El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, aseguró hoy que el presidente Javier Milei no está obligado a emitir el decreto de nombramiento de la jueza María Verónica Michelli.
“Cuando se considere el momento oportuno para garantizar el servicio de justicia, se firmará (el decreto de nombramiento). El Senado habilitó al Presidente, pero no lo obligó”, aseguró el funcionario en diálogo con Eduardo Feinmann en radio Mitre.
Michelli es la magistrada que fue nominada por el Gobierno y designada por el Senado para ocupar el Tribunal Oral Federal 3 de La Plata, que aún no se conformó. Su nombre generó polémica porque días antes de que fuera discutido su nombramiento, el presidente Milei decidió retirar el pliego sin explicación pública. Según trascendió, a la Casa Rosada le molesta el parentezco de la jurista con el periodista de La Nación Hugo Alconada Mon. Este viernes, Mahiques rechazó esa versión.
“En ningún momento se dijo cuál es el motivo. El Presidente tiene la facultad de retirar un pliego como hicieron todos los presidentes”, repasó Mahiques. En esta línea, Mahíques indicó: “El cargo de la doctora Micheli es un tribunal que no está habilitado, como el de otros dos candidatos propuestos”.
“Es un juzgado que todavía tiene que crear la corte. El Consejo de la Magistratura tiene que iniciar un proceso para buscar edificio, acondicionarlo, poner mobiliario y tecnología. Es un proceso largo, hay varios tribunales y juzgados sin habilitar hace tiempo”, agregó.
Con relación a la votación en el Senado, el Ministro de Justicia aseguró que era “una deuda” con “la justicia, con el sistema judicial y con la ciudadanía”. “Llegó a niveles históricos de un 37 % aproximadamente de vacancia en el Poder Judicial, lo que generó una crisis institucional nunca antes vista”, sostuvo.
Y añadió: “Esta es una manera de ir saldando esa deuda y de ir dando respuesta y cumpliendo los objetivos que nos propusimos al asumir: generar una justicia más ágil, más cercana a la gente y con recursos. Para eso hay que tener magistrados”.
En otro pasaje de la entrevista, Mahíques amplió el alcance de la votación. Entre los 74 pliegos aprobados figuran entre ocho y diez magistrados para la Cámara Civil de la Ciudad de Buenos Aires, el tribunal de alzada de los juzgados de familia y civiles, que acumula vacantes desde hace años. También salieron dos jueces para la Cámara Criminal de la Capital Federal cuyos pliegos llevaban ocho años en el limbo: dos presidentes distintos los retiraron en ese período antes de que esta semana obtuvieran el acuerdo del Senado. “Vean lo complejo que es el proceso”, señaló el ministro.
Mahíques subrayó que las ternas aprobadas no fueron armadas por la actual gestión: “Los candidatos que elegimos son los que elevó otra administración. El Consejo de la Magistratura (CDM) confeccionó todas las ternas”.
Sobre los próximos pasos, el ministro precisó que el Poder Ejecutivo prevé enviar al Senado una nueva tanda de entre 50 y 60 pliegos la semana próxima, con el objetivo de superar los 200 en total. Confirmó que hay seis vacantes de tribunales orales federales de Comodoro Py en condiciones de ser cubiertas. Para la Cámara Federal y los juzgados de primera instancia de ese fuero, en cambio, aún no hay ternas disponibles, aunque el CDM tratará esas designaciones en un plenario próximo. También hay múltiples vacantes en cámaras federales del interior del país listas para ser resueltas por el Ejecutivo.
El ministro descartó que el Gobierno tenga urgencia por completar la Corte Suprema o designar procurador general y defensor general: “La Corte funciona con tres miembros con mejores números en resoluciones que cuando estaba compuesta por cinco. La prioridad son los tribunales inferiores”. Reconoció la anomalía de llevar más de ocho años con un procurador interino, pero remitió la decisión al criterio presidencial.
Consultado sobre las investigaciones que involucran a las autoridades de la AFA, Mahíques rechazó que las causas judiciales se hayan frenado desde su llegada al ministerio: “A los implicados se los citó, procesó, inhibió y se les prohibió la salida del país. En otras jurisdicciones incluso se pidió la detención. Es absurdo decir que las causas se frenaron”, expresó.
