En Ecuador, los asesinos seriales no han sido un fenómeno masivo, pero sí profundamente perturbador. A diferencia de países donde estos casos forman parte de un patrón criminológico más frecuente, en el país andino su aparición ha sido esporádica, casi siempre rodeada de conmoción social, cobertura intensa y preguntas incómodas sobre el sistema de justicia, la salud mental y las condiciones sociales que rodean estos crímenes.
El reciente caso de Andreína Lamota, una mujer condenada por el asesinato de su madre y vinculada a otro crimen previo, reabrió una discusión que parecía dormida: la existencia de homicidas con patrones repetitivos en el país y la dificultad para detectarlos a tiempo.
El nombre que inevitablemente aparece en cualquier recuento es el de Juan Fernando Hermosa. A inicios de la década de 1990, cuando Quito aún no dimensionaba la magnitud de lo que ocurría, Hermosa, un adolescente de apenas 15 años, asesinó a múltiples personas en una cadena de crímenes que generó pánico colectivo.
Sus víctimas incluían taxistas y conductores, y su forma de operar combinaba violencia directa con una frialdad que desconcertó incluso a investigadores experimentados. La prensa lo bautizó como el “Niño del Terror”, un apelativo que reflejaba tanto su edad como la crudeza de sus actos. Su caso marcó un antes y un después en la percepción de la violencia criminal en Ecuador.
Una década más tarde, otro nombre sacudiría no solo al país, sino también a Europa: Gilberto Chamba. Su historia expuso una grieta institucional difícil de ignorar. Tras haber sido condenado en Ecuador por el asesinato de varias mujeres, Chamba recuperó la libertad en medio de decisiones judiciales controvertidas. Migró a España, donde volvió a matar. Fue finalmente condenado a una larga pena de prisión.
Pero no todos los casos están tan documentados o han tenido la misma cobertura internacional. En registros policiales y estudios criminológicos aparecen nombres como William Cumbajín, Luis Taipe o Mario Bermello, asociados a homicidios múltiples con patrones que, aunque menos mediáticos, cumplen con los criterios de criminalidad serial.
En estos casos, las víctimas solían pertenecer a entornos vulnerables, lo que contribuyó a que los crímenes permanecieran más tiempo fuera del radar público.
También hay hechos que, aunque no corresponden a ciudadanos ecuatorianos, dejaron una huella profunda en el país. Uno de ellos es el de Daniel Camargo, quien en la década de 1980 confesó decenas de asesinatos de niñas y adolescentes en varios países, incluido Ecuador. Su presencia generó alarma regional y obligó a repensar la cooperación internacional en materia de investigación criminal. Durante meses, su nombre estuvo asociado al miedo en distintas ciudades, en una época donde los sistemas de información y coordinación eran limitados.
El caso más reciente, el de Andreína Lamota, introduce un elemento poco común en la historia criminal del país: el de una mujer con un posible patrón serial. Según las investigaciones, Lamota no solo fue responsable del asesinato de su madre -a quien mató, descuartizó y escondió en una lavadora–, sino que también estaría vinculada a la muerte de una amiga años antes.
Aunque cada uno de estos casos tiene particularidades propias, existen elementos comunes: la baja frecuencia del fenómeno en Ecuador no implica menor gravedad. Cada caso ha tenido un impacto desproporcionado en la opinión pública, precisamente por su carácter inusual. Además, varios de estos episodios evidencian debilidades institucionales, ya sea en la detección temprana, en el seguimiento de antecedentes o en la coordinación entre entidades.
Asimismo, la evolución de los perfiles sugiere que estos crímenes ya no responden únicamente a contextos de marginalidad extrema, sino también a dinámicas más complejas que incluyen planificación, ocultamiento y, en algunos casos, integración social aparente.
El interés que despiertan estos casos no es nuevo, pero sí revela algo más profundo: la inquietud social frente a formas de violencia que rompen con lo esperado. Un homicidio puede ser interpretado como un hecho aislado dentro de un contexto de inseguridad generalizada. Pero cuando se identifican patrones, cuando el crimen se repite con cierta lógica interna, la percepción cambia.
Aparece la idea de una amenaza persistente, difícil de anticipar, que desafía tanto a las instituciones como a la comprensión colectiva de la violencia.
