica
En materia de derechos humanos, Nicaragua mantiene obligaciones ante los principales instrumentos internacionales suscritos en el marco de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano. Aunque en los últimos años el país se retiró de la Organización de Estados Americanos y del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, estos retiros no extinguen automáticamente las obligaciones jurídicas existentes.
La publicación señala que la denuncia de la Carta de la OEA, realizada en 2021, dejó a Nicaragua fuera del organismo en 2023. Sin embargo, el país sigue vinculado a otros tratados interamericanos que no han sido denunciados formalmente. El abogado Gonzalo Carrión destacó que Nicaragua “mantiene sus obligaciones en materia de derechos humanos” y que “no ha iniciado ningún proceso de denuncia de la Convención Americana”, por lo que esas obligaciones permanecen y aún está sujeta a fiscalización internacional.
Por su parte, Uriel Pineda indicó que la posición oficial ha sido “no colaborar” con instancias internacionales, aunque “sus obligaciones internacionales permanecen”. Según detalló Confidencial.digital, Carrión afirmó que el Estado no respeta todos los instrumentos que ha firmado y los utiliza “a su conveniencia”, desacreditando resoluciones e informes del Grupo de Expertos de la ONU, pero manteniendo reclamos sobre sentencias que le son favorables.
Pineda evaluó que la reforma constitucional busca contener en el plano interno los efectos políticos de resoluciones internacionales, aunque carece de un efecto útil sobre la vigencia de los tratados. En sus palabras, “no es oponible a los hechos que quieren limitar, ya sea que los requiera la justicia argentina, que los condene la Corte Interamericana o la Corte Internacional de Justicia”.
El alcance de la reforma y su efecto sobre otros compromisos internacionales
La vinculación internacional de Nicaragua abarca, además de derechos humanos, temas ambientales, comerciales y laborales. El país ha suscrito acuerdos como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Acuerdo de París, el Protocolo de Kioto y la Convención Ramsar sobre humedales, entre otros. Ninguno de estos compromisos se ve afectado por la reforma constitucional.
En el ámbito comercial, Nicaragua ratificó el acuerdo constitutivo de la Organización Mundial del Comercio, el acuerdo sobre el Fondo Monetario Internacional, así como tratados de libre comercio como el DR-CAFTA, el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea y el Tratado de Libre Comercio entre México y Centroamérica.
En materia laboral, el país ha ratificado 62 convenios ante la Organización Internacional del Trabajo, de los cuales 46 se encuentran en vigor. Entre ellos destacan el Convenio N.º 29 sobre trabajo forzoso, el N.º 182 sobre las peores formas de trabajo infantil y el N.º 111 sobre discriminación en el empleo y la ocupación. Ninguno de estos convenios ha sido ratificado en los últimos 12 meses.
Según Pineda, la enmienda constitucional se puede interpretar como “más algo filosófico y no práctico”, dirigida al imaginario nacional para rechazar resoluciones internacionales, pero sin incidencia real en la vigencia de los compromisos internacionales.
De acuerdo con los especialistas citados, la reforma no altera el escenario internacional del país. Los tratados suscritos siguen representando obligaciones para el Estado, y su desvinculación solo podría darse mediante los procedimientos legales específicos de cada acuerdo. El debate se mantiene sobre el alcance real de la reforma respecto a los compromisos globales de Nicaragua.
