Los sindicatos y grupos estudiantiles de Francia convocaron este sábado a una nueva jornada de protestas contra el aumento del costo de vida, mientras el movimiento de los Chalecos Amarillos mantiene una concentración propia en el centro de París, pese a la prohibición de las autoridades.
La movilización autorizada reunirá a organizaciones sindicales y estudiantiles en una marcha por el centro de la capital, bajo la consigna “contra el alto coste de la vida y en apoyo de los jóvenes”. Los Chalecos Amarillos decidieron no sumarse a esa convocatoria y llamaron a manifestarse en la Plaza de la Concordia, cerca de la Asamblea Nacional y del Palacio del Elíseo.
Las movilizaciones ocurren tras varias semanas de protestas encabezadas por jóvenes y huelgas nacionales que reunieron a cientos de miles de trabajadores.
El jueves, miles de personas participaron de concentraciones en distintas ciudades francesas, en una jornada que transcurrió en su mayor parte sin incidentes, aunque se registraron enfrentamientos entre manifestantes y policías en varios puntos. El Ministerio del Interior señaló que “en general transcurrieron bien”, aunque informó 642 detenciones.
La nueva movilización también se produce a menos de seis meses de las elecciones presidenciales, en las que los votantes elegirán al sucesor del presidente Emmanuel Macron. La extrema derecha encabeza los sondeos de opinión.
El movimiento de los Chalecos Amarillos llamó a una “desobediencia masiva” para mantener su protesta en París, pese a la prohibición de las autoridades. Las autoridades buscan impedir nuevos disturbios y saqueos como los que acompañaron las manifestaciones del 17 de octubre.
“Hacemos un llamamiento a la desobediencia masiva”, declaró Benjamin Ball, integrante del comité coordinador del movimiento, que ocho años atrás encabezó protestas contra el Gobierno de Emmanuel Macron por el alza de los impuestos al combustible.
Francia desplegará nuevamente 70.000 policías y gendarmes este sábado para vigilar las manifestaciones. El ministro del Interior, Laurent Núñez, anunció que el operativo mantendrá la misma estructura aplicada los sábados previos, con controles preventivos reforzados en carreteras y estaciones de tren.
“El riesgo es exactamente el mismo que en los sábados anteriores”, afirmó el funcionario durante una rueda de prensa en París. “Si hay alborotadores o saqueadores… estaremos preparados y esperándolos”, afirmó.
El ministro señaló que las autoridades detectaron en redes sociales convocatorias a bloqueos y actos violentos, además de mensajes que llaman a la “revolución” o la “insurrección”. Según Núñez, esos llamamientos provienen de movimientos de ultraizquierda y de sectores radicales de la extrema izquierda.
Cabe mencionar que abogados de al menos 18 personas heridas durante las movilizaciones sociales anunciaron el viernes que presentarán una denuncia colectiva contra el ministro del Interior ante la Corte de Justicia de la República (CJR). La acción judicial se formalizará dentro de un plazo de tres semanas y buscará establecer eventuales responsabilidades por las lesiones que los denunciantes sufrieron durante las protestas.
El abogado Arié Alimi acusó al ministro de ordenar el uso de armas que, según sostuvo, pueden provocar mutilaciones, pese a que conocía los riesgos asociados a esos dispositivos. Una decena de heridos ya autorizó su incorporación a la denuncia colectiva.
Por su parte, el primer ministro Sébastien Lecornu anunció que el próximo lunes se reunirá con representantes sindicales y empresariales para debatir salarios y poder adquisitivo. “Lo único que pondrá fin a las protestas es una respuesta a las demandas que llevan varias semanas planteando trabajadores, funcionarios, jóvenes y jubilados”, afirmó el viernes una coalición intersindical.
Los sindicatos reclaman una suba del salario mínimo, que no recibe un incremento discrecional desde 2012, aumentos salariales generales, cambios tributarios y mejores condiciones de aprendizaje para los jóvenes. El Gobierno enfrenta esos reclamos bajo presión para reducir la deuda pública de la segunda economía de la Unión Europea, un contexto que limita su capacidad de ofrecer concesiones a los manifestantes.
(Con información de AFP)
